Las agresiones, el acoso y la exclusión siguen presentes en los centros de trabajo pese a un marco normativo que reconoce derechos, pero no garantiza su aplicación efectiva.
Sábado, 17 de mayo de 2025. El Día Internacional contra la LGTBIfobia se conmemora cada 17 de mayo desde que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades. En más de 130 países, esta jornada visibiliza la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género. En España, el foco sigue estando en ámbitos como la educación, la sanidad o los medios de comunicación. Pero también en los centros de trabajo, donde las personas LGTBI+ siguen expuestas a discriminación, acoso y aislamiento.
En lo que va de 2025, Cataluña ha registrado 125 agresiones por LGTBIfobia, según el Observatori Contra l’Homofòbia. En la provincia de Alicante, uno de cada cuatro delitos de odio investigados por las fuerzas de seguridad ha tenido como motivación la orientación sexual o identidad de género, según datos de la Subdelegación del Gobierno. A nivel estatal, el informe “Estado del Odio 2025”, elaborado por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, revela que el 20 % del colectivo ha sufrido acoso en el último año. Un 42,5 % declara haber sido víctima de situaciones de odio, y casi la mitad de quienes las sufren no denuncia.
En el ámbito laboral, esas cifras se traducen en entornos donde muchas personas siguen ocultando su orientación o identidad por miedo a represalias. La presión para adaptarse a un perfil normativo, el miedo a las consecuencias de visibilizarse, la tolerancia institucional al acoso y la falta de formación en diversidad en los equipos directivos siguen siendo factores comunes en muchas empresas.
España cuenta con un marco legal avanzado. El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a no ser discriminado por orientación sexual, identidad o expresión de género. La Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, y la Ley 4/2023, para la igualdad real de las personas trans y LGTBI, establecen garantías específicas en el empleo y sancionan el acoso y la discriminación por estos motivos. A este marco se suma el Real Decreto 1026/2024, en vigor desde octubre, que obliga a todas las empresas con más de cincuenta personas en plantilla a negociar e implantar un conjunto planificado de medidas LGTBI+.
Estas medidas deben incluir cláusulas de no discriminación en convenios colectivos o acuerdos de empresa, protocolos específicos frente al acoso, acciones formativas, medidas de conciliación que contemplen la diversidad familiar, y un régimen disciplinario que contemple las infracciones relacionadas con la orientación o identidad sexual. Su cumplimiento debe garantizarse mediante la negociación colectiva, con plazos y procedimientos definidos.
La guía técnica publicada por la Secretaría Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO interpreta el contenido del Real Decreto y establece criterios para su aplicación práctica. El documento está dirigido a la representación legal de las personas trabajadoras, a comités de empresa y a secciones sindicales, con el objetivo de que puedan impulsar las medidas previstas en los centros de trabajo.
Según el decreto, si no se alcanza un acuerdo en el plazo previsto o no existe representación legal, la empresa está obligada a aplicar directamente el contenido mínimo recogido en la norma. El texto contempla también el deber de confidencialidad durante el proceso y la garantía del respeto a la intimidad de las personas trabajadoras. La Inspección de Trabajo tiene la obligación de supervisar su cumplimiento.
Desde julio de 2023, el Gobierno mantiene activo el servicio telefónico 028 Arcoíris, una línea gratuita y anónima de atención a víctimas de LGTBIfobia. Está operativa las 24 horas, todos los días del año, y ofrece asesoramiento psicológico, jurídico y social. El servicio forma parte del Plan Estratégico de Igualdad de Trato y No Discriminación, aprobado en Consejo de Ministros en abril de 2023.
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