El escándalo por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama destapa un caos sanitario que el Gobierno andaluz trató de contener sin éxito durante más de un año
La dimisión de Rocío Hernández, aceptada ayer por el presidente andaluz, evidencia el alcance político de la crisis que ha golpeado al SAS y a toda la gestión sanitaria del Ejecutivo del PP
Jueves, 9 de octubre de 2025. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, ha aceptado este martes la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, acorralada por el escándalo de los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama. La salida de Hernández se produce después de que el propio Gobierno andaluz reconociera que al menos dos mil mujeres no fueron informadas de que sus mamografías habían arrojado resultados dudosos, en algunos casos desde hacía más de un año.
El caso se conoció hace apenas unas semanas, cuando comenzaron a trascender los primeros testimonios de mujeres que, tras acudir a revisiones por su cuenta, descubrieron que existían informes médicos pendientes de comunicación. Desde entonces, el Servicio Andaluz de Salud ha admitido errores en la transmisión de los resultados y ha puesto en marcha un plan de choque para citar antes del 30 de noviembre a todas las afectadas.
La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, detalló este martes el contenido de ese plan: refuerzo de personal, ampliación de jornadas y una inversión de doce millones de euros para resolver el colapso generado por la falta de radiólogos y la deficiente gestión de los circuitos de comunicación interna. La rueda de prensa se celebró sin la presencia de la consejera de Salud, cuya ausencia resultó entonces llamativa. Horas más tarde, Moreno Bonilla comunicó que había aceptado su dimisión y agradeció su “honestidad” y su “dedicación a la sanidad pública”.
El presidente andaluz aseguró que “no hay excusa” para lo ocurrido y anunció una “renovación profunda” en el sistema sanitario, con auditorías internas y cambios estructurales “en todo lo que no funcione”. Las palabras de Moreno contrastan con la posición mantenida por su Gobierno en los meses previos, cuando las denuncias de pacientes y asociaciones fueron minimizadas o atribuidas a “casos puntuales”.
El origen de la crisis se remonta a comienzos de 2024, cuando las primeras afectadas advirtieron retrasos injustificados en las pruebas complementarias y la falta de comunicación sobre resultados no concluyentes. Durante más de un año, la Consejería de Salud no reconoció el alcance del problema, pese a que las incidencias se acumulaban en distintos hospitales del SAS. La situación terminó por estallar a finales de septiembre, tras revelarse que unas dos mil mujeres estaban pendientes de notificación y seguimiento clínico.
La dimisión de Rocío Hernández no cierra la crisis. La oposición ha reclamado una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para depurar responsabilidades políticas y técnicas, y varias asociaciones de pacientes han anunciado que acudirán a la vía judicial. Desde los sindicatos médicos se advierte que el problema no se limita a un error de gestión y refleja el deterioro estructural de la sanidad pública andaluza tras años de recortes, precariedad y externalizaciones.
Con las elecciones autonómicas previstas para 2026, el escándalo sanitario ha golpeado de lleno la imagen de solvencia que el PP andaluz intentaba proyectar. El relevo en la Consejería de Salud será, a partir de ahora, una prueba inmediata de si Moreno Bonilla está dispuesto a corregir el rumbo o, simplemente, a ganar tiempo.
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