El centro de residuos de Villarrasa vuelve a verter lixiviados a los arroyos del entorno

Ecologistas en Acción denuncia nuevas “aguas negras” hacia la Cañada de la Morita y el Arroyo de Buenavista, afluentes del Rubio que desemboca en el Tinto.

La planta, propiedad de la Diputación de Huelva y gestionada por una concesionaria, ha recibido inversiones millonarias en los últimos años.

Martes, 17 de febrero de 2026. El centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Villarrasa vuelve a registrar vertidos de lixiviados hacia cauces del entorno. Ecologistas en Acción ha denunciado la existencia de “aguas negras” que discurren desde las instalaciones hacia la Cañada de la Morita y el Arroyo de Buenavista, ambos afluentes del arroyo del Rubio, que desemboca en el río Tinto.

Según la organización, los vertidos se producen nuevamente tras episodios de lluvia y los lixiviados —las aguas que entran en contacto con los residuos y arrastran su carga contaminante— discurren desde las balsas interiores hacia los barrancos que atraviesan una zona forestal y agrícola. La entidad ha trasladado la denuncia, con documentación gráfica, a las Delegaciones territoriales en Huelva de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y ha solicitado a la Junta de Andalucía que investigue los hechos.

Ecologistas en Acción sostiene que la imagen del recinto no responde a la de una planta modélica de reciclaje. En su visita al lugar, afirma haber constatado una acumulación masiva de residuos y la circulación de lixiviados hacia el exterior de la instalación. La organización plantea que debe determinarse si las obras ejecutadas el pasado año eran las adecuadas o si, por el contrario, se están produciendo vertidos incontrolados en una zona de carácter eminentemente agrícola.

Juan Romero, en nombre de Ecologistas en Acción, afirma que la problemática no es nueva. “Los vertidos ilegales de los lixiviados de la planta de residuos sólidos y urbanos de Villarrasa han sido numerosos a lo largo del historial de esa planta que funciona desde el año 1995 y, sin embargo, no tenemos conocimiento que haya sido sancionada esta empresa gestora por los incumplimientos de la autorización ambiental”. Añade que se trata de “una planta teóricamente de reciclaje, pero que recicla poco”.

Romero señala que “hay muchos residuos que terminan directamente en el vertedero y enterrados” y recuerda que la instalación da servicio a la totalidad de los municipios de la provincia de Huelva. El centro es propiedad de la Diputación Provincial y está gestionado por una empresa concesionaria.

La organización ha solicitado que se abra investigación y que se depuren responsabilidades en caso de incumplimiento de la autorización ambiental integrada. “Hemos puesto en conocimiento de la delegación de Medio Ambiente y de Agricultura estos vertidos de aguas contaminadas y putrefactas para que abran una investigación y se aplique la legalidad y en definitiva se arregle el problema de vertidos de lixiviados que arrastra esta planta desde sus orígenes”, sostiene Romero.

No es el primer episodio denunciado. En agosto del pasado verano se comunicó un vertido a un arroyo que fue justificado por la empresa gestora y por la Diputación como el supuesto afloramiento de agua subterránea en un antiguo vaso construido en torno al año 2000, atribuido a las lluvias de meses anteriores. En aquella ocasión, la Diputación afirmó que se activaron “los recursos y medios tanto internos como externos previstos en el protocolo de seguridad para contener el afloramiento” y que se realizó “un dique de contención para su encapsulamiento y evitar la salida”. Ecologistas en Acción considera poco probable esa explicación debido al sistema rocoso de la zona.

Las denuncias actuales se producen tras una etapa de importantes inversiones públicas en la instalación. En 2025 la planta recibió una inversión de 428.100 euros para “incrementar la eficacia”, según datos difundidos por la propia Diputación. En 2023 se destinaron 2,5 millones de euros para “mejorar la línea de tratamiento de muebles y residuos voluminosos”. Con anterioridad, entre 2006 y 2010, se ejecutó una actuación valorada en 16,5 millones de euros destinada a “mejorar la gestión que se realiza en el centro, aumentando la cantidad de materiales recuperados y cumpliendo con lo establecido en la nueva normativa ambiental”.

Pese a ese volumen de inversión acumulada, Ecologistas en Acción sostiene que el centro no cumple su objetivo final. “Le pedimos a Diputación que invierta para mejorar la gestión de los residuos, al día de hoy muy deficitaria”, afirma Romero. Esa mejora, concreta, pasaría por “depurar todas las aguas que entran en contacto con los residuos, clasificar todos los residuos y reciclarlo, insistiendo en la separación en origen y convirtiendo la gestión de los residuos en una verdadera economía circular y no en un clásico vertedero”.

Romero añade que, si fuese necesario, deben reforzarse “los medios y recursos para que la planta sea ejemplarizante y de reciclaje y que cobre las tasas acorde al servicio del reciclado y no por el enterramiento de los residuos”.

La organización considera que la reiteración de vertidos cada vez que llueve obliga a aclarar si las inversiones ejecutadas han sido suficientes y adecuadas o si la planta continúa operando con deficiencias estructurales que permiten la salida de lixiviados al entorno natural. Solicita que la Junta de Andalucía determine si existe incumplimiento de la autorización ambiental y, en su caso, abra expediente sancionador y obligue a la empresa gestora a realizar las modificaciones necesarias para ajustarse a la legalidad vigente.