El lobby patronal del fruto rojo espera recaudar más de un millón de euros al año para financiar campañas contra los “bulos” y «ataques» al sector.
La medida, presentada como fruto del consenso, vuelve a destapar grietas y resistencias entre actores agrícolas.
Jueves, 3 de abril de 2025. La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa) ha solicitado a la Junta de Andalucía una extensión de norma que permitiría imponer una aportación económica obligatoria a todos los productores y comercializadores del sector con sede en la comunidad autónoma. El objetivo declarado de la medida es, según adelantaba el pasado martes el diario La Razón, financiar campañas de comunicación que contribuyan a “desmontar bulos” y contrarrestar los “ataques” que, según la entidad, estaría recibiendo el sector fresero onubense, especialmente en los mercados europeos.
De aprobarse en los términos planteados, esta figura legal permitirá a Interfresa recaudar aproximadamente un millón de euros anuales durante las próximas tres campañas agrícolas. Una cantidad que, según los propios acuerdos adoptados en el seno de la organización, sería recaudada mediante una cuota de 1,5 euros por tonelada de fresa y 4 euros por tonelada de arándano, frambuesa o mora comercializada. Aunque la solicitud ha sido presentada como una estrategia unitaria, la decisión ha generado malestar entre diversos actores del sector, que no comparten ni la oportunidad, ni la utilidad, ni la legitimidad de una medida que califican de “vergonzosa”.
Extensión de norma
La extensión de norma es un instrumento legal previsto en la normativa estatal y comunitaria que permite a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias imponer determinadas medidas al conjunto de operadores del sector que representan, incluyendo a aquellos que no forman parte de la interprofesional promotora.
En la práctica, se trata de acuerdos adoptados por entidades que agrupan a productores, transformadores y/o comercializadores, que son autorizados por la Administración para tener carácter obligatorio. Pueden consistir, entre otras finalidades, en campañas colectivas de promoción del producto, mejoras en la trazabilidad, programas de sanidad vegetal o contribuciones económicas para el sostenimiento de acciones comunes.
La filosofía del mecanismo es evitar el denominado efecto free rider —es decir, que unos pocos carguen con los costes de acciones que benefician a todos—, y garantizar que las cargas se repartan proporcionalmente entre quienes producen o comercializan, en función del volumen de su actividad.
La aplicación de este mecanismo requiere el cumplimiento de determinados requisitos de representatividad y la aprobación por parte de la autoridad competente, que en el caso de Andalucía corresponde a la Consejería de Agricultura. La solicitud presentada por Interfresa contempla su aplicación durante las campañas 2025/2026, 2026/2027 y 2027/2028.
Frente de imagen ante críticas ambientales y laborales
La medida llega tras dos años marcados por el deterioro de la imagen del sector en los principales países importadores. Campañas internacionales como la lanzada en Alemania por la plataforma Campact —que en 2023 recogió más de 160.000 firmas pidiendo a las grandes cadenas de distribución que no compraran “fresas de la sequía”— generaron una fuerte respuesta institucional en Andalucía, donde la Junta y organizaciones agrarias acusaron al Gobierno central de haber amplificado el boicot.
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El conflicto alcanzó incluso al Parlamento alemán, que planteó el envío de una delegación a España para comprobar sobre el terreno el impacto ambiental del cultivo de frutos rojos en el entorno de Doñana, especialmente a raíz del intento del Ejecutivo andaluz de regularizar cientos de hectáreas de regadíos ilegales. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 2021, condenó al Estado español por la sobreexplotación del acuífero de Doñana, y en 2023 la Comisión Europea advirtió del riesgo de sanciones ante la intención del Gobierno andaluz de regularizar nuevos regadíos en la zona.
Aunque desde el sector se ha insistido en que las explotaciones productoras cumplen la normativa y han realizado avances en sostenibilidad (como la generalización de técnicas de riego eficiente o el aumento de superficie con certificaciones ambientales), el desgaste reputacional ha sido evidente, y ha afectado tanto a las relaciones institucionales como a la confianza de los consumidores, especialmente en Europa central.
Según Interfresa, las campañas contra el sector responden a “bulos” y “desinformación” que deben ser contrarrestados con “acciones de comunicación coordinadas”. La solicitud de la extensión de norma plantea como finalidad esencial financiar campañas de promoción, portales de transparencia, estrategias de comunicación en redes sociales y eventos para mejorar la imagen pública del sector y su proyección internacional.
La “unidad del sector” y las grietas que lo atraviesan
En el artículo publicado por La Razón, Intefresa presenta la medida como el resultado de un consenso unánime de las organizaciones que integran la interprofesional. El texto destacaba la “unidad del sector” y reproducía sin matices el argumentario del lobby patronal, según el cual todas las críticas recientes responden al desconocimiento, y no se corresponden con la realidad.
