Jueves, 30 de octubre de 2025. Las convocatorias realizadas para cubrir puestos directivos de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) establecen, a partir del 22 de diciembre de 2022, que la evaluación de la idoneidad de los candidatos se realice en base a una “resolución” de la Dirección Gerencia del SAS que es nula de pleno derecho.
Por tanto, dichas convocatorias deben ser anuladas mediante su revisión de oficio, que conlleva graves efectos como la anulación de los nombramientos efectuados desde esa fecha, afectando a más de 250 nombramientos de directivos, incluidos los de grandes Hospitales andaluces.
La Fiscalía debería actuar de oficio por la presunta comisión del delito de prevaricación continuada, porque es muy posible que los responsables del SAS hubieran estado actuando con conocimiento de los hechos, especialmente si la OAAF le requirió al SAS que informase sobre la denuncia presentada en 2023 por la asociación Justicia por la Sanidad.
Este artículo vuelve a acreditar lo que la asociación Justicia por la Sanidad denunció con relación al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama y que fue publicado por este diario: el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) se caracteriza por la inseguridad jurídica, dado que está sumergido en un océano de ilegalidades.
Entre los más de 250 puestos directivos se encuentran Direcciones Gerencias de centros sanitarios como el Hospital “Virgen del Rocío” de Sevilla, el Hospital de Jaén o el Hospital Regional de Málaga, así como numerosas Direcciones y Subdirecciones Médicas y Económica-Administrativas de los Hospitales y Direcciones Gerencias y Directores de Salud de Distritos Sanitarios y Áreas de Gestión Sanitaria.
Lo grave es que estos hechos fueron denunciados a la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) en diciembre de 2023 por la citada asociación y publicado en este diario, y sigue sin resolverse la denuncia. De haberlo hecho a tiempo, se hubiera evitado lo que a continuación se explica. A la vista de los hechos que se acreditan en este artículo, su Director debería presentar inmediatamente su dimisión o ser cesado, y la OAAF debería cerrarse por ineficaz e ineficiente.
Las Administraciones sanitarias andaluzas y sus entes instrumentales funcionan al margen de las leyes y reglamentos, y en ello tiene mucho que ver que el gobierno andaluz nombre como altos cargos -y estos a directivos en el SAS- a profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, etc.), que, aunque puedan conocer sus profesiones sanitarias, sobre el funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía y el ordenamiento jurídico carecen de los necesarios conocimientos y experiencia, y cuando algún funcionario de carrera los asesora convenientemente al ser requerido para ello (que son muy pocas veces, lamentablemente), le marginan si no les interesa lo informado para sus objetivos personales o partidistas, y acaban actuando arbitraria o caprichosamente.
Lo grave es que las consecuencias de esta forma de proceder las pagan los usuarios del SSPA, incluso con sus vidas (el nexo causal es evidente), ante la incompetencia y abusos de poder de los gobernantes que caracteriza a la corrupta partidocracia instituida en España en 1978.
Los efectos que ha generado esta nueva atrocidad del gobierno de Moreno Bonilla son terribles, dado que la anulación de actos nulos de pleno derecho tiene efectos retroactivos (“ex tunc”), lo que significa que el acto se considera inexistente desde su origen y elimina todos los efectos jurídicos que hubiera producido. Entre otros efectos, tendríamos:
1º) La anulación de las convocatorias de los puestos directivos, unos actos que no pueden ser convalidados, lo cual conlleva la anulación de los nombramientos de los directivos. Esto implicaría la devolución de las retribuciones cobradas por los mismos, y estos podrán presentar reclamaciones patrimoniales al SAS cuyas indemnizaciones pagaríamos todos los ciudadanos, generando, además, más cargas administrativas que podrían haberse evitado si el SAS hubiera actuado correctamente.
Como suele ser habitual, la Administración andaluza no exigirá después las responsabilidades personales (reclamaciones económicas) y disciplinarias a los cargos, directivos y empleados públicos que hayan participado en esta atrocidad con su cuota de responsabilidad, aunque así lo disponga la Ley.
2º) Al anularse dichos nombramientos, el tiempo desempeñado por dichos directivos que fueran estatutarios cuando fueron nombrados, no podría computarse a efectos de sus carreras profesionales, lo que obligará a revisar aquellos reconocimientos que, en su caso, se hubiesen aprobado.
