La campaña presentada en el Parlamento Europeo señala a Huelva, Almería y Murcia como epicentros de un modelo que agota acuíferos y vulnera derechos.
La patronal agrícola y el PP acusan al Gobierno de financiar ataques al sector y exigen la retirada inmediata del informe.
Sábado, 3 de mayo de 2025. Una delegación de Ecologistas en Acción ha presentado esta semana en Bruselas un informe en el que se denuncian los impactos ecológicos y sociales del modelo agroexportador implantado en el sur de España, con especial atención a las provincias de Huelva, Almería y Murcia. Bajo el título “La huerta, en oferta”, el documento pone el foco en la contaminación por nitratos, la sobreexplotación de acuíferos, las condiciones laborales en el campo y el papel que desempeñan tanto las autoridades nacionales y autonómicas como las cadenas de distribución europeas, especialmente alemanas. La iniciativa, que ha contado con apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica, ha provocado una reacción inmediata del sector agroindustrial y de formaciones políticas conservadoras, que acusan al Gobierno central de atacar a un modelo productivo “esencial para la alimentación y la economía española”.
El informe fue presentado durante dos jornadas de trabajo ante responsables de la Comisión Europea, europarlamentarios y miembros del Comité Económico y Social. La delegación, integrada por activistas ambientales y representantes de la sociedad civil de los territorios afectados, expuso ante las instituciones comunitarias una serie de datos que, en algunos casos, ya han sido reconocidos en sede judicial. El pasado 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por incumplir la Directiva de Nitratos, tras constatar que las medidas adoptadas para evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas eran insuficientes o ineficaces. Andalucía, junto con otras siete comunidades autónomas, figura expresamente en la sentencia.
El informe presentado en Bruselas recoge que el 37 % de las aguas subterráneas y el 11 % de las superficiales en España presentan contaminación por nitratos. En el caso del entorno de Doñana, los niveles registrados en algunas captaciones superan los 120 miligramos por litro, más del doble del máximo permitido por la legislación europea. También se señala que en regiones como Almería existen excedentes de nitrógeno superiores a los 100 kilos por hectárea, mientras que el promedio nacional se sitúa en 24. El documento considera que estos datos evidencian la existencia de un modelo de producción intensiva que ha ido consolidándose sobre la base del uso masivo de fertilizantes, el desvío de recursos hídricos y el progresivo deterioro de espacios naturales especialmente sensibles.
La vertiente social del informe no ha pasado desapercibida. Ecologistas en Acción documenta condiciones laborales precarias en determinadas explotaciones agrícolas del sur peninsular, donde, según denuncian, se vulneran de manera sistemática derechos laborales fundamentales. El texto alude a impagos de horas extraordinarias, falta de contrato o de alta en la Seguridad Social, condiciones de alojamiento insalubres y episodios de acoso y violencia laboral, particularmente hacia mujeres migrantes. Algunas de estas prácticas han sido recogidas en investigaciones académicas, sentencias judiciales y reportajes periodísticos, aunque el sector agroexportador ha negado reiteradamente su carácter estructural.
La campaña en Bruselas ha ido acompañada de la presentación internacional del documental “La voz del invernadero”, centrado en los testimonios de trabajadoras agrícolas migrantes, así como de una exposición fotográfica itinerante titulada “El verdadero precio de los alimentos”, que refleja visualmente las consecuencias ecológicas y sociales de la agroindustria en las provincias afectadas. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia de presión institucional en el ámbito europeo, que busca visibilizar los costes ocultos de un modelo que ha sido promovido durante décadas desde distintas administraciones bajo la lógica de la competitividad internacional.
La reacción del sector agroindustrial no se ha hecho esperar. Asociaciones empresariales, portavoces políticos del Partido Popular y medios como La Razón o ABC han acusado al Gobierno de España de financiar una campaña contra sus propios agricultores. La eurodiputada Carmen Crespo, exconsejera andaluza de Agricultura, ha exigido la retirada inmediata del informe y ha calificado su contenido de “panfleto político”. Las organizaciones empresariales agrarias sostienen que el documento obvia deliberadamente los avances técnicos en la gestión de fertilizantes, la modernización de los sistemas de riego y la progresiva mejora de las condiciones laborales en el sector. También advierten de que su difusión en Bruselas puede afectar a la imagen comercial de los productos españoles en mercados clave como el alemán.
Frente a estas acusaciones, Ecologistas en Acción defiende la legitimidad del informe y subraya que sus contenidos están respaldados por datos científicos, estudios independientes y pronunciamientos judiciales. La organización considera que el modelo agroexportador vigente en el sur peninsular externaliza sus costes sobre los ecosistemas y sobre las comunidades trabajadoras, mientras concentra los beneficios en grandes cadenas de distribución y empresas comercializadoras. Reclama una transición hacia un modelo agroalimentario basado en principios de sostenibilidad ambiental, justicia social y soberanía alimentaria, que priorice la producción local, el empleo digno y el respeto a los límites ecológicos.
La campaña ha puesto sobre la mesa una tensión latente desde hace años: la que enfrenta a un discurso institucional que promueve el “éxito exportador del campo español” con las denuncias de quienes, desde el territorio, advierten del agotamiento de recursos, el deterioro ambiental y las condiciones de vida de miles de personas que trabajan en los márgenes de ese supuesto éxito. La irritación del sector ante la difusión internacional de estos datos contrasta con el silencio mantenido ante realidades igualmente verificadas, como la existencia de pozos ilegales, los asentamientos sin agua ni electricidad en el entorno de Doñana o los informes médicos que alertan del impacto de los nitratos en la salud pública. La controversia no gira en torno a la veracidad de los hechos expuestos, sino a la legitimidad de que se expongan. Y a que sean expuestos en voz alta y fuera del país. El mercado.
Sea el primero en desahogarse, comentando