Es curioso cómo la derecha ha logrado apropiarse del marco de la constitucionalidad. Ellos son los constitucionalistas y los demás los que conspiran contra la Constitución. Es lo que hacen cuando hay manifestaciones y movilizaciones: los que exigen sanidad, educación, vivienda y trabajo son los “antisistema”; los que defraudan a Hacienda, cobran comisiones por conceder contratos a las empresas y financian su partido con dinero negro son los que defienden el sistema “democrático”, se entiende.
«Esa derecha que acusa de golpistas a los demás son los que intentan ilegitimar al gobierno lo que, por lógica, supondría derrocarlo, es decir, dar un golpe de Estado»
Tras el debate de investidura, el PP, a través de su portavoz, García Egea, le niega a Pedro Sánchez la «legitimidad» a su posible investidura. Igualmente Vox calificó la investidura de Pedro Sánchez de “fraudulenta” y “todo el proceso [para elegir al nuevo presidente del Gobierno de] absolutamente ilegítimo”. Según el partido ultraderechista, algunos de los diputados que apoyaron al candidato socialista no deberían poder votar, ya que «están ilegítimamente elegidos como diputados”. Pero es evidente que las elecciones, los nombramientos de diputados, la votación de investidura y la formación del nuevo gobierno ha cumplido todos los procedimientos democráticos, legales, formales y hasta Reales. Por tanto, quienes no los consideren legítimos son los que se están situando fuera de la ley y de la Constitución. O dicho de otro modo, los que se hacen llamar constitucionalistas son los que no están reconociendo los procedimientos constitucionales. Y esa derecha que acusa de golpistas a los demás [a los líderes independentistas] son los que intentan ilegitimar al gobierno lo que, por lógica, supondría derrocarlo, es decir, dar un golpe de Estado.
«Es curioso cómo la derecha ha logrado apropiarse del marco de la constitucionalidad. Ellos son los constitucionalistas y los demás los que conspiran contra la Constitución»
Frente a ellos están los que son acusados de ir contra la Constitución, y que son los que no dejan de repetir que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128 de la Constitución). Son los anticonstitucionalistas los que reclaman un sistema tributario progresivo (artículo 31) mientras los constitucionalistas han puesto en vigor beneficios fiscales para los más ricos; los anticonstitucionalistas reivindican el derecho al trabajo con una remuneración suficiente (artículo 35) mientras los constitucionalistas se indignaron por la subida del salario mínimo; los anticonstitucionalistas son los que reclaman una negociación colectiva con los empresarios (artículo 37) mientras los constitucionalistas cargan contra los sindicatos; los anticonstitucionalistas se movilizan por el derecho a la protección de la salud (artículo 43) mientras los constitucionalistas recortan el presupuesto en sanidad, los anticonstitucionalistas exigen un medio ambiente adecuado (artículo 45) mientras los constitucionalistas suspenden las medidas aprobadas contra la contaminación; los anticonstitucionalistas exigen una vivienda digna (artículo 47) mientras los constitucionalistas facilitan los desahucios de las familias; los anticonstitucionalistas se manifiestan por unas pensiones adecuadas (artículo 50), mientras los constitucionalistas proponen privatizarlas para que solo las tengan quienes las puedan pagar.
Es verdad que parte de la izquierda no está de acuerdo con muchas partes de la Constitución (monarquía, libertad de empresa en el marco de la economía de mercado…), pero lo que plantean es seguir trabajando para cambiarla por las vías establecidas, no violarla. En cambio, los constitucionalistas no apelan a cambios en la Constitución, directamente la vulneran en la medida en que niegan derechos consagrados. Y en algunas de su propuestas, como la de Vox de eliminar las autonomías sin plantearla como un cambio constitucional, están planteando -precisamente los que se denominan constitucionalistas- violar la Constitución.
Ahora Vox quiere ilegalizar a aquellos partidos que “se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978”. El pasado 20 de enero registró una propuesta para ilegalizar los partidos independentistas. Según dicen, se refieren a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017, lo que incluye a Esquerra (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), la CUP y EH Bildu; pero también al PNV y BNG si proponen la independencia. Pero la Constitución establece respecto a los partidos políticos que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley” (artículo 6), es decir basta con que respeten las leyes, no es necesario que incluyan en sus estatutos que la van a acatar, eso va incluido en el respeto a la ley. Y, por supuesto, pueden promover el cambio de las leyes, y de la Constitución como una ley más. Es absurdo hacer un partido político que no quiera cambiar ninguna legislación. Una ley que los legalizara será inconstitucional, es por tanto Vox quien se sitúa fuera de la Constitución por mucho que incluya acatamientos en sus estatutos.
Es el mundo al revés: los anticonstitucionalistas reivindicando los artículos de la Constitución y los constitucionalistas ignorándolos o violándola.
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