Los colectivos resposables del informe denuncian que las grandes empresas concentran los beneficios del modelo agroindustrial mientras trasladan los costes sociales y ambientales a trabajadores y territorios.
La eurodiputada popular pidió a la Comisión Europea explicaciones por permitir el acto en la Eurocámara y exigió la retirada inmediata del informe, al que calificó como “panfleto político”.
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Martes, 6 de mayo de 2025. Una semana después de presentar en Bruselas su informe sobre los impactos del modelo agroindustrial del sur de Europa, Ecologistas en Acción ha respondido públicamente a las reacciones políticas y empresariales que ha suscitado. Lo hace con un comunicado en el que acusa a la eurodiputada Carmen Crespo de tergiversar el contenido del documento, de contribuir a desviar el foco del debate y de intentar deslegitimar institucionalmente su presentación ante el Parlamento Europeo.
Según denuncia la organización ecologista, Crespo —ex consejera andaluza de Agricultura y actual eurodiputada del Partido Popular— acusó a Ecologistas en Acción de criminalizar al sector agrícola andaluz y murciano, y llegó a pedir explicaciones a la Comisión Europea por haber permitido la celebración del acto en la Eurocámara. La respuesta de Ecologistas califica estas declaraciones como infundadas y generadoras de confusión. Sostiene que el informe no criminaliza la agricultura, sino que denuncia un modelo agroindustrial que, afirma, está expulsando a las pequeñas explotaciones, empobreciendo al campesinado, degradando los ecosistemas y agravando la precariedad laboral.
En paralelo a esta exigencia institucional, recogida en el comunicado publicado este martes 6 de mayo, la presentación del informe también había provocado críticas por parte de asociaciones empresariales, portavoces políticos del Partido Popular y medios afines, que llegaron a acusar al Gobierno de España de financiar una campaña contra sus propios agricultores. La propia Carmen Crespo exigió la retirada inmediata del documento y calificó su contenido como “panfleto político”. También las organizaciones empresariales agrarias acusaron a los autores de omitir deliberadamente los avances técnicos en la gestión de fertilizantes, la modernización del riego y la mejora de las condiciones laborales, y advirtieron de que su difusión en Bruselas podía perjudicar la imagen comercial de los productos españoles.
“No criminalizamos el campo, defendemos una agricultura que garantice condiciones de trabajo dignas”
Frente a estas reacciones, Ecologistas en Acción defiende que el informe no ataca al sector agrario, sino que pone en evidencia los efectos sociales y medioambientales de un sistema de producción orientado a la exportación masiva, dependiente de recursos naturales limitados y basado en condiciones de trabajo precarias. “No estamos criminalizando el campo, sino todo lo contrario: defendemos una agricultura que garantice condiciones de trabajo dignas, produzca alimentos sanos, cuide del territorio y respete los límites ecológicos”, sostiene la organización.
El informe Las raíces amargas de la agricultura industrial fue elaborado junto a la Fundación Mundubat y diversos colectivos de defensa de derechos humanos, migrantes y medio ambiente, y presentado los días 29 y 30 de abril en el Parlamento Europeo, con el respaldo de eurodiputadas de varios grupos —Ana Miranda (BNG), María Dantas (ERC), Sira Rego (IU), María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos)— y representantes del grupo parlamentario de Los Verdes. Recoge datos oficiales, testimonios de personas trabajadoras del campo, y casos documentados en zonas como Almería, Huelva y Murcia.
El comunicado publicado este martes responde a lo que Ecologistas define como una estrategia de distorsión del mensaje. Sin nombrar directamente a medios o entidades patronales, se refiere a “portavoces empresariales y políticos”, así como a “determinados medios de comunicación, representantes de grandes empresas agroalimentarias y organizaciones agrarias” que, según denuncia, han recurrido a la descalificación y la manipulación en lugar de entrar en el fondo del debate. “El informe no hace más que poner sobre la mesa datos y testimonios que muchos responsables públicos conocen y prefieren ignorar”, concluye el texto, que reivindica el derecho a cuestionar un modelo de producción que —según sus autores— reparte beneficios para unos pocos y consecuencias para la mayoría.
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