Presentado por Ecologistas en Acción
Viernes, 20 de septiembre de 2024. En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el consejero de Industria, Energía y Minas define la suspensión de la Autorización Ambiental Unificada como «un contratiempo» y asegura que el proyecto de reapertura seguirá dando pasos hacia adelante, obviando el rechazo de Greenpeace, de Ecologistas en Acción y de miles de ciudadanos del Aljarafe sevillano que ya se han manifestado en contra y que todavía recuerdan la catástrofe medioambiental de 1998
El Gobierno andaluz ha matizado este martes la repercusión de la suspensión temporal de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que concedió para recuperar la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) con la idea de que «es temporal» y, por ello, «es un contratiempo más que algo con mayores consecuencias«, ante una paralización administrativa acontecida tras un recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción. Son las palabras del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.
Ante la pregunta de EL LIBRE de si el Gobierno andaluz se posiciona en los intereses empresariales y no en los propiamente ciudadanos o puramente ambientales, teniendo en cuenta las concentraciones realizadas por miles de vecinos del Aljarafe que están en contra de este proyecto, Paradela ha replicado que «no podemos hacer una política industrial de espaldas a los ciudadanos«. Pero el resto de su discurso fue de apoyo a un proyecto muy preocupante en términos de impacto ambiental.
Ha planteado aquí que no sería viable «un proyecto que no cumpla la legalidad vigente», por lo que ha resaltado «la cantidad de análisis previos a que se realice el vertido», así como «las 1.500 analíticas (antes de empezar a verter) en tres puntos diferentes del proyecto diariamente».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha puesto voz a ese mensaje de relativizar esa suspensión momentánea con la idea de que «no implica la cancelación definitiva» de la Autorización Ambiental Unificada.
Cuestionado por la posibilidad de que, tras la revisión que impone el recurso de alzada pudieran surgir exigencias adicionales a la empresa concesionaria del proyecto, el consejero ha asegurado que «no preveemos otras consecuencias», por lo que ha esgrimido que se trata de «un proyecto minucioso en autorizaciones«, idea que ha reforzado hablando de un «trámite previo de dos años«, de manera que «estamos reconfortados con el rigor de los informes«.
En ese sentido ha querido «respaldar el rigor y la solvencia de los procedimientos técnicos detrás de la Autorización Ambiental Unificada».
Mientras los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía analizan las exigencias de ese recurso de alzada de Ecologistas en Acción, Paradela ha apelado a que, en el caso de su departamento, sus competencias se centran «en los proyectos de explotación y de restauración», que prosiguen, y por ello se encuentran «las nuevas alegaciones de los grupos de interés en este trámite de audiencia».
El consejero de Industria ha argumentado que «los proyectos mineros son los más complejos», por lo que ha blandido que se trata de una tramitación garantista por cuanto están «sometidos a períodos de información pública, al trámite de audiencia», antes de reafirmarse en que «estamos ocupados en atender a ese recurso», convencido de que, «una vez se atienda el recurso, no impedirá la tramitación sustantiva» del proyecto minero.
Recurso de alzada de Ecologistas en Acción
Este lunes se hizo pública la suspensión automática y «temporal» de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para el proyecto de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar (Sevilla) tras un recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción el pasado 12 de agosto.
La mina se cerró en enero de 2002 tras la catástrofe natural de 1998, cuando se produjo la rotura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
El proyecto cuenta con la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, zinc y plomo), durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
Esta organización ecologista sostiene que el proyecto implica «verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al Estadio de la Cartuja«, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos nocivos para un entorno declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.
@Francisconuba
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