La cronología del instituto armado revela que la Junta activó la protección de la población tres horas después de los primeros desalojos en Almería.
Viernes, 24 de julio de 2026. La Junta de Andalucía activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19:37 horas del 9 de julio, tres horas después de que comenzaran los primeros desalojos por el incendio de Los Gallardos (Almería). Cuando se declaró formalmente esa fase —prevista precisamente para adoptar medidas especiales de protección de la población—, alrededor de 50 personas ya habían tenido que abandonar sus casas. Así consta en la cronología preliminar elaborada por la Guardia Civil a petición del Ministerio del Interior, según ha revelado El Correo de Andalucía. El propio documento advierte de su carácter «operativo y preliminar», pero el dato es demoledor: el nivel que ordena proteger a las personas llegó cuando las personas ya se estaban protegiendo solas.
La distinción no es un tecnicismo. El nivel 0 del Plan INFOCA se aplica a incendios que no amenazan a personas ni a bienes no forestales; la Situación Operativa 1 se activa cuando la evolución del fuego exige medidas especiales de protección civil. Esa fase se declaró cuando el incendio llevaba más de tres horas avanzando con desalojos ya en marcha. El resto de la secuencia es conocido: cuando quedó controlado, cuatro días después, el balance era el peor de la historia de Andalucía. Trece fallecidos —doce hallados en la zona quemada y una británica de 93 años muerta después en el hospital Torrecárdenas—, ocho heridos, más de 1.400 evacuados y unas 7.000 hectáreas arrasadas entre Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, cifra que la Junta rebajó posteriormente a 5.200 con datos del satélite Copernicus. Ningún incendio forestal había matado a tanta gente en esta comunidad. Conviene, antes de repartir culpas, mirar la serie histórica. Porque en materia de incendios, en Andalucía, nadie está en condiciones de dar lecciones.
Quince años de fuego: la serie no absuelve a nadie
Los datos oficiales dibujan un patrón que se repite con independencia de quién gobierne en San Telmo. En agosto de 2012, con José Antonio Griñán en la presidencia, el incendio de la Sierra de Málaga —Coín, Ojén, Marbella, Mijas, Monda y Alhaurín el Grande— quemó 8.225 hectáreas, obligó a evacuar a más de 6.500 personas y mató a dos residentes de origen alemán. En julio de 2015, ya con Susana Díaz, el fuego de Quesada (Jaén) devoró cerca de 10.000 hectáreas junto al parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas durante 25 días: el más grave de la provincia en un siglo. En junio de 2017, el incendio de Las Peñuelas (Moguer) penetró en el espacio natural de Doñana, calcinó unas 8.500 hectáreas y forzó el desalojo de 2.000 personas mientras las carreteras cortadas aislaban a 50.000 más en Matalascañas.
Con el PP en el Gobierno andaluz desde enero de 2019, el guión no cambió: Almonaster la Real (Huelva) ardió en agosto de 2020 con unas 15.000 hectáreas afectadas y más de 3.100 evacuados; Sierra Bermeja, en septiembre de 2021, quemó 8.401 hectáreas en siete municipios malagueños, obligó a desalojar a 2.670 personas, costó la vida al bombero forestal almeriense Carlos Martínez Haro y tardó 45 días en darse por extinguido. Y en 2026, con la campaña de alto riesgo apenas iniciada, Andalucía acumulaba a 16 de julio 14.587 hectáreas quemadas, casi el triple que las 5.189 del mismo periodo de 2025, con 372 incendios declarados y quince grandes fuegos de más de 500 hectáreas frente a los seis del año anterior.
La diferencia entre unas etapas y otras no está, por tanto, en el fuego. Está en los muertos. Y ahí Los Gallardos ha marcado un antes y un después.
La herencia socialista: el recorte silencioso
Sería un ejercicio de amnesia atribuir la fragilidad del dispositivo únicamente al actual Gobierno del PP-A, ahora con Vox. La plantilla del INFOCA se redujo un 44% desde 2008, en plena etapa socialista, y el propio presupuesto del plan cayó un 12% en los últimos años de gestión del PSOE. Cuando ardió Doñana en 2017, Susana Díaz despachó la emergencia asegurando que «no hay riesgo para la población» mientras 2.000 personas dormían fuera de sus casas. Los sindicatos de bomberos forestales denunciaban entonces lo mismo que denuncian hoy: retenes incompletos, vehículos inadecuados, equipos obsoletos. El PSOE que hoy exige una comisión de investigación por Los Gallardos es el mismo partido que adelgazó el operativo durante años y gestionó Quesada, Moguer y la Sierra de Málaga sin que nadie asumiera una sola responsabilidad política.
El modelo Moreno Bonilla: más dinero, menos manos
El PP ha invertido el discurso presupuestario, no el problema. El Plan INFOCA 2026 dispone de 271,6 millones de euros, un 5% más que en 2025 y un 60% más que en 2018, con 4.700 profesionales anunciados, 43 medios aéreos y 108 autobombas. Es, en efecto, la cifra más alta de la historia. Pero el dinero anunciado no se traduce en efectivos sobre el terreno. Cuando estalló Los Gallardos, los propios bomberos denunciaron que el dispositivo operaba «con un 75% del personal». La CGT, sindicato mayoritario, cifraba en más de 1.000 los puestos vacantes y describía retenes de especialistas saliendo con tres o cuatro componentes cuando el mínimo reglamentario son siete, y autobombas con un solo conductor en lugar de dos. UGT constató que, por primera vez, las tres brigadas de refuerzo BRICA iniciaron la campaña con vacantes: 20 en Sevilla, 14 en Málaga y nueve en Granada. Y el cuerpo de agentes de medio ambiente —los ojos que vigilan el monte y los que investigan las causas de cada fuego— pasó de 698 efectivos en septiembre de 2025 a 602 en junio de 2026: 130 jubilaciones y solo 78 incorporaciones, una merma del 14% justo al arranque del alto riesgo. La aritmética es simple: se puede presumir de presupuesto récord y, a la vez, tener menos gente apagando fuegos.
