
Una intervención de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo en una explotación de arándanos en Begonte (Lugo) ha revelado una red de explotación laboral que afectaba a trabajadores migrantes, muchos de ellos en situación irregular. Según las primeras investigaciones, algunos de los responsables de la operativa tienen vínculos con la empresa agroindustrial Surexport, con sede en Huelva y antecedentes en casos similares.
La denominada Operación Anavia, desarrollada en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, culminó con la localización de 92 trabajadores en la finca de Lugo, de los cuales 82 eran migrantes en situación administrativa irregular. Se ha constatado que estos trabajadores fueron trasladados desde el sur de España, principalmente desde Granada, con falsas promesas de empleo y condiciones laborales dignas.
En lugar de ello, fueron alojados en condiciones precarias en un antiguo hotel sin licencia en Ordes (A Coruña), donde se les cobraba por la estancia y el transporte hasta la finca. Además, muchos de ellos trabajaban sin contrato y sin la más mínima protección laboral.
Las pesquisas apuntan a que la trama operaba a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) con sede en Sevilla, que daba de alta a un número reducido de empleados en situación regular, mientras que la mayoría se mantenía en un estado de absoluta precariedad. Hasta el momento, tres personas han sido investigadas y puestas a disposición judicial por su presunta implicación en estos hechos.
Surexport: una empresa con antecedentes preocupantes
Las investigaciones han sacado a la luz que algunos de los responsables de esta operativa ocuparon cargos en Surexport, una multinacional dedicada al cultivo y exportación de frutos rojos con sede en Huelva y presencia en varias regiones de España, incluyendo Galicia.
Surexport ha sido objeto de múltiples denuncias en los últimos años. El 1 de mayo de 2023, una trabajadora temporal murió y otras 37 personas resultaron heridas cuando el autobús que las transportaba volcó en una rotonda en Almonte, Huelva. El vehículo trasladaba a trabajadoras temporeras, principalmente marroquíes, desde sus alojamientos en San Juan del Puerto hasta los invernaderos de la empresa. Las condiciones de transporte y seguridad quedaron en entredicho tras este suceso, ya que el siniestro se produjo en medio de una densa niebla, y se investigaron las circunstancias en las que se realizaban estos desplazamientos diarios.
Días después del accidente, las trabajadoras heridas denunciaron que estaban recibiendo altas médicas prematuras por parte de la mutua MAZ, a pesar de que muchas de ellas seguían sufriendo dolores y limitaciones físicas que les impedían retomar su actividad laboral. Algunas de las afectadas reportaron hematomas, lesiones dentales y dificultades de movilidad. La Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) presentó impugnaciones contra estas altas médicas, alegando que la mutua estaba dando por recuperadas a trabajadoras que aún requerían atención sanitaria.
Además, se evidenció la falta de asistencia en los alojamientos de las temporeras accidentadas. Una de las trabajadoras, que había quedado inmovilizada debido a sus lesiones, dependía de la ayuda de una compañera para poder realizar tareas básicas como cambiarse de ropa o ir al baño, sin recibir ningún tipo de atención por parte de la empresa ni de las administraciones responsables.
En Lugo, la empresa ya había sido denunciada por el Sindicato Labrego Galego y otras organizaciones debido a la explotación de trabajadores migrantes en la comarca de Terra Chá. Se han documentado condiciones abusivas en sus fincas, incluyendo jornadas laborales extenuantes, amenazas para forzar la productividad, hacinamiento en alojamientos insalubres y un clima de discriminación racial contra los temporeros extranjeros.
Además, Surexport ha sido señalada por prácticas de acaparamiento de tierras comunales en Galicia, lo que ha generado un fuerte rechazo entre la población local. En la zona de Loentia (Terra Chá), las comunidades rurales han expresado reiteradamente su oposición a la expansión de la empresa y han trasladado su preocupación a la Delegación del Gobierno.
Reacciones y contexto
El Sindicato Labrego Galego ha celebrado la intervención de las autoridades y ha insistido en que la explotación laboral en el sector agroindustrial no es un hecho aislado. La organización denuncia que este tipo de redes se benefician de la desprotección de los trabajadores migrantes y de la falta de controles más estrictos en la contratación y condiciones laborales en el sector.
Desde el ámbito judicial y administrativo, se espera que la investigación en curso determine la responsabilidad de los implicados y se adopten medidas para prevenir la repetición de estos abusos. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el foco el modelo de contratación y las condiciones de los trabajadores en la agroindustria, especialmente en cultivos como los frutos rojos, donde los casos de explotación laboral se han repetido en distintas zonas del país.
Las autoridades continúan con las pesquisas para desmantelar la totalidad de la red y esclarecer el papel de todas las entidades involucradas en este entramado de explotación laboral. Se espera que las investigaciones lleguen hasta las responsabilidades más altas dentro del sector agroindustrial y que no se limiten únicamente a los intermediarios y gestores de fincas, como ha sucedido en casos anteriores.
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