Sin embargo, esta pretendida unidad ha comenzado a resquebrajarse en los márgenes del relato oficial. Al poco de conocerse el contenido de la solicitud de extensión de norma, un destacado dirigente de una patronal agrícola crítica con Interfresa trasladó a esta redacción su desacuerdo frontal con la iniciativa: “Quieren sacar a los agricultores más de un millón de euros al año para hacer lo que otros hacemos sin pedirles nada a los agricultores. Una vergüenza”.
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No es la única señal de divergencia. La campaña promocional #YoComoFresasDeHuelva, impulsada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), se está desarrollando completamente al margen de Interfresa, con financiación propia y una estrategia de comunicación diferenciada. En sus propias palabras, busca “diferenciar los productos sanos, seguros y sostenibles de los pequeños agricultores onubenses”, una fórmula que, aunque no lo exprese explícitamente, se aleja del enfoque genérico de defensa global del sector que plantea la interprofesional.
Interfresa, en su peor momento
La solicitud de extensión de norma se produce, además, en un momento de especial debilidad interna para el lobby patronal del fruto rojo. En los últimos meses, la entidad ha vivido una sucesión de ceses y conflictos internos, acompañados de rumores sobre irregularidades contables y tensiones entre las organizaciones que la componen. Tal como ha venido informando La Mar de Onuba, el descontento de parte del sector con la actual dirección ha sido patente, y ha derivado en un creciente distanciamiento entre algunas entidades y la cúpula de la interprofesional.
Pese a ello, Interfresa mantiene su capacidad de interlocución ante las administraciones públicas y los mercados internacionales. En este sentido, la extensión de norma aparece como una maniobra para reforzar su papel de portavoz único y financiar, mediante aportaciones obligatorias, un frente institucional que permita al sector aparecer cohesionado en un momento en que su reputación exterior se ha visto seriamente comprometida.
El uso de una extensión de norma para costear acciones de comunicación no es, en sí mismo, inédito. Otras interprofesionales agrarias han recurrido a esta figura para lanzar campañas promocionales en mercados exteriores o para financiar estudios técnicos de mejora de calidad. Lo que resulta llamativo en este caso es el contexto: la medida se plantea como respuesta a un conflicto reputacional que tiene raíces profundas, tanto ambientales como sociales.
Más allá de la polémica por la sobreexplotación de acuíferos en el entorno de Doñana o los intentos de regularizar regadíos ilegales, el sector de los frutos rojos de Huelva ha sido objeto de un creciente escrutinio por parte de medios de comunicación, organismos internacionales y organizaciones sociales debido a las condiciones de trabajo que soportan miles de personas empleadas durante la campaña agrícola, muchas de ellas mujeres migrantes.
En los últimos años, colectivos como Jornaleras de Huelva en Lucha y otros han documentado y denunciado casos de viviendas insalubres, cortes de agua, jornadas abusivas no remuneradas, acoso laboral, despidos fulminantes y falta de asistencia sanitaria o jurídica ante accidentes. Las propias instituciones públicas han reconocido la existencia de estos problemas: el Instituto de las Mujeres impulsó campañas informativas para visibilizar la situación de las trabajadoras del campo, y en sede parlamentaria se han planteado iniciativas para exigir controles más rigurosos en las contrataciones vinculadas a la agricultura intensiva onubense.
A esto se suma la existencia de asentamientos chabolistas en los que miles de personas malviven a las puertas de fincas agrícolas sin acceso a agua potable, electricidad o recogida de residuos. La imagen de jornaleros en situación regularizada, cotizantes del sistema español, durmiendo bajo plásticos entre barro y basura, choca frontalmente con la narrativa de “producto sostenible y seguro” que el sector intenta proyectar.
Sin embargo, ni el artículo publicado por La Razón, ni el argumentario difundido por Interfresa en defensa de la extensión de norma, hacen mención a este contexto laboral. Las campañas de imagen previstas, según los documentos conocidos, se centran en resaltar la “sostenibilidad ambiental”, el “cumplimiento normativo” y la “proyección internacional” de los frutos rojos andaluces, sin contemplar medidas específicas para mejorar las condiciones materiales de las personas que los producen.
En ese sentido, el millón de euros anuales que Interfresa aspira a recaudar con cargo a todos los productores y comercializadores no se orienta a resolver ninguno de los problemas estructurales que afectan a la base laboral del sector, sino a restaurar una reputación dañada. El riesgo es evidente: que la campaña proyectada acabe percibiéndose, dentro y fuera de España, como un intento de blanquear prácticas aún no corregidas, y no como el reflejo de un cambio real.
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