El PP convierte la FEMP y los ayuntamientos que gobierna en instrumentos de una campaña nacional «anti Sánchez» respaldada por Vox.
La derecha lleva a los Plenos municipales propuestas de “declaración institucional” a sabiendas de que no obtendrán la unanimidad necesaria para convertirse en pronunciamientos ciudadanos reales.
Lunes, 31 de agosto de 2026. Trece horas separan las concentraciones convocadas para el próximo miércoles, 2 de septiembre, de la comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia y del Grupo Popular, en el Congreso. A las ocho de la tarde, sin consenso y sirviéndose de su mayoría absoluta en los órganos de dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el PP habrá llevado a las puertas de ayuntamientos de toda España su protesta por la gestión de la crisis de Ceuta. A las nueve de la mañana del día siguiente, Pedro Sánchez comparecerá ante la Cámara Baja.
La proximidad de ambos actos concede a la convocatoria del miércoles una utilidad política evidente. Una participación amplia permitirá al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentarse en el Congreso esgrimiendo una “movilización nacional contra Sánchez” recién celebrada. Algún enfrentamiento o altercado, si llegara a producirse, le proporcionaría imágenes con las que describir «un país crispado por la actuación del Gobierno». La carga acumulada durante semanas alrededor de palabras como “invasión”, “ocupación”, “inseguridad” o “deportación” aumenta ese riesgo, especialmente después de que Vox y otros grupos de la extrema derecha ya hayan organizado su presencia en las concentraciones.
Llama la atención que ninguna de las propuestas de declaración institucional contemple una condena a los violentos ataques sufridos por las personas migrantes hacinadas en Ceuta por parte de grupos extremistas, o una mínima muestra solidaridad con quienes las sufrieron. O una mísera muestra de pésame por las personas que perdieron la vida en el Mediterráneo tratando de alcanzar una mejor que la que dejaban atrás
La FEMP aporta la cobertura institucional que el PP necesita para diluir su mano en la estrategia. Su presidenta, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, senadora por Cádiz y miembro del Comité Ejecutivo Autonómico del PP andaluz, fijó de forma unilateral y sin consenso el 2 de septiembre, las ocho de la tarde y las puertas de los consistorios como fecha, hora y lugar comunes para celebrar concentraciones de «apoyo a Ceuta» en toda España. Portavoces del PSOE, IU-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts han denunciado que la decisión se ha tomado sin debate ni acuerdo dentro de los órganos de la federación, y que la convocatoria no cuenta con su apoyo, sin que ello reste compromiso a estas fuerzas con Ceuta, su ciudadanía… y con los Derechos Humanos y las normas legales.
Siguiendo a la presidenta de la FEMP, los gobiernos municipales del PP (y algún extemporáneo del PSOE, como el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, que siente el aliento de Vox en la nuca de su localidad) han convocado a sus vecinos a través de sus páginas, comunicados y perfiles oficiales. El uso del escudo de cada ciudad concede al llamamiento una representación que las siglas del partido no poseen. Feijóo ha pedido la asistencia de la ciudadanía y Vox ha anunciado que acudirá con su exigencia de expulsar inmediatamente a los migrantes que permanecen en Ceuta. El origen político resulta público; la difusión corre a cargo de instituciones obligadas a representar también a quienes cuestionan esa campaña.
Crisis migratoria en Ceuta
Los hechos que sirven de fundamento merecen toda la atención que la operación partidista les resta. Cerca de 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El balance reconocido por las autoridades alcanza los 96 fallecidos, mientras organizaciones y ONG como Caminando Fronteras contabilizan hasta 141. Alrededor de 5.000 migrantes, muchos de ellos menores de edad, siguen en la ciudad un mes después. Ceuta tiene unos 84.000 habitantes y tuvo que afrontar en pocas horas un aumento de población imposible de absorber con sus recursos ordinarios.
El supuesto apoyo a Ceuta por parte de un partido cuyas comunidades se resisten a cumplir la Ley y dar acogida a menores migrantes allí hacinados, la crítica al Gobierno, las acusaciones contra Marruecos, la defensa de la soberanía y las posiciones sobre inmigración aparecen fundidos en un mismo y único gesto. La ciudadanía recibe una llamada de sus ayuntamientos y acaba situada dentro del marco político definido por PP y Vox.
La saturación de la acogida, la atención a los menores, la asistencia sanitaria y los problemas de orden público describen una emergencia aún abierta. También la describen las condiciones en las que viven muchas de las personas llegadas: asentamientos improvisados, falta de agua, escasa higiene y dificultades para acceder a una alimentación segura. La población ceutí lleva semanas reclamando soluciones, quienes permanecen sin alojamiento soportan la parte más dura.
El Gobierno de España tiene que responder por esa insuficiencia. La declaración de la «situación de interés para la seguridad nacional» llegó al BOE el 26 de agosto, casi cuatro semanas después de las entradas. Siguen pendientes miles de identificaciones, traslados, devoluciones y solicitudes de protección.
