La medida prevé financiar actividades de “promoción y defensa” durante las campañas 2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028.
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Sábado, 12 de abril de 2025. La Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 60, de 28 de marzo de 2025) el acuerdo que abre un periodo de información pública de dos meses sobre la solicitud de extensión de norma presentada por la Asociación Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa).
La propuesta plantea establecer una aportación económica obligatoria que afectaría a todo el sector, con independencia de si las empresas están o no integradas en la interprofesional. Según recoge el texto oficial, esta tasa se destinaría a financiar acciones de “promoción y defensa” del sector durante las próximas tres campañas agrícolas: 2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028.
El procedimiento se tramita al amparo del artículo 12 del Decreto 5/2007, de 9 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 1/2005 sobre organizaciones interprofesionales agroalimentarias en Andalucía. El acuerdo, firmado por la directora general Carmen Cristina de Toro Navero, establece que la documentación podrá consultarse a través del portal institucional de la Junta y en la sede administrativa de la Consejería en Sevilla. Las alegaciones podrán presentarse por vía electrónica o presencial en los registros habilitados.
La solicitud fue recogida porLa Mar de Onuba el 3 de abril de 2024, cuando se dio a conocer el planteamiento de Interfresa, que incluye un presupuesto millonario para financiar campañas destinadas a combatir lo que la propia organización ha calificado como “bulos” que afectarían a la imagen del sector en mercados internacionales. La medida, de prosperar, impondría una obligación económica a operadores que no forman parte activa de la interprofesional, lo que ha generado preocupación en distintos ámbitos de la producción y comercialización.
La apertura de este periodo de información pública supone la validación institucional de la iniciativa, y abre la puerta a su eventual aprobación mediante orden de la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, si no se formulan alegaciones que impidan su ratificación.
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