El texto denuncia una campaña de deslegitimación institucional impulsada desde sectores políticos, judiciales, mediáticos y eclesiásticos, y reclama medidas contra la corrupción y en defensa de los derechos sociales.
Lunes. 21 de julio de 2025. Más de un centenar de personalidades del ámbito político, académico, judicial y social han suscrito un manifiesto que denuncia una ofensiva “desde todos los frentes conservadores y reaccionarios” con el objetivo de “derribar” al actual Gobierno de coalición progresista. El documento, titulado Por avances en derechos sociales y políticos. Contra los intentos de involución, defiende la legitimidad democrática del Ejecutivo y rechaza los intentos de acortar la legislatura por medios que califica de “inconstitucionales”.
En su primer apartado, el manifiesto describe una escalada de deslegitimación del Gobierno desde el inicio de la legislatura, con acusaciones que, según los firmantes, han traspasado los límites de la crítica política democrática para situarse en el terreno de la “conspiración”. Se mencionan expresiones como “gobierno criminal”, “capo de la mafia” o “gobierno de corruptos”, utilizadas en sede parlamentaria, que a juicio de quienes firman el texto solo pueden “generar odio en la sociedad” y alimentar la violencia. También denuncian ataques a personas migrantes y actos vandálicos contra sedes de partidos de izquierda, que comparan con “agresiones fascistas de épocas pasadas”.
El texto advierte de que esta ofensiva no se limita al discurso político, sino que implica a “todos los sectores de poder, institucional o no, que existen en el ámbito conservador”. Cita como ejemplos el uso del Senado como “ariete” frente al Congreso, la utilización partidista de las comisiones de investigación, movilizaciones de sectores del poder judicial “fuera de la legalidad”, investigaciones judiciales “con endebles bases probatorias” y la deslegitimación del Tribunal Constitucional cuando sus decisiones no son del agrado de la oposición. Igualmente, el manifiesto denuncia la “orgía de falsas noticias o medias verdades” en una parte de los medios y redes sociales, con el objetivo de “crear un clima político irrespirable”.
Los firmantes también reprochan la intervención política de “un sector de la jerarquía de la Iglesia”, a la que acusan de violar su deber de neutralidad, citando en concreto al presidente de la Conferencia Episcopal, quien habría pedido la convocatoria de elecciones generales. El manifiesto sitúa esta actitud en el contexto internacional de una doble crisis bélica —en Ucrania y Oriente Medio—, y critica además la falta de apoyo de la derecha a la posición del Gobierno frente a las presiones del presidente de Estados Unidos, que ha amenazado con represalias comerciales tras la negativa española a aumentar su gasto militar.
En otro de sus bloques, el documento lamenta que se silencien o deformen sistemáticamente los datos sobre la evolución económica y social del país. Subraya que España es “el país que más crece de la UE”, con cifras históricas de empleo y una mejora significativa en indicadores como el salario mínimo, las pensiones o la temporalidad laboral. A ello suma la estabilización del conflicto catalán gracias a medidas de gracia “plenamente justificadas” desde el punto de vista constitucional.
El manifiesto remite expresamente a la Constitución de 1978 para recordar que el presidente del Gobierno fue investido por un periodo de cuatro años y que, salvo moción de censura o disolución anticipada por decisión del propio Ejecutivo, tiene la legitimidad constitucional para continuar. Cualquier intento de acortar la legislatura por otras vías sería, en palabras del texto, “un golpe inconstitucional”. En ese sentido, advierte que quienes reclaman elecciones anticipadas, sean “de derechas o de izquierdas”, persiguen en última instancia la llegada al poder de un Gobierno PP/Vox.
Los firmantes reconocen que las actuaciones presuntamente delictivas atribuidas a antiguos dirigentes del PSOE son “graves” y reflejan errores en los mecanismos de selección y control interno del partido. No obstante, rechazan que un Gobierno democrático pueda ser derribado “por un informe de la Guardia Civil” antes de que se haya celebrado un juicio con todas las garantías que acredite responsabilidades directas.
El manifiesto concluye con una declaración de apoyo a la continuidad de la legislatura y al Gobierno de coalición progresista, reclamando un programa actualizado con “medidas contundentes y concretas contra la corrupción”, así como nuevos avances en derechos sociales y civiles que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
El documento ha sido suscrito por más de un centenar de figuras destacadas de la vida política, académica, sindical y cultural del país. Entre ellas, según puede leerse en el propio texto, figura también el nombre del jurista y exministro Javier Moscoso del Prado, fallecido el pasado 17 de julio. Su familia ha solicitado expresamente que se mantenga su firma, tras haber confirmado por escrito su adhesión al manifiesto antes de su fallecimiento.
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