Llegados a este punto, habrá que preguntarse de qué hablan los sindicatos cuando se reúnen en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, pues el 18 de abril de 2022 firmaron un Acuerdo con el SAS (BOJA de 26/04/2022) en el que se computa la ocupación en puestos directivos para la acreditación de la carrera profesional, y nada han denunciado tras aprobarse la citada “resolución” de diciembre de 2022, siendo nula de pleno derecho.
Asimismo, los partidos de la “oposición” del Parlamento andaluz deberán explicarles a los andaluces a qué dedican su tiempo de “trabajo”, dado que ninguno ha denunciado esta nueva atrocidad del SSPA.
Los hechos que acreditan las graves ilegalidades cometidas
Esta atrocidad nace con la “resolución” que aprobó el entonces Director Gerente del SAS, Diego Agustín Vargas Ortega, regulando los requisitos que debían tenerse en cuenta para evaluar la idoneidad de los candidatos. La susodicha se titula “Resolución 93/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios reglamentarios para la evaluación de la idoneidad de candidatos aspirantes a puestos directivos de los centros del servicio andaluz de salud”.
En el preámbulo de dicha resolución de 2022 se indica que el Decreto 132/2021, de 6 de abril, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios, establece que “se llevará a cabo mediante el sistema de libre designación a través de procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. La evaluación de la idoneidad se realizará mediante el sistema de acreditación de competencias profesionales que reglamentariamente se establezca”. Es decir, que reconoce que está actuando a sabiendas de la ilegalidad que se cometía.
Mientras se aprobaba dicho reglamento por la consejería de Salud (ahora Sanidad), el Decreto 132/2021 estableció que se siguiera utilizando transitoriamente el anterior Decreto 175/2007 que la nueva norma derogaba. Y así lo estuvo haciendo el SAS durante un tiempo hasta que, a un lucero del SAS –o a más de uno- no se le ocurrió nada mejor que actuar al margen del ordenamiento jurídico.
Como la consejería de Salud llevaba casi dos años desde la aprobación del citado Decreto 132/2021 sin aprobar el necesario reglamento que exigía el gobierno andaluz en la citada norma, el Director Gerente del SAS, con su habitual proceder al margen de la ley, en vez de solicitar a la consejería de Salud que aprobase urgentemente el citado reglamento, aprobó una norma reglamentaria sin tener la potestad para ello y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para aprobarla. Y, para colmo, bajo la forma irregular de “resolución”, cuando ni siquiera resuelve un procedimiento.
Dado que dicha “resolución” regula los criterios para la evaluación de la idoneidad de candidatos aspirantes a puestos directivos, lo cual es materia del reglamento que debía aprobar la consejería de Salud como órgano habilitado para ello por el citado Decreto 132/2021, esa “resolución” es nula de pleno derecho, y deberá someterse a la procedente revisión de oficio para su anulación, con los graves efectos que conlleva dicha anulación.
Para colmo de males, desde hace unos años, en otro claro abuso de poder de esta partidocracia, el gobierno andaluz que dirige Moreno Bonilla modifica reglamentos con decretos-leyes que afectan a los derechos reconocidos por el Estatuto de Autonomía, incumpliendo la Ley Orgánica de 2007 que aprobó dicho Estatuto, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Como explico en mis conferencias mensuales, los gobernantes actúan continuamente al margen del ordenamiento jurídico.
Sin perjuicio de la responsabilidad que puedan tener los funcionarios o estatutarios que hayan participado en este nuevo escándalo, tras la evidente responsabilidad del Director Gerente que aprobó la citada “resolución”, Vargas Ortega (médico de familia), también tienen la suya los Directores Gerentes del SAS que han seguido aplicando la citada “resolución”, que son Miguel Ángel Guzmán Ruiz (médico de familia y hoy Director Médico en ASISA Andalucía, que está siendo investigado) y María del Valle García Sánchez (médico especialista en Digestivo, también investigada), que sigue como Directora Gerente en la actualidad sin actuar para anular dicha “resolución” mediante la correspondiente revisión de oficio.
Si la OAAF le remitió al SAS la denuncia de la asociación Justicia por la Sanidad para que alegara, habría estado actuando con conocimiento de los hechos, lo que obligaría a la Fiscalía a actuar, por la presunta comisión del delito de prevaricación continuada.
