Trabajadora marroquí de «contrato en origen» rechaza un ‘juicio rápido’ por falta de garantías procesales y retira una denuncia por presunta agresión

En duda la instrucción realizada por la Guardia Civil.

Subdelegación del Gobierno no activó ningún protocolo de asistencia y asesoramiento y la víctima acudía al juicio sin haber podido designar representante legal.

Viernes, 14 de marzo de 2025. Alzira (nombre ficticio para preservar la identidad de la protagonista de esta historia) es una trabajadora marroquí de 41 años integrante de los contingentes de contratación en origen (Orden Gecco) para la campaña de frutos rojos en Huelva.

El 26 pasado de febrero solicitó asistencia sanitaria en el SUAP de Palos de Frontera por las lesiones sufridas, según consta en el parte emitido, tras forcejear con un encargado de la finca que según su relato, la abordó en la vivienda propia en la misma finca, “la sujetó del brazo con fuerza mientras le insistía en que fueran a acostarse”, y al negarse y forcejear, “el agresor la empujó contra la pared y le arañó la cara”. Las lesiones, “erosiones lineales y hematoma en brazo de carácter leve”, no requirieron tratamiento, aunque la médica M.A.T. que la atendió escribió en el parte para el Juzgado; “llanto y ansiedad al contar lo ocurrido”. El parte también hace constar que la víctima refiere que varias compañeras “acudieron en su ayuda” al escuchar sus gritos tras el altercado.

Poco después de ser atendida en el SUAP palermo, Alzira interpuso denuncia por agresión sexual ante la Guardia Civil de la localidad. Esta se formalizó sin la asistencia de un intérprete profesional. Alzira sólo contó con la ayuda de un compañero de origen maliense, cuyo manejo del español es limitado. Esta carencia resultó en inconsistencias en el atestado policial: ya que el agente hizo constar que la denunciante “desconoce la autoría [de la agresión sufrida] sin poder aportar datos significativos” (sic). Sin embargo, en el relato de los hechos que constan en el mismo atestado policial, Alzira señala con claridad al encargado de la finca como presunto autor de las lesiones sufridas. En casos anteriores conocidos y documentados por La Mar de Onuba, la falta de concordancia entre lo recogido en los atestados policiales y las declaraciones en sala han devenido argumentos de no credibilidad en contra de las presuntas víctimas.

Además, la instrucción del caso por parte de la Guardia Civil no incluyó diligencias básicas. No se interrogó al denunciado antes de fijar la fecha del juicio rápido, no se tomaron declaraciones a las testigos que -según la denunciante- acudieron en su ayuda al escuchar sus gritos los hechos y no se realizó inspección alguna en la finca. Así lo confirmó el pasado 1 de marzo la propietaria de la empresa, Francisca Rojas, en una conversación mantenida con La Mar de Onuba en la que restaba credibilidad a los hechos denunciados por Alzira, a la que atribuyó una «denuncia falsa para obtener papeles», basándose en información que le habría proporcionado la propia Guardia Civil. (Escuchar audio).

Según su testimonio, mientras Alzira estaba compareciendo en la comandancia del instituto armado, fue avisada y se personó acompañada del presunto agresor de la trabajadora marroquí, llegando a coincidir en las dependencias, sin que los agentes consideraran necesario tomar declaraciones o articular medidas cautelares.

Durante su charla con La Mar de Onuba, Francisca Rojas ofreció una versión alternativa de los hechos, y afirmó estar en posesión de un vídeo, que habría sido grabado con posterioridad a tener conocimiento del altercado posteriormente denunciado por Alzira ante la Guardia Civil, en el que se ve a la trabajadora siendo la agresora del encargado, un hombre de origen maliense. Rojas aseguró a esta revista que la agresión fue una reacción de la trabajadora tras haber recibido un escupitajo en la cara por parte del denunciado. Alzira confirma que vio al hijo de la empresaria grabar el vídeo y no niega lo que pueda verse en el mismo. No obstante, la propietaria de Fresas Casillas SL también aseguró a esta revista que había decidido trasladar a su encargado y presunto agresor a “otra finca” hasta que se aclararan los presuntos hechos sucedidos en las viviendas de su empresa.

Citación a juicio rápido y cambio de testimonios

Desde la tarde en que tuvo lugar la presunta agresión hasta el pasado 3 de marzo, Alzira no recibió asesoramiento legal sobre los procedimientos previstos en la legislación tras ser víctima de un agresión en el entorno laboral, ni consta que desde la Subdelegación del Gobierno o cualquier otro estamento público o privado haya activado ningún protocolo para asistir a la trabajadora.