El PP ha optado por una acusación mucho más amplia: «abandono completo de Ceuta», «permisividad ante una invasión» y «cesión frente a Marruecos». Ese relato tropieza con la realidad de las actuaciones conocidas. Hubo despliegue policial y militar, retornos, traslados y peticiones de colaboración europea. El Real Decreto 705/2026 ha movilizado recursos de hasta doce ministerios para control fronterizo, identificación, asistencia, protección de menores, cooperación diplomática, readmisión y retornos. La tardanza y la eficacia de esas medidas son discutibles; su existencia impide describir una «ausencia absoluta del Estado». En 2014, el Estado, entonces bajo Gobierno del PP, respondió al intento de apenas 90 personas de entrar a nado en España por la playa de El Tarajal con botes de humo y balas de goma, provocando la muerte de quince de ellas.
Igual ocurre con la constante apelación a la “soberanía”. La españolidad de Ceuta no ha sufrido cambio alguno como consecuencia de las entradas. La crisis afecta a la frontera, la acogida, la seguridad, la sanidad, la relación con Marruecos y el cumplimiento de las leyes migratorias. Situarla en el terreno de la integridad territorial permite colocar cualquier discrepancia junto a una palabra especialmente difícil de discutir: España.
La inseguridad y las enfermedades reciben el mismo tratamiento. Los incidentes registrados requieren respuesta policial y judicial. Los casos de sarna, tuberculosis o gastroenteritis exigen recursos sanitarios. Generalizar los primeros sobre miles de personas carece de respaldo estadístico. Presentar los segundos al margen del hacinamiento, la falta de agua y la precariedad de los asentamientos convierte falsariamente las consecuencias de unas condiciones insalubres en atributos propios de la inmigración.
El supuesto apoyo a Ceuta por parte de un partido cuyas comunidades se resisten a cumplir la Ley y dar acogida a menores migrantes allí hacinados, la crítica al Gobierno, las acusaciones contra Marruecos, la defensa de la soberanía y las posiciones sobre inmigración aparecen fundidos en un mismo y único gesto. La ciudadanía recibe una llamada de sus ayuntamientos y acaba situada dentro del marco político definido por PP y Vox.
La secuencia continúa en los plenos municipales. El Partido Popular está presentando propuestas de declaración institucional con contenidos semejantes en distintos municipios. Las mociones registradas en los ayuntamientos, como la anunciada en Huelva comparten los mismos conceptos básicos: reafirmación de la españolidad de Ceuta, exigencia de medios estatales, identificación de los migrantes, retorno a Marruecos, refuerzo fronterizo y reconocimiento a las fuerzas de seguridad.
Sin acuerdo unánime del Pleno, el texto representa únicamente las propuestas del PP y sus aliados de la extrema derecha. No será, en ningún caso, la posición de la Ciudad de Huelva, ni “retratará” a nadie, como ha asegurado el Teniente de Alcaldesa onubense Felipe Arias. Las consignas que se escuchen en las puertas de los ayuntamientos sí lo harán
Llama la atención que ninguna de las propuestas de declaración institucional contemple una condena a los violentos ataques sufridos por las personas migrantes hacinadas en Ceuta por parte de grupos extremistas, o una mínima muestra solidaridad con quienes las sufrieron. O una mísera muestra de pésame por las personas que perdieron la vida en el Mediterráneo tratando de alcanzar una mejor que la que dejaban atrás.
En Huelva, como en la mayoría de los municipios de España, la propuesta de Declaración Institucional será rechazada el próximo jueves, coincidiendo con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, al carecer de la unanimidad que requiere. Sin acuerdo unánime del Pleno, el texto representa únicamente las propuestas del PP y sus aliados de la extrema derecha. No será, en ningún caso, la posición de la Ciudad de Huelva, ni “retratará” a nadie, como ha asegurado el Teniente de Alcaldesa onubense Felipe Arias. Las consignas que se escuchen en las puertas de los ayuntamientos sí lo harán.
Riesgo de incidentes
Y no hay que quitar el foco sobre el riesgo de incidentes durante las concentraciones. Añade una responsabilidad que la FEMP y los ayuntamientos populares deberían haber valorado. Se llama a la calle después de semanas de mensajes que describen una presunta “invasión”, atribuyen «inseguridad» a las personas migrantes y acusan al Gobierno de “abandonar territorio español”. Vox y sus organizaciones adláteres acudirán con un discurso aún más agresivo. Si alguna convocatoria deriva en insultos, consignas de carácter golpista o enfrentamientos, las consecuencias políticas llegarán al Congreso antes incluso de que se conozcan todas las circunstancias. Los mismos que las alienten culparán al Gobierno de que se hayan producido.
La gestión de Sánchez y el Gobierno debe someterse a una fiscalización rigurosa. Ceuta necesita seguridad, recursos, atención humanitaria y respuestas sobre lo ocurrido. Ninguna de esas exigencias concede al PP la representación exclusiva de la ciudad autónoma ni el derecho a utilizar la FEMP y los ayuntamientos como prolongación de sus desesperadas y estrambóticas estrategias parlamentarias.
Quienes acudan pacíficamente a la llamada del PP y Vox el día 2 merecen todo el respeto. Tanto como rechazo las convocatorias por su origen unilateral, su impostada difusión institucional y su inserción en la ofensiva popular que culminará trece horas después en el Congreso. Ceuta seguirá necesitando soluciones, y la oposición continuará teniendo derecho a exigirlas. Sin aceptar necesariamente el relato de la extrema derecha que fagocita el electorado del Partido Popular.
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