Por otro lado, tampoco se escapan de las necesarias exigencias de responsabilidades los altos cargos que han ocupado la Dirección General de Personal del SAS, así como parte de sus directivos y empleados, dado que son los que han tramitado dichas convocatorias y adjudicaciones del personal directivo del SAS. ¿Nadie ha advertido por escrito de la grave ilegalidad que se estaba cometiendo de forma continuada? Los Directores Generales de Personal del SAS, nombrados por el gobierno de Moreno Bonilla y que tienen su cuota de responsabilidad, han sido Carmen Bustamante Rueda (enfermera), cuyo nombramiento en 2022 fue valorado muy positivamente por el sindicato SATSE, y José Luis Sedeño Ferrer, licenciado en Derecho, nombrado el 1 de agosto de 2024.
Por cierto, los aspirantes que presentaron su solicitud para ocupar puestos directivos, admitieron la ilegalidad de las bases de las convocatorias, lo que revela la incompetencia de todos ellos para dirigir cualquier centro sanitario o directivo del SAS. Así está el SSPA, dirigido por los “hombres de Paco”, como certeramente dijo ayer en 7TV Málaga el secretario de la asociación Justicia por la Sanidad, Antonio Barreda, y que está deteriorando a pasos agigantados el SSPA.
Y llegados a este punto, habrá que preguntarse por qué la Dirección Gerencia del SAS no pregunta a la Asesoría Jurídica que tiene adscrita antes de aprobar estas “resoluciones” nulas de pleno derecho. ¿Lo hace intencionadamente para que nadie informe por escrito lo que no quieren leer? ¿De qué personal se rodean los Directores Gerentes del SAS para ser “asesorados”? Son tan ineptos en la Dirección Gerencia del SAS que la “resolución” en cuestión indica que se dicta en base a la “habilitación de ejecución” del Decreto 132/2021, que nada tiene que ver con la habilitación de desarrollo del mismo, que expresamente atribuye dicho decreto a la consejería de Salud.
Esto no puede ser casualidad, sino que roza casi lo delictivo, aunque después venga la Audiencia Provincial de turno (como la de Granada) diciendo que un Director Gerente que sea médico no puede prevaricar porque desconoce la legislación, aunque cobre sus retribuciones acordes a la responsabilidad del puesto y no disponga los medios necesarios para no cometer dichas ilegalidades (por ejemplo, asesorándose por los Letrados). ¿Se comprende ahora mejor por qué los partidos nombran a médicos y enfermeras como altos cargos y directivos en el SAS? ¡Ancha es Andalucía para la corrupción!
Con relación al asesoramiento de la Dirección Gerencia, hay que recordar que en los Servicios Centrales del SAS, según la última información obtenida por la asociación Justicia por la Sanidad y que también fue denunciado en 2023 a la OAAF (sigue guardada en un cajón), hay 454 estatutarios asignados “a dedo” sin ninguna convocatoria pública (el Servicio de Salud gallego, por ejemplo, efectúa convocatorias públicas para todas las comisiones de servicio), cuya inmensa mayoría desconoce el ordenamiento jurídico, y que encima han sido sustraídos de los centros sanitarios en los que debían estar trabajando como médicos de familia, enfermeros, psicólogos, administrativos, etc.
Después llegará Moreno Bonilla y Antonio Sanz diciendo que el problema es que no hay profesionales, y el pueblo andaluz se lo traga sin conocer estas prácticas corruptas o al no tener ningún interés por informarse adecuadamente a través de este diario. Por último, las leyes del Parlamento y los decretos del gobierno andaluz están repletos de artículos que habilitan y remiten al gobierno y a la consejería de turno a aprobar los necesarios reglamentos. Sin embargo, Moreno Bonilla, que debería controlar estas previsiones legales y reglamentarias (a esto se llama gobernar y controlar a los consejeros), se dedica a apelar a los sentimientos del pueblo y hacerse fotos demagógicas, con inauguraciones, festejos, días mundiales como el del cáncer, etcétera. Todo esto no es fruto de la casualidad, sino que la corrupción es un factor de gobierno: si Moreno Bonilla no controla a su gobierno adecuadamente, es porque busca la ganancia de pescadores en río revuelto.
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