Sí recibió una vista, a primera hora de la tarde del lunes 3 de marzo, de una patrulla de la Guardia Civil que se personó para entregarle un documento y pedirle que firmara una copia del mismo. La trabajadora sostiene que los agentes acudieron sin intérprete y que firmó el documento sintiéndose coaccionada y sin que se le explicara su contenido o las consecuencias de rubricarlo. También afirma que en aquel momento creyó haber firmado su despido y que iba a tener que regresar a Marruecos de forma inminente. En realidad, el documento era una citación para un “juicio rápido” de los hechos denunciados a celebrar el martes, 11 de marzo, con apercibimiento de que “de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercerá si correspondiese”. La citación evidenciaba que la Guardia Civil había dado por terminadas las diligencias que obligan los artículos 282 y 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim, que regula los aspectos fundamentales de la investigación de los delitos y las obligaciones de las fuerzas de seguridad en la fase de instrucción) antes del mediodía del 3 de marzo.

Aquella misma tarde, quien firma esta pieza tuvo ocasión de visitar las viviendas para trabajadoras Gecco de la empresa Fresas Casillas SL y conocer a las compañeras de Alzira. Estas aseguraron a este redactor que no habían sido testigos de la presunta agresión, pero confirmaron lo relatado por la trabajadora en el centro médico en el que fue atendida por las lesiones sufridas y también en su denuncia inicial ante la Guardia Civil. Es decir, que oyeron gritos desde sus respectivas habitaciones y que cuando salieron encontraron a Alzira empujando la puerta de la vivienda para evitar que el encargado entrara en la misma en contra de su voluntad. Las compañeras de Alzira aseguraron a este redactor que ayudaron a Alziraen su empeño y que lograron evitar que el hombre accediera al domicilio. Y que más, tarde, el presunto agresor regresó acompañado del «hijo de la dueña», quien habría grabado un episodio de enfrentamiento. Ninguna autoridad ni organismo público, hasta ese momento, se había puesto en contacto con ellas. Nadie les ha tomado testimonio.

Al día siguiente, 4 de marzo, Alzira fue citada en la sede de Fresón de Palos, la gran cooperativa de los frutos rojos palerma, de la que forma parte Fresas Casillas SL, donde se le comunicó que iba a ser trasladada a una nueva empresa asociada con sede en Lucena del Puerto. La gestión, según fuentes del lobby patronal Interfresa, corrió a cargo de mediadores del PRELSI. Alzira accedió y dos días después comenzó a trabajar y residir en una finca de Cartaya de la que afirma que es “una buena finca” y que “está muy agradecida por el cambio de empresa efectuado”.

Renuncia a un «juicio sin garantías procesales»

El pasado lunes, 10 de marzo, por la tarde, apenas unas horas antes del juicio rápido, Alzira comenzó a recibir asesoramiento legal facilitado por el sindicato Comisiones Obreras. También esa misma tarde supo, según su relato, que sus compañeras no acudirían al juicio.

Con estos mimbres, la trabajadora llegó al 11 de marzo, y antes de celebrarse la vista en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Moguer, presentó un escrito solicitando la retirada de la denuncia que se reproduce en esta página. En el documento, argumentó que la instrucción del caso no había garantizado sus derechos, que no se habían practicado diligencias esenciales y que se encontraba en situación de indefensión. Expresó que la celeridad en la instrucción y la falta de diligencias y pruebas clave la colocaban en una posición sin garantías para afrontar un juicio justo.

El juzgado aceptó la renuncia y dictó el sobreseimiento provisional del caso. En el Auto 173/2025, Antecedentes de Hecho, Segundo, el Juez Marcos Carreras sostiene: “Se han practicado las diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que han intervenido en los mismos, con el resultado que consta en los autos”. Y en Fundamentos de Derecho, Segundo del mismo Auto, que “en el presente caso, de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 641 1º de la LECr, procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa, es de significar la renuncia voluntaria de la perjudicada que consta en actuaciones y ratificada a presencia judicial”. El Juzgado no informó a Alzira de cuáles habían sido las «diligencias practicadas». Tampoco a la abogada de CCOO que acompañó a la trabajadora al acto de juicio rápido, ya que la premura con la que el sindicato aterrizó en el caso le impidió acreditarse como representante legal de la presunta víctima.

Alzira decidió retirar su denuncia y renunciar al juicio rápido porque consideró que la instrucción del caso no había garantizado sus derechos ni ofrecido las condiciones necesarias para un juicio justo. No se habían practicado diligencias esenciales, como la toma de declaración del denunciado, la citación de testigos clave o la habilitación de un intérprete que le permitiera comprender el proceso y defenderse adecuadamente. Además, la celeridad con la que se fijó la vista, la falta de información sobre sus derechos y la ausencia de medidas de protección la dejaron, sostiene, en una situación de indefensión, en la que enfrentarse a un procedimiento sin garantías procesales suponía un riesgo inasumible.