Los Gallardos: cronología de una respuesta tardía
Los hechos, en el orden que fija el documento de la Guardia Civil y los registros oficiales y que hoy revela El Correo de Andalucía, del Grupo Prensa Ibérica. El fuego se declara a las 16:35 del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, con temperaturas próximas a 40 grados, humedad mínima y rachas de viento de 50 km/h. Poco después comienzan los primeros desalojos en el entorno de Bédar, Almocáizar, Fuente del Albarico, La Serena y Los Pinos. A las 19:37, con medio centenar de vecinos ya fuera de sus casas, la Junta activa la Situación Operativa 1. La Situación Operativa 2 y la activación de la UME no llegan hasta las 22:37, cuando ya se habían producido cuatro fallecimientos. El sistema de alertas masivas Es-Alert no se activó en ningún momento: el consejero Antonio Sanz sostuvo ayer en el Parlamento que un aviso generalizado habría sido «contraproducente» por la orografía de Sierra Cabrera, aunque la Junta sí lo empleó semanas más tarde en el incendio de Cerro del Andévalo. El operativo desplegado llegó a sumar unos 500 efectivos: 200 del INFOCA, 200 de la UME y el resto del MITECO y de los bomberos del Levante almeriense. Es decir, el dispositivo autonómico aportó menos de la mitad de los medios en el peor incendio de su historia.
La respuesta política completó el cuadro. Moreno Bonilla afirmó que su Gobierno había puesto «toda la carne en el asador», para ello capitalizó la portavocía de la catástrofe en infinidad de conexiones en directo, a todas horas, por todos los canales de TV, delegó la comparecencia parlamentaria en Sanz y abandonó el hemiciclo al inicio del debate, dos semanas después de la tragedia. La pregunta del diputado socialista almeriense, el ex consejero del PSOE Rodrigo Sánchez Haro —¿qué tiene que ocurrir en Andalucía para que el presidente dé la cara en el Parlamento?— es legítima viniendo de quien viene, pero no por ello deja de ser pertinente.
¿Quién tiene culpa?
Quince años de datos permiten distinguir lo que es azar meteorológico de lo que es decisión política. El PSOE recortó el operativo sin decirlo y despachó sus grandes incendios sin asumir responsabilidades; el PP lo ha engordado sobre el papel mientras los retenes salen incompletos y los vigilantes del monte se jubilan sin relevo. La diferencia es que a Moreno Bonilla el modelo le ha estallado con 13 muertos, una alerta que llegó tarde según la propia Guardia Civil y una UME que se activó cuando ya había cadáveres. Los presupuestos récord no apagan incendios: los apagan las plantillas completas. ¿Quién tiene la culpa? En Andalucía, desde hace quince años, la respuesta es siempre la misma: el que gobierna cuando sopla el viento.
El bisturí y el negacionismo de Vox
Queda una última reflexión, y no es menor. Detrás de la virulencia de estos incendios —lo dicen los técnicos del INFOCA, los científicos del clima y hasta el sentido común de quien mide las temperaturas de cada verano— está el cambio climático: veranos más largos, vegetación más seca, olas de calor encadenadas que convierten cualquier conato en una bomba. Antonio Maíllo lo recordó en el debate parlamentario: la lucha contra los incendios exige asumir la realidad del calentamiento. El problema es que el socio de gobierno de Moreno Bonilla, Vox, que ostenta la vicepresidencia de la Junta, niega que esa realidad exista.
Y ahí se plantea la cuestión de fondo: ¿cómo va a emplear Moreno Bonilla el bisturí político para reformar la prevención de incendios sin chocar con el argumentario de la extrema derecha? Los pasos que debería dar son conocidos y ninguno admite demora. Primero, adelantar a mayo los llamamientos del personal de campaña y cubrir las vacantes que los sindicatos cifran por centenares, porque un dispositivo al 75% no se completa con notas de prensa. Segundo, reponer los agentes de medio ambiente jubilados, que son quienes vigilan el monte antes de que arda. Tercero, ejecutar el presupuesto de prevención —desbroces, cortafuegos, gestión de la masa forestal en invierno— en lugar de dejarlo dormir en los cajones. Cuarto, revisar los protocolos de alerta para que la Situación Operativa 1 no llegue tres horas después de los primeros desalojos, como acredita la Guardia Civil. Y quinto, integrar la adaptación climática en toda la planificación forestal andaluza, que es lo que recomienda Europa y lo que financian sus fondos.
Es en este último punto, precisamente, donde el pacto de gobierno hace agua. Vox sostiene que el cambio climático es un «dogma» y una «religión climática», rechaza la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo —marcos de los que dependen buena parte de los fondos de prevención y restauración forestal—, y reduce el debate a su consigna de que «los incendios se apagan en invierno», una frase que paradójicamente exigiría más gestión forestal pública, más cuadrillas y más presupuesto climático: todo lo que su propio discurso desmantela. Cada medida que Moreno Bonilla anuncie en clave de adaptación climática será leída por su vicepresidencia como una concesión al «fanatismo verde»; cada plan que evite esas palabras nacerá cojo, porque no se puede planificar contra un fenómeno cuyo nombre no se puede pronunciar en el Consejo de Gobierno.
Moreno Bonilla tendrá que elegir entre la aritmética del clima y la aritmética parlamentaria. Trece muertos después, seguir sin elegir también es una elección.
Pepe Fernández es periodista. Editor y director de Confidencial Andaluz
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