El tribunal requiere a la Consejería de Sostenibilidad la entrega de documentación reclamada por Ecologistas en Acción en el recurso contra la autorización ambiental de Minera Los Frailes
El informe técnico encargado por la propia Administración andaluza advierte, según el resumen facilitado, de problemas de calidad del agua en determinados escenarios de caudal y señala al cadmio como parámetro crítico
Domingo, 10 de mayo de 2026. La reapertura de la mina de Aznalcóllar vuelve a situar a la Junta de Andalucía ante una pregunta incómoda: qué documentación ha puesto realmente sobre la mesa en el procedimiento judicial abierto contra la autorización ambiental que permite a Minera Los Frailes, filial de Grupo México, verter aguas industriales al estuario del Guadalquivir durante los años de explotación previstos.
Según ha denunciado Ecologistas en Acción, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha requerido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para que remita, en el plazo de diez días, documentación que la organización ecologista considera esencial para poder formular su demanda contra la Autorización Ambiental Unificada concedida en julio de 2024.
El procedimiento, identificado por Ecologistas en Acción como 621/2024, se inició en octubre de 2024 contra la autorización ambiental otorgada por la Administración autonómica. Esa autorización incluye el permiso de vertido a Minera Los Frailes para evacuar más de 85.000 millones de litros de aguas al estuario del Guadalquivir, en una zona incluida en la Red Natura 2000, según el comunicado de la organización.
La cuestión no es menor. Ecologistas en Acción sostiene que la Junta ha remitido el expediente incompleto al TSJA hasta en tres ocasiones, lo que, a juicio de la organización, ha retrasado durante año y medio la posibilidad de formalizar la demanda. La Consejería, por su parte, ha negado que exista “mala fe” o una ocultación deliberada de documentación, según recogió Europa Press.
El documento cuya ausencia ha motivado el nuevo requerimiento judicial es, según Ecologistas en Acción, un informe técnico elaborado en 2023 por SITRA, una consultora especializada en gestión de aguas industriales. Ese trabajo habría sido encargado por la Dirección General de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría General del Agua, para simular y evaluar los efectos del vertido sobre los objetivos ambientales de la masa de agua afectada, considerando distintos escenarios de caudal en el estuario.
La Junta, según la organización ecologista, solo habría facilitado un resumen de ese informe. En ese resumen se indicaría que, si el caudal desembalsado en la presa de Alcalá del Río es inferior a 35 metros cúbicos por segundo, el vertido de Minera Los Frailes no permitiría alcanzar los objetivos de calidad en la masa de agua receptora. También se señalaría que el cadmio aparece como el parámetro más crítico, con una concentración 400 veces superior al valor de base en el río.
El TSJA reclama además, según la documentación facilitada por Ecologistas en Acción, datos más precisos sobre la distribución de varios metales y metaloides presentes en el vertido: cadmio, plomo, mercurio, níquel, arsénico, cobre, cromo y zinc.
La autorización ambiental de julio de 2024 aprobó, siempre según la denuncia ecologista, un incremento del volumen de vertido durante los 17 años de explotación: de 2.600.000 metros cúbicos anuales a 4.000.000. La diferencia total alcanzaría los 23.800.000 metros cúbicos adicionales respecto a lo inicialmente proyectado. Ecologistas en Acción sostiene que ese aumento, cifrado en un 53%, no fue sometido a información ni participación pública.
El fondo del conflicto no se limita al volumen de agua autorizado. La organización ecologista cuestiona también que la evaluación ambiental haya tenido en cuenta el comportamiento real de los metales y metaloides en el estuario. Según su planteamiento, esos contaminantes pueden adherirse a partículas en suspensión y depositarse en los sedimentos del río, una cuestión que, afirma, ya ha sido analizada en publicaciones científicas de investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada.
Por ello, Ecologistas en Acción reclama una revisión científica independiente, mediante un comité de expertos, antes de consolidar una autorización que afecta al estuario del Guadalquivir y a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y de ocio sostenible entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda.
La controversia llega además en vísperas de la movilización convocada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Salvemos el Guadalquivir y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, prevista para este sábado desde Bajo de Guía, junto a la desembocadura del Guadalquivir frente a las costas de Doñana.
La Junta defiende la legalidad de su actuación. Ecologistas en Acción sostiene que el expediente judicial sigue sin contener documentación técnica relevante. Entre ambas posiciones, el TSJA ha dado ahora un plazo concreto: diez días para entregar lo reclamado. Y el Guadalquivir, una vez más, queda convertido en el lugar donde se cruzan la minería, la Administración, los tribunales y una pregunta elemental: quién está evaluando, con qué documentos y bajo qué garantías, los riesgos de unos vertidos que pueden condicionar durante años el futuro ambiental del estuario.
Sea el primero en desahogarse, comentando