El nuevo sistema será exclusivamente digital, deberá ser interoperable con la Inspección de Trabajo y obligará a emitir un justificante diario individual para cada trabajador.
Las empresas que incumplan las nuevas obligaciones podrán enfrentarse a sanciones de hasta 10.000 euros por persona trabajadora afectada.
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Miércoles, 14 de mayo de 2025. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de mayo un proyecto de ley que modifica el régimen legal del control horario en las relaciones laborales. Si es aprobado por el Parlamento en los términos propuestos, obligará a todas las empresas a digitalizar el registro de jornada, garantizar su trazabilidad y entregar a cada persona trabajadora un justificante diario de su horario registrado. El objetivo declarado es reforzar el control sobre las horas trabajadas y garantizar que estas queden documentadas con valor probatorio.
El contenido del proyecto modifica lo establecido por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, norma actualmente en vigor. Ese decreto introdujo la obligación de registrar diariamente el inicio y fin de la jornada de cada persona trabajadora, con independencia del sector o tamaño de la empresa. También exigía conservar los registros durante cuatro años y garantizar su disponibilidad para la Inspección de Trabajo y los representantes legales de los trabajadores. No imponía un formato específico, por lo que se admitían tanto métodos manuales como digitales, y no preveía la entrega de ningún justificante individual a la persona trabajadora.
El proyecto aprobado el pasado 6 de mayo introduce tres cambios relevantes: el primero, que el registro horario deberá realizarse exclusivamente por medios digitales; el segundo, que deberá ser interoperable con los sistemas de la Inspección de Trabajo y permitir su consulta a distancia; y el tercero, que cada persona trabajadora deberá recibir diariamente un justificante individual con los datos de su jornada registrada. Este justificante será considerado documento probatorio en caso de conflicto.
También se refuerza el régimen sancionador. Las empresas que incumplan estas obligaciones podrán enfrentarse a sanciones que, según ha adelantado el Gobierno, podrían alcanzar los 10.000 euros por persona trabajadora afectada. A falta del texto definitivo que será debatido en el Congreso, el nuevo marco legal se plantea como una respuesta a los incumplimientos detectados desde 2019, cuando el registro horario pasó a ser obligatorio en todo el Estado.
Sector agrario
Uno de los sectores donde el cumplimiento ha sido más deficiente es el agrario, y particularmente el de los frutos rojos en la provincia de Huelva. Las campañas extraordinarias de inspección laboral desplegadas por el Ministerio de Trabajo entre 2022 y 2024 han documentado infracciones sistemáticas. En 2023, el 71,5 % de las fincas agrícolas inspeccionadas presentaban algún tipo de incumplimiento. En los controles más recientes, realizados a lo largo de 2024, la Inspección de Trabajo ha seguido detectando infracciones en al menos una de cada tres explotaciones visitadas.
Entre las irregularidades observadas destacan la inexistencia total de registro horario, el uso de hojas colectivas sin validez legal, la ausencia de acceso a la información por parte de las personas trabajadoras o el empleo de sistemas manuales que no reflejan la jornada real. En varios casos se ha constatado que los registros eran cumplimentados por personal de la empresa sin intervención del trabajador, o incluso rellenados a posteriori sin correspondencia con los horarios efectivos.
La Federación Onubense de Empresarios (FOE) manifestó desde 2019 su rechazo a la obligación de registrar la jornada, sosteniendo públicamente que la norma “criminalizaba al empresariado”. A día de hoy, no se ha hecho pública ninguna posición oficial de esa organización ante el nuevo proyecto de ley. Tampoco constan pronunciamientos recientes de asociaciones empresariales del sector agrícola en la provincia sobre la digitalización obligatoria del registro ni sobre la entrega diaria de justificantes individuales.
Por su parte, los sindicatos han insistido en el valor que tendría un sistema de control horario digital efectivo para prevenir abusos. En octubre de 2023, UGT y CCOO cifraron en 55 millones de euros el fraude salarial estimado en el campo onubense, en relación con horas trabajadas no remuneradas, pagos por debajo del convenio y otras prácticas irregulares. Otras organizaciones sindicales, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, elevaron esa estimación a más de 100 millones si se incluían también las cotizaciones no ingresadas y los contratos en fraude de ley.
La nueva legislación no está todavía en vigor y su entrada en aplicación dependerá de su tramitación parlamentaria y del desarrollo reglamentario posterior. Mientras tanto, continúa vigente el régimen establecido por el Real Decreto-ley 8/2019. La diferencia fundamental será si, con el nuevo sistema, las obligaciones que ya existen pasan a cumplirse efectivamente, también en sectores donde hasta ahora han sido sistemáticamente ignoradas.
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