AMIA denuncia que la empresa Global Berries ha impuesto degradantes condiciones de alojamiento a las trabajadoras y las ha amenazado con «el retorno» si protestaban.

La asociación afirma que, tras un incidente en la vivienda, la empresa ha evitado cualquier mediación directa y ha remitido el conflicto al PRELSI, el mecanismo privado del lobby patronal Interfresa.

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Domingo, 11 de enero de 2026. La campaña de contratación en origen de temporeras marroquíes para la fresa ha vuelto a arrancar en Huelva como si nada hubiera cambiado. Mujeres que llegan con contratos ligados al retorno, alojadas en viviendas controladas por las empresas y con un margen mínimo para discutir lo que se les impone desde el primer día. En ese marco de dependencia, la vida cotidiana —dormir, cocinar, ducharse o guardar la ropa— deja de ser un ámbito propio y pasa a estar subordinada a decisiones empresariales.

La Orden GECCO que regula este sistema no se limita a fijar salarios o jornadas. Obliga a las empresas a proporcionar alojamientos con condiciones de habitabilidad e higiene adecuadas durante toda la vigencia del contrato y a garantizar que las personas contratadas dispongan de servicios básicos para sostener su vida diaria. La vivienda, la cocina, el acceso seguro a las camas o el agua caliente no son extras: forman parte de la relación laboral que la normativa impone a quien trae trabajadoras desde Marruecos.

En ese contexto se inscribe el primer «caso aislado» documentado de la campaña 2026 en una finca de Palos de la Frontera. La Asociación de Mujeres Migrantes en Acción (AMIA) ha hecho público que una temporera llegada el jueves pasado acudió a la entidad para pedir ayuda por las condiciones en las que estaba siendo alojada por la empresa Global Berries (de la que es trabajadora  Gecco con contrato fijo-discontinuo y antigüedad de, al menos, tres años). Según el texto difundido por la propia asociación, la mujer explicó que el empresario la obliga a dormir en la parte superior de una litera sin disponer de escalera u otro medio seguro para acceder. Por su peso, cercano a los 90 kilos, le resulta muy difícil subir y, ante su petición de cambio, recibió como respuesta que debía utilizar un sillón para alcanzar la cama o, si no aceptaba, regresar a su país.

Ese mismo relato recoge que la vivienda carecía de mantas pese al frío, que no había bombona de gas para cocinar y que tampoco disponían de agua caliente para ducharse. Al intentar preparar comida con un pequeño aparato eléctrico, este se estropeó tras un cortocircuito, dejándolas sin posibilidad de cocinar. La trabajadora trasladó a AMIA que, ante estas circunstancias, el empresario le indicó que esa era la situación y que debía acudir a trabajar mientras se resolvía.

Las imágenes de los alojamientos a las que ha tenido acceso esta redacción muestran espacios reducidos con literas sin mecanismos seguros de acceso, sillas dañadas, taburetes bajo las camas y zonas comunes con instalaciones de cocina deterioradas. Ese escenario coincide con lo que describen las trabajadoras y forma parte de la denuncia de falta de condiciones básicas en la vivienda asignada para la campaña.

AMIA sostiene que intentó mediar directamente con Global Berries. Según la asociación, su presidenta, Fatima Ezzohayry, llamó por teléfono al empresario y, al identificarse como representante de la entidad, la llamada fue colgada. Un segundo intento obtuvo la misma respuesta. La organización se presentó en la finca para hablar con responsables de la empresa, sin lograr una interlocución que permitiera abordar los problemas expuestos.

Horas después, Global Berries respondió por WhatsApp a AMIA con este mensaje: “Ante dicha situación, mañana mismo, el personal del Prelsi se pasará por la finca para dar solución el asunto de esta señora para que su estancia durante la campaña sea la mejor posible. Saludos”.

Es en ese punto donde la empresa sitúa su actuación: no en una corrección directa de las condiciones denunciadas, sino en la derivación del caso al PRELSI, el llamado Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad creado, financiado y  gestionado por el lobby patronal Interfresa, la interprofesional del sector de los frutos rojos. Ese plan no es un órgano público de inspección ni una instancia prevista en la Orden GECCO, es un dispositivo interno de la patronal al que las empresas remiten los conflictos con las temporeras.

La elección del PRELSI como vía de “solución” no es neutra. Organizaciones como Jornaleras de Huelva en Lucha han denunciado públicamente que ese plan opera como una herramienta de la patronal para encauzar las quejas fuera de los canales con capacidad sancionadora. El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha señalado que su funcionamiento reproduce dinámicas de impunidad frente a los abusos. En el ámbito político, el diputado Juan Manuel Gómez Jurado ha advertido de que tanto el PRELSI como el propio sistema GECCO excluyen a los sindicatos y desactivan la defensa colectiva de las trabajadoras. Este medio ha documentado además, en casos anteriores, intervenciones del PRELSI en las que responsables del plan reprenden o intimidan a trabajadores por hacer públicos sus testimonios, material que fue entregado a la Fiscalía Provincial de Huelva.

Tras la respuesta enviada a AMIA, La Mar de Onuba se ha dirigido a Antonio, responsable de Global Berries, informándole de que dispone de información, imágenes y vídeos sobre los hechos ocurridos en su finca y solicitando su versión para incorporarla a esta pieza. En ese mensaje se le ha recordado que el estado de los alojamientos y enseres descritos por las trabajadoras dista de lo exigido por el Anexo IX de la normativa que regula la contratación en origen, cuyo incumplimiento conlleva sanciones, incluida la posible exclusión del programa. A la hora de cerrar esta edición, la empresa no había respondido a esa solicitud.

Las trabajadoras añaden otro dato relevante. Llegaron a la finca el jueves por la noche y el sábado ya estaban trabajando en la recolección. Según lo que refieren, no les consta que se hubiera tramitado el alta en la Seguridad Social antes de iniciar la actividad.

El contraste entre lo que exige la normativa y lo que relatan las personas afectadas vuelve a aparecer, desde el primer fin de semana de la campaña 2026, con una combinación de vivienda bajo control empresarial, carencias en servicios básicos, amenazas ligadas al retorno y una respuesta que deriva el conflicto al aparato patronal. No es una cuestión de muebles o electrodomésticos, sino de cómo se ejerce el poder sobre mujeres que han sido traídas a trabajar bajo un régimen que convierte su vida diaria en parte del contrato.

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