La operación municipal desafía el PGOU y reabre el debate sobre el dominio público.
De Fuengirola a Cádiz: fallos judiciales que advierten sobre la privatización de párquines.
Lunes, 28 de julio de 2025. La polémica en torno a la futura Plaza del Mercado del Carmen no es un capricho. Las alegaciones presentadas por el partido Mesa de la Ría al proyecto municipal revelan un entramado de decisiones que afectan a la legalidad urbanística, a la sostenibilidad ambiental y, en última instancia, a los derechos de los ciudadanos de Huelva sobre su propio patrimonio. Bajo el brillo de las infografías y la promesa de modernidad, el Ayuntamiento ha pactado una operación que, de confirmarse, supone la pérdida irreversible de un bien público y un retroceso en los estándares de diseño urbano.
El Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (PGOU) establece de manera clara que el aparcamiento bajo la plaza debía ser público y de rotación. No es una cláusula decorativa, sino una determinación con rango normativo que obliga al consistorio a garantizar que esas plazas estén disponibles para todos los ciudadanos. La venta del subsuelo a la empresa granadina OnlyParking S.L., por 642.929,17 euros, choca frontalmente con esa previsión.
No consta que el Ayuntamiento haya tramitado la modificación del PGOU necesaria para alterar el uso de dotación pública que tenía el aparcamiento. En lugar de ello, se optó por un procedimiento administrativo de “desafectación” que convierte el bien de dominio público en patrimonial para poder venderlo. Sin embargo, la ley exige que esa desafectación esté sólidamente justificada en interés general. Ni informes jurídicos ni estudios económicos avalan la decisión. El precedente es peligroso: si cualquier administración puede vender lo que era de todos sin justificarlo, ¿qué quedará del patrimonio común?
Dominio público, negocio privado
El modelo de gestión elegido es tan cuestionable como la venta en sí. En lugar de una concesión administrativa temporal —fórmula habitual que permite explotar un aparcamiento durante un tiempo determinado y luego devolverlo al municipio— el Ayuntamiento ha optado por vender las plazas a particulares a perpetuidad. Con esta operación, el consistorio pierde para siempre el control sobre un recurso estratégico en el centro de la ciudad.
La jurisprudencia no es favorable a este tipo de maniobras. En Fuengirola, la justicia anuló una operación similar y obligó a revertir el aparcamiento al dominio público por considerarla arbitraria y lesiva para el interés general. En Cádiz, un juzgado ordenó cerrar un parquin que vulneraba el planeamiento urbanístico. En Madrid, varios intentos de convertir párquines municipales en garajes privados fueron frenados ante la presión vecinal y las dudas legales. Los tribunales han sido claros: el dominio público no se malvende sin consecuencias.
Una plaza sin sombra en tiempos de cambio climático
Más allá de la cuestión patrimonial, el diseño de la nueva plaza plantea serios problemas de sostenibilidad. El proyecto se basa en un pavimento continuo de mármol, granito y basalto, materiales de alta inercia térmica que absorben calor durante el día y lo liberan durante la noche, elevando la temperatura ambiente. Con apenas diez árboles de bajo porte en maceteros y sin zonas ajardinadas significativas, el espacio quedará expuesto a un efecto isla de calor que contradice cualquier política seria de adaptación climática.
Las leyes andaluzas son claras: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz y la Ley de Cambio Climático obligan a integrar criterios ambientales en el diseño urbano. Se exige infraestructura verde, sombras naturales, materiales que mitiguen el calor y espacios pensados para el confort ciudadano. Nada de eso aparece en los planos. Incluso se eliminan elementos previstos en versiones anteriores, como dos fuentes ornamentales y una zona de juegos infantiles, reduciendo aún más la calidad del espacio público.
En un contexto de crisis climática, donde las ciudades buscan renaturalizarse para sobrevivir al calor, el proyecto del Carmen parece anclado en un urbanismo neoherreriano propio del pasado: piedra, cemento y poco más. Lo contrario de lo que recomiendan manuales técnicos, estrategias de sostenibilidad y buenas prácticas urbanas.
Impacto sobre el comercio y la accesibilidad
La privatización del aparcamiento no es solo una cuestión de legalidad; tiene consecuencias directas en la economía local. Un aparcamiento público rotatorio facilita la llegada de clientes al comercio del centro histórico. La venta de plazas a residentes reducirá drásticamente la rotación, encarecerá el acceso y desincentivará las visitas. Para los negocios del casco antiguo, ya golpeados por la competencia de grandes superficies, esta medida puede ser letal.
El impacto social es igual de evidente. Un bien que debía estar al servicio de todos pasará a manos de unos pocos. Quienes no puedan permitirse comprar una plaza o pagar tarifas más altas quedarán fuera. Se erosiona así el principio de equidad en el acceso a los espacios urbanos. Lo que era patrimonio común se convierte en privilegio.
El Ayuntamiento argumenta que la venta ahorra dinero público y genera ingresos por impuestos. Es un cálculo miope: el ingreso único por la venta no compensa la pérdida a largo plazo de un recurso que podría generar beneficios sostenidos y, sobre todo, servir al interés general. La experiencia de otras ciudades demuestra que estas operaciones suelen ser “pan para hoy y hambre para mañana”.
Antecedentes que pesan como advertencia
Los casos de Fuengirola, Cádiz y Madrid son solo ejemplos de una tendencia: los tribunales y la opinión pública rechazan las privatizaciones encubiertas de bienes públicos. Allí donde se han intentado, se han encontrado con sentencias que devuelven a los ciudadanos lo que nunca debió dejar de ser suyo. En Huelva, la operación rompe con décadas de práctica administrativa, donde los aparcamientos bajo plazas públicas se gestionaban en régimen de concesión, con control municipal y beneficio colectivo.
En materia ambiental, las ciudades que quieren ser competitivas están rediseñando sus espacios con más verde, más sombra y materiales que reduzcan el calor. Sevilla, Málaga o Córdoba avanzan en esa dirección. Huelva, con este proyecto, se queda atrás.
Las alegaciones registradas contra el proyecto no son una formalidad. Se apoyan en normativa vigente, en jurisprudencia y en principios de sostenibilidad que ninguna administración responsable debería ignorar. Si el Ayuntamiento sigue adelante sin responder a estos argumentos, se expone no solo a la crítica ciudadana, sino a posibles impugnaciones judiciales que pueden dejar el proyecto en entredicho.
Lo que se discute no es solo el diseño de una plaza. Es el modelo de ciudad que Huelva quiere para su futuro. Una ciudad que vende su patrimonio, que construye espacios ardientes y que margina a quienes no pueden pagar, o una ciudad que protege lo que es de todos, se adapta al clima y crea espacios públicos inclusivos.
Hoy, tras las alegaciones presentadas, el debate ya no es técnico, sino político y ético. ¿Para quién se construye la Plaza del Mercado del Carmen? ¿Para la ciudadanía o para el negocio privado? En esa respuesta se mide el verdadero compromiso de quienes gobiernan con Huelva y con su gente.
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