“Que se ayuden entre ellas y cuando tengan una sentencia, veremos”, la insólita respuesta de la Subdelegada del Gobierno en Huelva al conocer un caso de presuntas agresiones sexuales múltiples a temporeras marroquíes en una finca de frutos rojos

La denuncia se refería a violaciones que estarían ocurriendo en ese momento contra trabajadoras marroquíes contratadas en origen bajo la Orden Gecco.

“Solo una sentencia condenatoria” permitiría apartar a la empresa del sistema Gecco, trasladó la Subdelegada María José Rico, obviando las competencias de inspección y protección que sí tiene la Administración.

María José Rico en 2024: «Aquí hay un protocolo que se activa siempre que hay incluso una sospecha».

Viernes, 12 de septiembre de 2025. En una reunión oficial celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Huelva el pasado 2 de julio, la presidenta de la Asociación de Mujeres Migrantes en Acción (AMIA), Fátima Ez Zohayry, denunció ante la Subdelegada María José Rico (PSOE) que un encargado de una finca de frutos rojos situada en Moguer estaba violando a trabajadoras marroquíes adscritas al programa de contratación en origen Gecco en la cuadrilla que dirigía. No se trataba de un hecho aislado ni de rumores, sino de hechos que estaban sucediendo en esas fechas, según trasladaban en tiempo presente las propias víctimas a AMIA.

Ez Zohayry, según fuentes presenciales consultadas por La Mar de Onuba que participaron en el encuentro, relató que ese mismo hombre ya había sido denunciado el año anterior por otra temporera, que quedó embarazada tras las agresiones. A pesar de contar con parte médico y de acudir a la Guardia Civil, y como ha venido sucediendo recurrentemente en casos análogos documentados por esta revista desde 2018, el caso se resolvió en un juicio rápido que terminó en la absolución del presunto agresor sexual después de que el empresario compareciera con varias trabajadoras, en calidad de «testigos», para avalar al acusado. Un modus operandi que se repite en todos los casos. Trabajadoras de los propios contingentes declaran ante los juzgados que lo denunciado no puede ser cierto porque “el encargado es muy bueno” y porque a ellas no les han hecho nada malo. La Mar de Onuba dispone de varias sentencias que recogen detalladamente esos testimonios. Todas concluyen que, seguramente, tras las denuncias se esconden intereses espurios. Según AMIA y otros colectivos, aquella y otras resoluciones refuerzan la sensación de impunidad. Tanto, que en la campaña de 2025 el encargado de la empresa moguereña denunciada verbalmente por AMIA ante la Subdelegada el 2 de julio habría extendido sus abusos al resto de la cuadrilla.

El testimonio expuesto incluyó además las presiones ejercidas por el coordinador del Prelsi de Interfresa, Youssef El Yaddoune, quien habría interrogado a las trabajadoras para descubrir cuál o cuáles habían contactado con la asociación AMIA. El Yaddoune también envió mensajes intimidatorios a la propia presidenta AMIA, que obran en poder de esta redacción, para que dejara de “molestar a los empresarios”. En uno de los mensajes, el representante del lobby patronal Interfresa, añadía: “A ver si te apuntas a alguna clase de castellano. Le harías un gran favor al planeta”.

«Que se ayuden entre ellas»

La reacción de la Subdelegada del Gobierno al escuchar el relato de la presidenta de AMIA fue, sostienen las fuentes consultadas, tan insólita como reveladora. Rico instó a que las mujeres “se ayuden entre ellas” y presenten denuncias colectivas, añadiendo -advirtiendo- que sólo cuando existan sentencias condenatorias contra el acusado o contra la empresa ella podría actuar para apartarla de la Orden Gecco. “Pero si hay una sentencia absolutoria» [en referencia a la del año anterior], añadió la Subdelegada, «nosotros no podemos entrar«. En la práctica, la máxima representante del Gobierno en la provincia condicionó cualquier medida proactiva a un fallo judicial firme, dejando a las víctimas, mujeres marroquíes vulnerables del programa Gecco tutelado por el Estado, residentes en la propia finca en la que, presuntamente, suceden las violaciones y agresiones sexuales, en una situación de manifiesta indefensión.

El planteamiento de Rico, empero, choca frontalmente con el marco legal vigente, según fuentes jurídicas y sindicales consultadas por La Mar de Onuba. La Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual obliga a todas las administraciones a actuar de forma proactiva en casos de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son mujeres en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, el Convenio de Estambul, ratificado por España, establece que los Estados deben garantizar protección inmediata y efectiva incluso cuando las víctimas no denuncien. Y además, la Inspección de Trabajo tiene capacidad para abrir actuaciones de oficio ante indicios graves, mientras que la Subdelegación puede derivar directamente la información a la Fiscalía o coordinar intervenciones con Guardia Civil y la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer. No sería la primera vez. En 2018, una investigación exprés realizada de oficio a instancias de la entonces Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, la también socialista Rosa Aguilar, derivó por esa vía en una causa penal abierta por la Fiscalía de Huelva sin denuncia de las víctimas, aunque la sentencia de aquel caso también estableció, tras escuchar a otras trabajadoras propuestas como «testigos» por la empresa, que los hechos no podían acreditarse. En aquel caso, el juez impuso, por inciativa propia, una condena en costas a la organización no gubernamental que había ejercido, pro bono, la acusación particular en la causa iniciada por la Fiscalía. Un aviso para navegantes de corte judicial que aún espera respuesta a Recurso.

Esta vez, la posición expresada por la Subdelegada Rico, lejos de activar estas competencias, trasladó toda la carga a las propias víctimas y a las asociaciones, que ya habían advertido del miedo de las trabajadoras a perder su sustento o sufrir represalias familiares si daban el paso de denunciar. El resultado es que, ante denuncias de violaciones múltiples en curso en una finca agrícola, el Estado se muestra, por boca de su máxima representante en Huelva, incapaz de ofrecer proactvidiad en aras de garantizar una protección efectiva. Rico condicionó su posible actuación a un horizonte que se presenta prácticamente inalcanzable: la existencia de sentencias condenatorias firmes.

Finalizada la campaña de frutos rojos de este año, no consta que se haya abierto expediente indagatorio ni investigación alguna por parte de ninguna instancia dependiente de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Las trabajadoras presuntamente agredidas han regresado a Marruecos con el temor a que, la próxima temporada, el mismo capataz vuelva a dirigirlas con -presunta- idéntica impunidad. Necesitan volver para seguir en el programa Gecco. Y lo harán sabiendo que, frente a lo que ya han vivido, siguen inexplicablemente solas. La empresa en la que, presuntamente, suceden estos hechos es Naturfresa SL, radicada en Moguer (Huelva) y adscrita al programa Gecco de contratación en origen o migración circular.

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