Ecologistas en Acción advierte de que la LEGAM sustituye funciones de inspección de la Administración por entidades privadas y debilita el régimen sancionador
La norma abandona el enfoque integral de la GICA de 2007, deja fuera el agua y limita la participación pública a un modelo sin herramientas efectivas
Miércoles, 25 de marzo de 2026. La recién publicada Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) redefine el modelo de control ambiental en la comunidad autónoma introduciendo cambios que, según Ecologistas en Acción, suponen una reducción de las garantías públicas en la prevención, vigilancia y sanción de los impactos sobre el medio ambiente.
Uno de los elementos centrales señalados por la organización es la sustitución de funciones tradicionalmente reservadas a la Administración por entidades colaboradoras privadas. La nueva norma permite que estas entidades asuman tareas de verificación, control, vigilancia y apoyo a la inspección ambiental, un cambio que, según la valoración trasladada, desplaza a los funcionarios públicos de estas competencias y abre un proceso de externalización de un servicio público esencial.
En paralelo, la ley introduce mecanismos que alteran el sistema sancionador. La denominada “prestación ambiental sustitutoria” permite reemplazar sanciones económicas por actuaciones de restauración, educación ambiental o mejora, lo que, según la organización, facilita que las infracciones puedan resultar menos gravosas para quienes las cometen y reduce el efecto disuasorio de las sanciones.
El nuevo marco normativo se presenta como una simplificación administrativa, pero Ecologistas en Acción advierte de que esta simplificación puede traducirse en una reducción de controles. La creación de nuevas Autorizaciones Ambientales Unificadas Simplificadas y el incremento de actividades gestionadas por los ayuntamientos mediante declaraciones responsables sustituyen procedimientos previos de calificación ambiental, lo que, según el análisis trasladado, puede limitar las garantías ambientales.
La ley también modifica el alcance de la participación pública. Según el contenido de la norma, no se establecen mecanismos previos de publicidad ni de apertura de procesos participativos sobre planes, programas o proyectos sometidos a evaluación ambiental. La participación queda vinculada a la inscripción voluntaria en un registro, un sistema que, según Ecologistas en Acción, convierte la participación “real y efectiva” en un procedimiento sin instrumentos que la hagan operativa.
Otro de los aspectos señalados es la pérdida del enfoque integral que caracterizaba a la anterior Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) de 2007. La nueva normativa deja fuera ámbitos como los recursos hídricos, la ordenación territorial y la economía azul, lo que, según la organización, rompe la integración de todos los planes y proyectos en una perspectiva global de calidad ambiental.
En ese mismo sentido, Ecologistas en Acción indica que la ley no incorpora la gestión de los impactos sobre el agua dentro de las autorizaciones ambientales unificadas, limitando el análisis a suelo y atmósfera. También señala que la ecoinnovación se plantea como un objetivo sin carácter obligatorio y que las mejores técnicas disponibles no se establecen como exigencia, sino como una recomendación a “procurar favorecer”.
La regulación de la contaminación acústica y lumínica se limita, según el análisis trasladado, a su medición y a la elaboración de planes de acción sin fijar límites concretos, objetivos definidos ni mecanismos efectivos de control.
Por último, la organización apunta que el nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente queda reducido a funciones de propuesta y asesoramiento sin capacidad de intervención previa en el diseño de las políticas públicas, lo que limita su papel a actuaciones posteriores.
La LEGAM sustituye así el marco establecido desde 2007 por la GICA con un modelo que, según Ecologistas en Acción, reduce el alcance de la intervención pública, traslada funciones a entidades privadas y modifica los instrumentos de control y sanción ambiental en Andalucía.
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