Sábado, 2 de mayo de 2026. Tradicionalmente se ha considerado que la protección arancelaria era una especie de seguro para mantener las producciones y poder, en consecuencia, garantizar los puestos de trabajo porque la misma supondría una especie de paraguas contra la competencia. Ese fue uno de los argumentos que empleó la patronal catalana, por ejemplo, durante todo el siglo XIX y parte del XX para que el Estado español impusiera fuerte aranceles a los productos textiles extranjeros. Cuando eso no se dio o los aranceles se consideraron no muy elevados, hubo protestas en las que, curiosamente, los patronos y los obreros fueron de la mano, como ocurrió en el caso paradigmático de la época de Espartero.
Pero la realidad económica siempre es compleja y a veces si se establecían altos aranceles a los productos extranjeros podían perjudicar a determinadas industrias. Vamos a ver un ejemplo en la provincia de Huelva.
Así pues, viajamos a Ayamonte al verano de 1914 porque la situación de la industria de salazones y pescados estaba padeciendo una fortísima crisis que, sobre todo, afectaba a los trabajadores. Unos cuatro mil obreros se encontraban sin trabajo porque se habían cerrado las fábricas.
¿Por qué?
Pues porque no tenían ni atún ni sardinas.
En consecuencia, una comisión de personalidades de Ayamonte visitó al gobernador civil para pedirle que solicitase al Gobierno que rebajase los aranceles que gravaban estos dos pescados fundamentales para la industria.
Si no se accedía a la petición, informaba El Socialista en su número del 14 de agosto de ese año de 1914, se avecinaba una “grave crisis proletaria”.
Eduardo Montagut, colaborador de La Mar de Onuba, es Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica. @montagut5
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