El Español, El Plural, CL24, Confidencial Andaluz y La Mar de Onuba rechazaron en su momento rectificar las informaciones publicadas tras su detención e ingreso en prisión
La Fiscalía retiró los cargos contra García Ruiz tras un acuerdo de conformidad en el que el resto de acusados, entre ellos dos hermanos del periodista, admitieron su culpabilidad
Hechos probados: llamadas extorsivas se hicieron desde su teléfono, estuvo presente en la retención de la víctima y viajaba en el coche en el que era trasladada cuando fueron interceptados por la Policía
Sábado, 8 de marzo de 2025. Álvaro García Ruiz, periodista especializado en sucesos y antiguo aspirante a Policía Local, ha iniciado una ofensiva legal contra varios medios de comunicación, entre ellos La Mar de Onuba, a los que reclama 170.000 euros en concepto de daños y perjuicios. El motivo de la demanda es la publicación, en 2018, de informaciones sobre su detención y posterior ingreso en prisión dentro de una operación policial contra una red de extorsión que acabó con varias condenas firmes por detención ilegal, amenazas y lesiones.
García Ruiz fue finalmente absuelto en 2023, pero no porque los hechos que motivaron su detención fueran desmentidos, sino porque la Fiscalía retiró la acusación en el marco de un acuerdo con los demás procesados, entre los que se encontraban dos de sus hermanos, quienes sí admitieron su culpabilidad.
Desde que se conoció su absolución, el periodista ha intentado que los medios que informaron sobre su detención rectificaran o retiraran las noticias publicadas en su momento. El Español, El Plural, CL24, Confidencial Andaluz y La Mar de Onuba se negaron a retirar o modificar sus informaciones, alegando que lo publicado en su día refleja hechos ciertos y de interés público en el momento de su difusión.
Los hechos que la sentencia no borra
La absolución de Álvaro García Ruiz no alteró ni un solo párrafo del relato de los Hechos Probados recogidos en la sentencia 321/23 de 26 de junio de la Audiencia Provincial de Sevilla. En ellos se describe con precisión lo sucedido aquella tarde del 14 de agosto de 2018, cuando A. J. R., la víctima, fue trasladado contra su voluntad desde Montequinto hasta el taller MRC Motos, propiedad de Guillermo García Ruiz, hermano del periodista absuelto.
Allí, en un clima de presión e intimidación constantes, la víctima fue sometida a una serie de amenazas con un único objetivo: que su familia reuniera el dinero que los acusados reclamaban como compensación tras la sustracción violenta de 180.000 euros durante una operación de intercambio de billetes de 500 euros que resultó ser un timo. Lo que en principio iba a ser un trato financiero clandestino entre particulares acabó convertido en un secuestro con violencia y extorsión.
Álvaro García Ruiz se incorporó a la escena en un momento en el que la víctima ya llevaba horas retenida y bajo coacción. La sentencia recoge que cuando llegó al taller, la extorsión ya estaba en marcha y la víctima había sido obligada a llamar a su esposa para exigirle la entrega de dinero o bienes inmuebles a cambio de su liberación. Las amenazas proferidas a la mujer del secuestrado eran directas y explícitas: si no entregaba escrituras de una propiedad, su marido sufriría represalias.
Álvaro, ya en el interior del taller, no consta que hiciera nada para impedir lo que estaba ocurriendo ni que intentara socorrer a la víctima. Tampoco consta que estuviera allí contra su voluntad. Lo que sí certifica la sentencia es que su teléfono móvil fue utilizado en la extorsión, desde donde se realizaron algunas de las llamadas intimidatorias a la esposa de la víctima. No hay ninguna referencia a que se negara a que su terminal fuera empleado para tal fin.
Horas después, cuando la presión ejercida sobre la víctima no daba los resultados esperados, los acusados decidieron cambiar de escenario. La víctima fue subida a un vehículo, junto a otro hombre que también había sido retenido. En el coche viajaban Guillermo García Ruiz, Ignacio García Ruiz y el propio Álvaro García Ruiz, según consta en los Hechos Probados de la sentencia. En un segundo vehículo, conducido por otro de los implicados, les seguía un grupo de hombres que se sumaron a la operación de coerción.
