El diputado de Podemos Juan Manuel Gómez Jurado denuncia que PRELSI y GECCO “excluyen a sindicatos y desactivan la reivindicación laboral”

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Viernes, 13 de junio de 2025. Podemos Huelva ha emitido este miércoles un comunicado que recoge las declaraciones del diputado andaluz Juan Manuel Gómez Jurado, tras la publicación del contenido sonoro en el que La Mar de Onuba ha documentado amenazas a un trabajador agrícola por parte de responsables del programa PRELSI, impulsado por Interfresa.

En respuesta directa a la pregunta abierta que esta revista ha lanzado a la sociedad andaluza en sus recientes reportajes sobre el sistema de contratación en origen, Podemos articula su posición política a través de siete afirmaciones contundentes:

1. 1. Tanto el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad (PRELSI) como el sistema GECCO de contratación en origen son, a juicio de Podemos, mecanismos diseñados por la patronal para desactivar las reivindicaciones laborales de la clase trabajadora migrante que sostiene la industria de los frutos rojos en Huelva.
   2. Estos sistemas funcionan —según sostiene el partido— con exclusión expresa de los sindicatos y de las propias personas trabajadoras, en beneficio exclusivo de los intereses empresariales.
   3. Podemos respalda la existencia de numerosas denuncias —difundidas por medios independientes como La Mar de Onuba y asociaciones como Amia o la Asociación Multicultural de Mazagón— que documentan amenazas y coacciones por parte de empresarios, amparados por la falta de control institucional y la ausencia de garantías para quienes intentan ejercer sus derechos.
   4. La formación recuerda haber promovido iniciativas parlamentarias —incluyendo Proposiciones No de Ley y preguntas en sede autonómica— en defensa de derechos fundamentales: laborales, habitacionales y de reconocimiento civil.
   5. Reivindica como prioridad la regularización de todas las personas trabajadoras migrantes, bajo el principio de que “ningún ser humano es ilegal”. Y llama a la Junta de Andalucía a sumarse a este objetivo.
   6. Subraya la urgencia de garantizar condiciones dignas de vivienda, denunciando que miles de trabajadoras y trabajadores se hacinan en asentamientos insalubres. Podemos exige que los empresarios asuman la obligación de proveer alternativas habitacionales adecuadas, al igual que ocurre en países como Francia con jornaleros procedentes de España.
   7. Y plantea una medida estructural: condicionar los proyectos empresariales de ampliación de cultivos a cláusulas sociales obligatorias, que detallen cómo se garantizarán los derechos de las personas contratadas —en especial en materia de regularización, vivienda y condiciones laborales.

La respuesta de Podemos se produce en un contexto de creciente visibilización de los abusos en el sector, entre ellos los documentados recientemente por esta revista en relación con el programa PRELSI, en el que se han identificado prácticas de intimidación, presión psicológica y sanción velada contra trabajadores que difunden contenidos críticos en redes sociales.