Freshuelva, Asaja, UPA, Citricultores, Cooperativas Agro-alimentarias, Fresón de Palos y Huelva Riega promueven acuerdos plenarios en los municipios agrícolas para exigir al Gobierno la ampliación de contingentes GECCO.
Las patronales defienden el modelo de migración “circular y ordenada” mientras persisten denuncias sobre precariedad laboral y vulneración de derechos en las campañas agrícolas onubenses.
Viernes, 31 de octubre de 2025. Las principales organizaciones empresariales del sector agrícola de Huelva —Freshuelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva, la Asociación de Citricultores, Cooperativas Agro-alimentarias, Fresón de Palos y la asociación Huelva Riega— han impulsado de forma conjunta una moción institucional dirigida a los ayuntamientos de los municipios productores de frutos rojos y cítricos con el propósito de recabar su apoyo a la contratación en origen de mano de obra extranjera. El objetivo declarado es garantizar la estabilidad económica, social y laboral de las campañas agrícolas mediante el refuerzo del modelo de migración circular regulado a través del procedimiento GECCO del Gobierno de España.
La moción está siendo presentada en los plenos municipales de Moguer, Lepe, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Cartaya, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre, Villablanca y Almonte. En el texto, las organizaciones promotoras subrayan la “importancia estratégica” de la contratación en origen como “modelo que permite planificar las campañas con seguridad jurídica, garantizar derechos laborales y promover una migración circular y ordenada, basada en el retorno a los países de origen una vez finalizada la campaña”.
Según los impulsores de la iniciativa, este sistema —en funcionamiento desde hace más de 25 años en la provincia— “ha demostrado ser un instrumento eficaz, garantista y ejemplar a nivel europeo”, que “evita la irregularidad y sostiene la actividad agrícola” en una provincia que genera, aseguran, más de 100.000 empleos directos y 60.000 indirectos por campaña. Las entidades añaden que el modelo contribuye a mantener los servicios públicos locales, fijar población en el territorio y proyectar la marca Huelva en los mercados internacionales.
El texto responde también a la preocupación del sector por el déficit de mano de obra detectado en las últimas campañas, que —afirman— amenaza la viabilidad de muchas explotaciones familiares. Según sus datos, la cifra de personas trabajadoras autorizadas para la campaña 2025–2026 sería insuficiente en relación con las necesidades comunicadas por las empresas, especialmente en los nuevos países de origen latinoamericanos donde se han impulsado experiencias piloto de contratación y retorno.
Las organizaciones instan a los ayuntamientos a mostrar su respaldo al procedimiento GECCO y a reclamar al Gobierno de España una ampliación de los contingentes de contratación en origen, con especial atención a los países latinoamericanos. También proponen implicar a las corporaciones locales en la coordinación logística y social de las campañas mediante la creación de oficinas municipales de campaña, mesas locales de seguimiento, refuerzo de servicios públicos y programas de mediación intercultural.
Los promotores subrayan que la contratación en origen “no compite con la mano de obra local”, puesto que el procedimiento contempla una oferta nacional previa y solo se recurre a trabajadores extranjeros cuando no se cubren las plazas. Con ello, sostienen, se garantiza la legalidad, la igualdad de derechos y el cumplimiento de los convenios laborales, además de fomentar la convivencia y la responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y personas trabajadoras.
Visión parcial de las patronales
Este discurso empresarial se apoya en una visión parcial del modelo. Tras más de dos décadas de aplicación, la contratación en origen —y en particular el sistema GECCO— acumula un amplio historial de controversias que ponen en cuestión su carácter “garantista” y “ejemplar”. Las investigaciones y denuncias documentadas en la última década por organizaciones sociales, sindicatos y medios independientes han revelado condiciones de alojamiento indignas, irregularidades en la intermediación laboral y deficiencias en la supervisión de las administraciones competentes. En paralelo, los asentamientos chabolistas donde residen miles de temporeros, muchos de ellos con contratos en origen vigentes, continúan siendo una realidad estructural de la provincia.
El argumento del “déficit de mano de obra” es reiterado campaña tras campaña, sin que el sector reconozca las causas que explican la desafección del empleo local: la temporalidad extrema, los bajos salarios, la ausencia de transporte digno y las condiciones de vida en los entornos agrícolas. Frente a ello, la solución vuelve a plantearse como una ampliación de los contingentes de contratación en terceros países, sin un debate real sobre la sostenibilidad social del modelo.
Con esta moción, el sector de los frutos rojos y cítricos busca blindar políticamente el sistema GECCO en los ayuntamientos donde opera, trasladando a las instituciones locales la defensa de una política migratoria de alcance estatal. El texto refuerza la posición de las patronales ante el Gobierno central y contribuye a legitimar, en términos institucionales, un modelo de gestión laboral que sigue generando controversia tanto en el ámbito nacional como europeo.
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