El convoy se dirigió a un lugar aislado entre Montequinto y Dos Hermanas, donde varios individuos no identificados se unieron a la reunión. Fue en ese momento cuando la violencia escaló. Según la sentencia, uno de los implicados propinó un fuerte puñetazo a la víctima, que cayó al suelo. Desde ese momento, se intensificaron las amenazas directas y las presiones para que identificara a los autores del robo del dinero o, en su defecto, lograra que su familia reuniera la cantidad reclamada. En ese momento, los secuestradores decidieron que no era suficiente con amedrentarlo en un descampado y optaron por trasladarlo a una nueva ubicación secreta.
La víctima fue subida de nuevo a un vehículo en el que, según los Hechos Probados, también viajaban Álvaro García Ruiz e Ignacio García Ruiz. Desde allí, el grupo de secuestradores condujo hasta un inmueble de ubicación desconocida donde, de nuevo, se reanudaron las amenazas y la coacción. Dentro de la casa, la víctima fue sentada en una silla y custodiada por varios de los implicados. A partir de ese momento, la violencia fue en aumento: le propinaron bofetadas, le hicieron cortes superficiales en el antebrazo con un cuchillo y le amenazaron con secuestrar a su mujer y su hija si no entregaba el dinero o las escrituras de su vivienda.
En medio de esta dinámica de terror, las llamadas extorsivas continuaron. Una vez más, se realizaron desde los teléfonos de Guillermo García Ruiz y Álvaro García Ruiz, y tenían un mensaje claro: si la esposa de la víctima no entregaba el dinero, su marido sufriría las consecuencias. En ningún momento consta que Álvaro García Ruiz intentara impedir lo que estaba ocurriendo o que se opusiera a que su móvil fuera utilizado para realizar las amenazas.
Finalmente, la retención se prolongó hasta bien entrada la noche, cuando los secuestradores decidieron llevar a la víctima a una nueva localización para forzarle a proporcionar información sobre los responsables del robo del dinero. Fue en ese momento cuando la Policía Nacional, que llevaba tiempo realizando labores de vigilancia, intervino el vehículo -uno de cuyos viajeros era en ese instante el joven periodista- y logró liberar a la víctima, procediendo a la detención de nueve de los implicados.
Álvaro García Ruiz fue finalmente absuelto en el marco del acuerdo de la Fiscalía con los demás acusados, lo que no alteró los hechos que la sentencia mantiene probados. A pesar de ello, ahora reclama 170.000 euros a los medios que informaron sobre su detención en 2018.
La Justicia lo absolvió. Pero la sentencia sigue hablando.
En una entrevista concedida a ABC de Sevilla tras su absolución en septiembre de 2023, Álvaro García Ruiz ofreció su propia versión de los hechos, asegurando que su detención y encarcelamiento fueron consecuencia de un malentendido y de una instrucción judicial errónea.
Según su relato, el 14 de agosto de 2018, tras salir de trabajar, acudió al taller de su hermano Guillermo sin conocer que allí se estaba gestando un conflicto con un hombre al que se le reclamaba dinero. Aseguraba que se encontró de manera inesperada con la situación y que no tuvo ninguna participación en las amenazas, agresiones o extorsiones que se produjeron ese día.
En su versión, García Ruiz insistió en que jamás realizó ni permitió llamadas intimidatorias desde su teléfono, y recalcó que la única llamada que hizo aquel día fue a su pareja. También negó haber tenido ningún papel en la retención de la víctima o en su traslado, alegando que su presencia fue malinterpretada por los investigadores.
Sobre su ingreso en prisión, afirmó que fue encarcelado sin pruebas y que vivió 1.776 días de pesadilla, sintiéndose víctima de un sistema que, según él, lo señaló injustamente. Relató que el proceso le destrozó la vida personal y profesional, llevándole a perder su trabajo y quedando marcado por un estigma que aún arrastra.
A día de hoy, tras ser absuelto, García Ruiz considera que su caso es un ejemplo de la fragilidad del sistema judicial y sostiene que se le ha condenado socialmente sin haber cometido delito alguno. Por ello, reclama una compensación económica a los medios que informaron sobre su detención y su ingreso en prisión. Entre ellos, La Mar de Onuba.
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