
Una trabajadora del contingente GECCO 2025 relató en vídeo cómo un consultor del PRELSI llamado Omar habría facilitado que varias compañeras se “fugaran” del sistema durante el traslado a Huelva, devolviéndoles sus pasaportes a cambio de dinero. Ese vídeo —ya retirado— desató una reunión de represalia cuya grabación íntegra publicamos hoy.
La Mar de Onuba ha entregado la grabación íntegra a la Fiscalía de Huelva y ha solicitado medidas de protección para el trabajador, tras documentar cómo varios responsables del PRELSI lo intimidan y amenazan durante más de 40 minutos por haber difundido un testimonio que afecta al propio sistema GECCO.
La Mar de Onuba publica hoy la grabación íntegra de una reunión convocada por responsables del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social e Igualdad (PRELSI) de Interfresa. En ella, un trabajador agrícola marroquí afincado en España es reprendido, coaccionado y amenazado durante más de 25 minutos por haber compartido en redes sociales el testimonio de una trabajadora del contingente GECCO 2025. El audio, que esta revista ha entregado a la Fiscalía de Huelva, pone en evidencia el uso del protocolo PRELSI como mecanismo de presión contra quienes deciden hablar.
La publicación responde al criterio de hacer visibles los hechos cuando las instituciones no actúan. Lo que aquí se escucha no es un malentendido. Está grabado, tiene nombres, y forma parte de un patrón.
Jueves, 12 de junio de 2025. Kamal no forma parte de los contingentes GECCO ni trabaja con contrato en origen. Es un joven marroquí afincado en Huelva, sin vinculación con asociaciones ni colectivos organizados, que desde hace tiempo utiliza TikTok como canal de expresión y denuncia. Sus vídeos, grabados en dariya —la variedad del árabe que se habla en Marruecos—, suman miles de visualizaciones y están dirigidos principalmente a otros trabajadores y trabajadoras migrantes del campo andaluz.
En su canal, Kamal combina mensajes religiosos, reflexiones personales y contenidos funcionales. Habla de su día a día, alerta sobre abusos, traduce información básica y comparte testimonios que le hacen llegar otras personas, casi siempre sin mostrar sus rostros. Se presenta como alguien que no quiere representar a nadie, pero que dice lo que otros no se atreven a decir. Y eso, para el sector, parece ser motivo suficiente para intervenir.
Un vídeo borrado en Tik Tok
El vídeo que desencadenó la reunión grabada no está ya disponible en el canal de Kamal. Pero su contenido ha sido confirmado a esta redacción por fuentes conocedoras de su contenido. En él, una trabajadora marroquí del contingente GECCO 2025 habría relatado un episodio ocurrido durante el trayecto en autobús que trasladó a las recién llegadas desde el puerto de Tarifa hasta distintas fincas agrícolas de Huelva.
Según su testimonio, durante una parada intermedia, un consultor del PRELSI identificado como Omar facilitó que un grupo de tres o cuatro trabajadoras se apearan del vehículo para encontrarse con varias personas que las esperaban. En ese momento, y siempre según la narración de la trabajadora, Omar les devolvió los pasaportes —que habría recogido a su llegada a Tarifa— y recibió a cambio una cantidad de dinero no determinada. La escena, según afirmó, fue presenciada por todas las mujeres del grupo.
No hay constancia de que este episodio haya sido investigado ni por Interfresa ni por ninguna autoridad. Lo que sí está documentado es lo que ocurrió después: una reunión convocada con el objetivo de que Kamal dejara de hablar.
El joven tiktoker fue citado en una finca para mantener una reunión con varios responsables del PRELSI, entre ellos su director, Francisco Javier Hernández Pérez, y Youseff, el Coordinador del dispositivo de mediación laboral del lobby patronal. La conversación, registrada en una grabación de casi 30 minutos, muestra con claridad que el objetivo no era aclarar lo ocurrido, sino imponer silencio. Kamal comparece solo.
Kamal es reprendido, acusado, interrumpido y desautorizado. Se le anuncia la apertura de un “parte por falta grave” que implicaría tres días sin empleo ni sueldo, y se le advierte repetidamente de las consecuencias que puede tener seguir hablando en público. “Tú no eres un hombre”, le espetan. “Tú perjudicas a tu familia, a tu empresa, a todo el sector”. “¿Quieres traer a tu mujer o no?”.
El vídeo del autobús, del que nadie cuestiona su existencia durante la reunión, es tratado como una amenaza al equilibrio del sistema. En lugar de interesarse por lo relatado en él, los responsables del PRELSI se centran en deslegitimar al mensajero. Y lo hacen con insistencia. Al final, Kamal asiente, en voz baja, y se compromete a no volver a grabar. No hay arrepentimiento. Solo presión.
La Mar de Onuba traslada el audio a la Fiscalía y pide medidas de protección para el tiktoker jornalero
La grabación completa de la reunión ha sido entregada por La Mar de Onuba a la Fiscalía Provincial de Huelva. Junto a ella, esta revista ha solicitado la adopción de medidas de protección para Kamal, en aplicación de los mecanismos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para personas que puedan verse expuestas a represalias por colaborar en la investigación de posibles delitos.
Hasta la fecha, ni Interfresa ni el PRELSI han ofrecido explicación alguna sobre lo ocurrido. Tampoco se tiene constancia de que se haya abierto expediente alguno, ni por parte de las autoridades laborales, ni desde las instancias encargadas de supervisar el sistema GECCO. La grabación, en la que se identifica con claridad a los participantes y se explicitan las amenazas, ya circula sin existir una respuesta institucional.
Las autoridades y el sector insisten cada año en el compromiso de “mejorar el sistema”, “evitar las fugas” y “garantizar la legalidad”. El testimonio de la trabajadora que Kamal decidió compartir —y la reacción que provocó— revelan justo lo contrario. Si el episodio narrado es cierto, quien facilitó la salida de varias trabajadoras del sistema GECCO no fue una red externa ni un agente irregular, sino un consultor del propio PRELSI. Y si no lo es, no consta que nadie haya hecho nada por aclararlo.
Que un trabajador migrante —sin vinculación con estructuras formales, sin respaldo jurídico, sin protección— sea citado por varios responsables de un protocolo ético para ser intimidado y reprendido durante casi 30 minutos por haber dado voz a ese relato debería ser motivo suficiente para suspender de inmediato el funcionamiento de dicho protocolo. Lo que ocurrió en esa finca no tiene nada que ver con la mediación. Fue una advertencia. Una escenificación de poder. Un intento de castigo.
Y sin embargo, todo sigue como si no hubiera pasado nada.
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