La Junta de Andalucía ignora a los autónomos extranjeros, pilares del emprendimiento sin apoyo institucional

UPTA denuncia la falta de políticas de apoyo al trabajo autónomo extranjero en Andalucía, a pesar de su creciente relevancia en el tejido empresarial de la región.

Andalucía necesitará entre 30.000 y 40.000 nuevos autónomos extranjeros en los próximos cinco años en sectores clave.

Miércoles, 16 de octubre de 2024. En los últimos cinco años, el trabajo autónomo en Andalucía ha experimentado un cambio sustancial, impulsado por el crecimiento de la afiliación de personas extranjeras al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según los datos más recientes proporcionados por UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), la cifra de trabajadores autónomos extranjeros ha aumentado un 36 %, mientras que el número de extracomunitarios afiliados ha crecido un 74 %. Actualmente, 64.993 personas extranjeras están registradas como autónomas en la región, lo que representa el 11 % del total de afiliados en Andalucía. Sin embargo, a pesar de su evidente contribución al tejido empresarial, la Junta de Andalucía ha hecho poco por apoyar este pilar fundamental del emprendimiento.

Málaga se destaca como la provincia con mayor número de autónomos extranjeros, con 33.200 trabajadores, un incremento del 40 % desde 2019. Le siguen Almería, con 7.920 autónomos (un aumento del 35 %), y Sevilla, con 6.799 (26 %). Estas cifras reflejan el creciente peso de los emprendedores extranjeros en una región que depende en gran medida de sectores como la agricultura, el turismo y el comercio, donde la mano de obra inmigrante es fundamental para mantener el dinamismo económico. A pesar de este escenario, la UPTA denuncia que la Junta de Andalucía ha dado la espalda a estos emprendedores.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, destaca en la nota: «Los autónomos extranjeros son el pilar fundamental del crecimiento de afiliación al RETA en Andalucía. El Gobierno autonómico hace dejación de funciones, puesto que es responsabilidad de las comunidades autónomas el desarrollo de acciones de orientación y asesoramiento al colectivo inmigrante.»

Sin apoyo institucional

UPTA subraya que, aunque ha intentado impulsar proyectos de ayuda y asesoramiento para el emprendimiento inmigrante, la respuesta de la Junta ha sido negativa. «La negativa a destinar un presupuesto mínimo para facilitar un emprendimiento de calidad de las personas extranjeras refleja una desconexión con la realidad de la región», añade Abad. Esta falta de apoyo institucional no solo perjudica a los trabajadores inmigrantes, sino que también tiene un impacto negativo en la economía andaluza en su conjunto, especialmente en aquellos sectores donde la falta de relevo generacional es más evidente, como los negocios tradicionales.

La unión de autónomos también denuncia que la negativa del gobierno de Juan Moreno a apoyar a los autónomos extranjeros está influenciada por el auge de discursos populistas que retratan a los inmigrantes como una amenaza para el empleo local. Esta narrativa ha contribuido a una inacción por parte de la Junta, ignorando que muchos de estos emprendedores llenan vacíos en sectores que de otro modo estarían en declive, generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico regional.

UPTA estima que en los próximos cinco años, Andalucía necesitará entre 30.000 y 40.000 nuevos autónomos extranjeros para cubrir las necesidades de sectores clave que están perdiendo trabajadores locales. A pesar de esta previsión, la falta de políticas de apoyo amenaza con impedir el desarrollo de nuevos proyectos y negocios. Sin medidas claras y efectivas, Andalucía corre el riesgo de desaprovechar el potencial de miles de emprendedores que podrían seguir dinamizando la economía regional.

Eduardo Abad concluye en su comunicado: «Nos indigna que, después de numerosos intentos, no hayamos podido mantener una reunión de trabajo con el presidente Juanma Moreno para explicarle de primera mano la situación del trabajo autónomo andaluz.» Esta falta de diálogo y comprensión es, para UPTA, un claro signo de la desconexión entre el gobierno autonómico y una parte fundamental de su tejido empresarial.


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