Es, con abismal diferencia, el partido que más ha robado, el que más condenas acumula y espera, y el que mejor ha aprendido a desviar el foco. Mientras la justicia documenta sus delitos, el PP convierte cualquier sospecha ajena —con o sin pruebas— en “el mayor caso de corrupción de la historia”. Siempre. Aunque no lo sea. Aunque no exista.
Martes, 20 de mayo de 2025. El Partido Popular es, con diferencia, el partido más condenado por corrupción de la democracia española. Acumula más causas, más condenas firmes y más dirigentes sentenciados —algunos en firme, otros cumpliendo prisión— que ninguna otra formación. Y, sin embargo, ha conseguido que la corrupción sea el arma que golpea más a sus adversarios que a sus propias filas.
No es un fenómeno reciente. «El que pueda hacer que haga» de Aznar, ese hombre, es una estrategia sostenida, perfeccionada durante décadas, que combina agitación mediática, procedimientos judiciales de recorrido incierto y una doctrina no escrita pero muy eficaz: la sospecha es suficiente.
Desde Demetrio Madrid hasta el caso ERE, pasando por Filesa, Mercasevilla o RENFE, el PP ha sabido traducir la existencia de una instrucción judicial —incluso sin pruebas— en desgaste político inmediato para el adversario. En Castilla y León forzó la dimisión del presidente socialista antes de que se le abriera juicio. El Tribunal Supremo lo absolvió años después, pero ya era tarde: el PP gobernaba. En Andalucía, convirtió el caso ERE en una palanca de desgaste sistemático durante más de una década. Las condenas llegaron, sí. Pero también llegaron las anulaciones del Tribunal Constitucional, que hoy deshacen buena parte del relato judicial. El político, sin embargo, ya quedó fijado.
El siguiente paso fue más ambicioso: fabricar la sospecha desde dentro del Estado. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, altos mandos del Ministerio del Interior coordinaron una estructura parapolicial orientada a dañar a Podemos. No es una teoría ni una consigna de partido: está documentado judicialmente. Se redactaron informes falsos, se distribuyeron a medios afines, se buscaron fiscales y jueces dispuestos a abrir diligencias, y se utilizó a las instituciones para intoxicar el clima electoral. El objetivo no era probar nada. Era manchar.
Con el PP en la oposición, esa estructura se ha adaptado. No hay ya una “brigada patriótica” en Interior. Lo que hay ahora es una red informal de pseudomedios, organizaciones ultraderechistas y jueces voluntaristas que mantienen la misma lógica: acusar primero, probar después —o nunca—.
Ahí están los ejemplos. La causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se inicia con una denuncia de la asociación Hazte Oír a partir de recortes de prensa publicados por medios ultraconservadores sin ninguna verificación contrastada. El juez Juan Carlos Peinado admite la denuncia sin informe fiscal, sin denuncia de perjudicados y sin un solo indicio directo. En paralelo, un juzgado de Cáceres investiga a David Sánchez, hermano del presidente, a raíz de una denuncia de Manos Limpias, organización cuyo líder fue condenado por extorsión, y cuya actividad ha sido calificada por los tribunales como abusiva, temeraria y sin base.
En ambos casos, las pruebas no existen, los autos apenas sostienen la imputación y las entidades denunciantes carecen de legitimidad institucional. Pero el daño ya está hecho. Porque el objetivo no es judicial. Es político. No se busca justicia. Se busca relato.
Incluso cuando hay materia real a investigar, como en el llamado caso Koldo, el método no varía. La instrucción debe seguir su curso, y si hubo irregularidades, que se depuren. Pero el escándalo no se construye sobre los contratos, sino sobre titulares prefabricados. Se ha rebautizado el caso como caso Ábalos o incluso caso PSOE sin prueba directa, y la cobertura informativa ha girado en torno a “fiestas”, “señoritas” y “maletas·”, no a contratos públicos. La instrucción judicial va por un lado. El espectáculo, por otro. Y ese otro lo dirige el PP, amplificado por su red de comunicación y sus socios de pantalla regados de dinero público de las comunidades, ayuntamientos y empresas públicas que caen en sus manos. Red que no existiría sin ese dinero de todas y todos. Tuyo y mío.
Ese es el sistema. No importa la prueba. Importa el barro. No importa que haya condena. Importa que parezca que podría haberla. No se persigue un castigo. Se busca desgaste. Inhabilitación moral. Ruido. El PP no ha renunciado al uso instrumental de la Justicia. Solo ha cambiado de sede.
El PP es el partido más condenado y con más dirigentes condenados. Y, ojo, el que más condenas espera a fuer de confesiones ante los jueces de sus dirigientes procesados y sus corruptores. Pero es también el que más rentabiliza la corrupción como proyectil electoral. Alguna vez con razón. Cosas tenedes. La mayoría, sin ella. Y casi siempre, sin consecuencias. Excepto la equiparación del contrario con el PP, “ese partido del que usted me habla”.
Perico Echevarría es editor y director de lamardeonuba.es
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