Mientras otras entidades españolas lo aplican en centros educativos y espacios comunitarios, la administración andaluza lo confina a 16 centros en Huelva.
Domingo, 13 de abril de 2025. La Junta de Andalucía ha comenzado a implementar en 16 centros de protección de menores de la provincia de Huelva el proyecto europeo MyPolis – Citizenship Agents, financiado por la Comisión Europea a través del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV). Según la nota de prensa difundida por la administración autonómica, el objetivo es fomentar la participación democrática y el compromiso cívico entre los jóvenes protegidos por la Junta mediante dinámicas educativas que promueven el pensamiento crítico, la toma de decisiones colectivas y el conocimiento institucional.
Sin embargo, la documentación oficial del proyecto, así como los portales institucionales de otras entidades españolas participantes, revelan un enfoque radicalmente distinto al adoptado por el Gobierno andaluz. MyPolis – Citizenship Agents está concebido como una iniciativa educativa y cívica dirigida a estudiantes de centros escolares públicos y a la juventud en general, con actividades participativas abiertas al entorno comunitario, desarrollo de propuestas reales para la mejora local y contacto directo con responsables políticos.
La Mancomunitat de la Ribera Baixa, por ejemplo, ha puesto en marcha el proyecto en centros escolares del territorio. La propuesta, tal como recoge su documentación operativa, incluye sesiones de aula dinamizadas por el profesorado, un juego pedagógico sobre democracia, herramientas digitales y una Asamblea de Transformadores Sociales donde el alumnado expone ante representantes políticos sus diagnósticos y propuestas para transformar la comunidad. El mismo modelo se replica en otras entidades como la Mancomunidad de l’Horta Sud o el Ayuntamiento de Sedaví, que aplican el proyecto en clave municipal, abierta, con participación de jóvenes no institucionalizados, profesorado, técnicos locales y sociedad civil.
Por el contrario, la Junta ha optado en Huelva por restringir la totalidad de su participación a menores bajo alguna forma de protección administrativa, un colectivo limitado, especialmente vulnerable y sin voz pública ni acceso real a canales de interlocución social. La aplicación en Huelva no se enmarca en la red de centros educativos, sino en centros dependientes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, sin participación del sistema educativo andaluz ni de agentes sociales externos.
Este encierro institucional contrasta con el espíritu del proyecto y con los recursos disponibles. La Junta de Andalucía recibe para el proyecto una subvención de apenas 18.000 euros del programa europeo. Una cantidad muy similar —e incluso inferior— a la percibida por entidades locales mucho más pequeñas, como la Mancomunidad de la Ribera Baixa (13.000 €), Valencina de la Concepción (13.000 €) o el Ayuntamiento de Sedaví (6.000 €), que han implicado en sus proyectos a centenares de ciudadanos y centros públicos de enseñanza.
Esta desproporción se acentúa cuando se analiza la población bajo la responsabilidad de cada entidad. La Junta de Andalucía, con más de 8,5 millones de habitantes, recibe menos de 0,003 euros por habitante, mientras que municipios como Valencina de la Concepción (unos 7.800 habitantes) alcanzan ratios de 1,60 euros por persona. La diferencia de escala institucional y poblacional resulta aún más llamativa si se observa el alcance real de las actividades promovidas en cada caso.
La opción de la Junta para Huelva le permite figurar como socia activa en un consorcio europeo, sin necesidad de afrontar los retos logísticos, políticos o operativos que supondría abrir el proyecto a la ciudadanía andaluza, ni desplegar un verdadero programa de educación cívica en centros escolares, espacios juveniles u otros ámbitos públicos.
En vez de fortalecer el debate democrático en el entorno social, la Junta opta por operar el proyecto hacia dentro, en un entorno cerrado, bajo control absoluto, sin riesgo de interlocución crítica ni visibilidad pública. Ni las metodologías descritas en la documentación europea —como el uso de plataformas participativas, gamificación democrática o actos internacionales con otras delegaciones europeas— ni los espacios de deliberación con representantes políticos locales, parecen estar presentes en la versión andaluza del proyecto.
Frente a esta aplicación limitada y autocontenida, otras entidades españolas, con menos recursos y sin competencias educativas autonómicas, han sabido ejecutar el proyecto en coherencia con sus objetivos fundacionales: fomentar una ciudadanía activa, empoderada y participativa, con capacidad para incidir en lo colectivo. La Junta, por el contrario, ha reducido la participación a la obediencia y la democracia a un taller interno.
Tanto la extinta asignatura de Educación para la Ciudadanía como el actual proyecto europeo MyPolis – Citizenship Agents comparten un objetivo común: formar a las nuevas generaciones en los valores democráticos, la participación cívica y los derechos fundamentales. Y ambas han tenido que enfrentarse, en contextos distintos, a mecanismos institucionales que han buscado silenciar o neutralizar su potencial emancipador.
Impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, Educación para la Ciudadanía pretendía que el alumnado conociera el funcionamiento de las instituciones democráticas, reflexionara sobre la igualdad, los derechos humanos y la convivencia, y desarrollara una conciencia crítica como base para una ciudadanía activa. Fue inmediatamente boicoteada por varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que la acusaron de "adoctrinamiento ideológico", y terminó siendo eliminada en 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El proyecto MyPolis, financiado por la Comisión Europea, propone hoy una metodología muy similar: fomentar el pensamiento crítico, la participación real de jóvenes en procesos deliberativos, el diálogo con representantes políticos y el compromiso con el entorno comunitario. Sin embargo, en el caso de Andalucía, la Junta ha optado por restringir su aplicación a centros de protección de menores tutelados, sin implicar al sistema educativo ni a la sociedad civil. Lo que en otras regiones se está desarrollando en centros escolares y espacios públicos, aquí se ha convertido en un ejercicio cerrado, interno y sin proyección ciudadana.
Dos iniciativas distintas en tiempo y forma. Pero un mismo patrón: cada vez que se plantea enseñar democracia desde lo colectivo, lo participativo y lo crítico, las resistencias institucionales se activan. No por lo que se enseña, sino por lo que se teme que el alumnado aprenda a cuestionar.
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