El dictamen del Instituto Nacional de Toxicología alerta de más de 60 focos activos de contaminación, vertidos con metales pesados y radiactividad, y riesgos acumulados para la salud y el ecosistema.
Mónica Rossi reclama que se actúe con rigor ante las nuevas evidencias científicas y denuncia que ni la alcaldesa Pilar Miranda ni el Gobierno de Moreno Bonilla han movido un solo dedo.
Fertiberia defiende la legalidad del proyecto Restore 20/30 y asegura que “toda la documentación en la que se basa el informe ya ha sido analizada por los organismos que autorizaron la ejecución del Proyecto”
Martes, 22 de julio de 2025. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha emitido un dictamen demoledor contra el proyecto “Restore 20/30” de Fertiberia, que pretende clausurar las balsas de fosfoyesos situadas sobre las marismas del río Tinto. El informe, solicitado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuestiona tanto la viabilidad técnica como la eficacia medioambiental del plan, al que califica de “insuficiente e ineficaz” y al que acusa de no impedir la liberación continuada de sustancias contaminantes hacia el entorno natural.
Según adelanta este martes Radio Huelva de la Cadena SER, el Ministerio Fiscal ha solicitado formalmente la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto aprobada en 2020, proponiendo medidas concretas como la retirada parcial de residuos en la zona 2 para reducir el peso acumulado y frenar el hundimiento progresivo de los depósitos. En esta zona, los colapsos estructurales ya habían sido advertidos por el comité de expertos de la Universidad de Huelva, cuyas conclusiones son ahora validadas por primera vez en un procedimiento jurídico reglado.
El informe toxicológico, fechado el 4 de diciembre de 2024, examina veintitrés estudios técnicos —incluidos algunos elaborados por consultoras contratadas por la propia empresa, como EPTISA— y describe un escenario de contaminación grave y persistente, con más de 60 puntos de fuga activos en el perímetro de las balsas. Los vertidos afectan a los canales mareales, al Estero del Rincón, al río Tinto y a la masa de agua subterránea de Niebla, conectada con el acuífero de Doñana y fuente de abastecimiento de localidades del Condado.
Entre las concentraciones analizadas, se registran cifras alarmantes: 23.200 microgramos por litro de arsénico, 8.900 de cadmio, 5.890 de cobre o 21.600 miligramos por litro de ortofosfatos. Todos estos valores superan entre 100 y 1.000 veces los límites establecidos por las normativas europeas y españolas. También se han detectado niveles significativos de radioactividad beta y concentraciones de antimonio en aguas superficiales. La eutrofización derivada del exceso de nutrientes agrava aún más la degradación ecológica de las marismas.
El dictamen describe una amenaza múltiple: afectación a ecosistemas protegidos (como las Marismas del Odiel y el Estuario del Tinto), contaminación atmosférica derivada de la evaporación de lixiviados ácidos, bioacumulación de metales en la fauna, riesgo radiológico por la presencia de fosfoyesos negros altamente radiactivos, y un peligro potencial para la salud humana por exposición inhalada o indirecta a través del consumo de productos marinos contaminados. Todo ello a menos de 300 metros del núcleo urbano de Huelva.
La restauración parcial alcanzada en las zonas 1 y 4 no se ha replicado en las zonas 2 y 3, que permanecen descubiertas y vulnerables a la intemperie. El dictamen recalca que la solución propuesta por Fertiberia no representa una descontaminación real, sino un aislamiento incompleto. Denuncia, además, la ausencia de una caracterización suficiente del subsuelo, de los flujos hidrogeológicos y de los efectos derivados del cambio climático o posibles movimientos sísmicos.
Frente a esta contundente valoración, Fertiberia ha reaccionado asegurando que toda la documentación citada ya fue evaluada durante el procedimiento de autorización y que no ha variado ninguna de las circunstancias que motivaron la aprobación del proyecto. La empresa defiende que su plan se ejecuta conforme al marco legal y bajo supervisión administrativa constante, insistiendo en que su solidez técnica ya fue reconocida por los tribunales en la desestimación del incidente de ejecución promovido por la Mesa de la Ría.
Desde el plano político, la portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha celebrado la posición de la Fiscalía y la contundencia del dictamen. “Es un paso en la dirección correcta que viene a reforzar lo que llevamos años denunciando: enterrar los residuos no soluciona el problema, lo perpetúa”, ha señalado. Rossi ha recordado que su grupo ha llevado esta denuncia al Congreso, al Parlamento Andaluz y al propio Ayuntamiento, sin que hasta la fecha el Gobierno de Moreno Bonilla ni la alcaldesa Pilar Miranda hayan tomado medidas.
La edil ha anunciado una nueva batería de iniciativas para que “esto no pase desapercibido” y ha exigido que se restablezca el papel del comité de expertos, apartado del proceso por decisiones políticas. “Esperamos que ahora, con los informes oficiales en la mano, se exijan todas las garantías necesarias y se ponga por delante la salud de los onubenses y la restauración ambiental real de la marisma, porque nuestras vidas importan más que sus negocios”, ha concluido.
Fertiberia defiende la legalidad del proyecto Restore 20/30 y asegura que “toda la documentación en la que se basa el informe ya ha sido analizada por los organismos que autorizaron la ejecución del Proyecto”. La compañía considera que “no se ha producido ninguna variación en las circunstancias existentes en el momento en que se inició la ejecución del Proyecto Restore 20/30, hace ya más de un año”. Además, afirma que el proyecto “continúa desarrollándose con pleno respeto a las resoluciones administrativas y judiciales que, tras un exhaustivo proceso de análisis y supervisión durante más de 15 años, autorizaron su puesta en marcha”.
La empresa también recuerda que “la solidez técnica del proyecto fue determinante para la desestimación del incidente de ejecución de sentencia promovido por la Mesa de la Ría, en el que ya se solicitaba, entre otras cuestiones, la modificación de la Declaración Ambiental Integrada”. Asimismo, añade que el plan está “sometido a rigurosas medidas de vigilancia y control, así como a una supervisión constante por parte de las autoridades competentes”. En este marco, concluye que “continúa ejecutando el proyecto con total normalidad y en estricto cumplimiento del marco legal y ambiental vigente, conforme a la planificación establecida”.
Sea el primero en desahogarse, comentando