Discapacidad: la crueldad como política de Estado de Javier Milei

Martes, 24 de febrero de 2026. El ataque frontal y desmedido al colectivo de personas con discapacidad ha sido una constante en el ejecutivo de Javier Milei desde que asumió el gobierno argentino. Entre los aspectos más dolorosos de su conocida “motosierra”, el presidente decidió eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad y dejar a miles de ciudadanos en una situación de incertidumbre y desamparo. La crueldad como política de Estado no es ya una consigna retórica, sino una experiencia concreta para quienes dependen de políticas públicas que garanticen su autonomía y dignidad.

Un trabajador que adquirió una discapacidad tras un accidente laboral, con quien conversé mediante videoconferencia, no entiende por qué su colectivo se ha convertido en la diana de los más feroces ataques verbales y del desmantelamiento institucional. “A mí la vida ya es difícil como para añadir este desprecio institucional”, me dijo con serenidad contenida. Reconoce que el apoyo de su familia ha sido decisivo para resistir los recortes, pero advierte que no todos cuentan con esa red. “Hay gente que depende exclusivamente de la ayuda pública; sin ella, no hay plan B”.

Entre las consultas realizadas para este artículo, un licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba introduce un elemento incómodo en el debate. Señala que existe “un fraude muy extendido en muchas partes de Argentina respecto a las pensiones de discapacidad, con beneficiarios que además trabajan en negro. Se presentan radiografías falsas y un sinfín de irregularidades que cuestan dinero al Estado”. Su testimonio apunta a una problemática real que requiere controles eficaces, pero también alerta sobre el riesgo de convertir casos irregulares en argumento para una demolición generalizada del sistema.

Sin embargo, incluso admitiendo la necesidad de auditorías y transparencia, la respuesta gubernamental ha sido percibida por muchos como un castigo colectivo. La supresión de estructuras administrativas, la revisión masiva de prestaciones y el endurecimiento de los requisitos han generado angustia y desprotección. Las personas con discapacidad no reclaman privilegios, sino derechos reconocidos por la legislación nacional y por los tratados internacionales suscritos por Argentina.

El testimonio más contundente llega de una madre que cuida a su hijo con discapacidad severa desde hace más de veinte años. “No pedimos caridad —afirma—, pedimos que el Estado no nos dé la espalda. Mi hijo no es un número en una planilla ni un gasto a recortar”. Su voz resume la dimensión humana de esta controversia: detrás de cada expediente hay una historia de esfuerzo, dependencia y dignidad. Cuando la política económica se convierte en motosierra indiscriminada, la línea entre el ajuste y la crueldad se vuelve peligrosamente difusa.

A esta dimensión humana se suma una lectura política más amplia. Martín De Mauro Rucovsky, investigador del CONICET, sostiene que lo que ocurre con las personas con discapacidad forma parte de un clima cultural más profundo. Explica que, como ha señalado la antropóloga Rita Segato, se ha instalado en la lengua pública la crueldad como herramienta de gestión social: “Se está legitimando desde las estructuras de poder la posibilidad de ser más cruel con quien está debajo”.

Y añade: “Hay un plus liminal en eso, un goce. Vengarte o ser cruel con quien menos tiene te reafirma en una posición de superioridad. Aunque las condiciones materiales no cambien, en términos subjetivos te produce  placer”. Según su análisis, el presidente “funciona todo el tiempo con esa lógica”, y cita como ejemplo la desfinanciación de programas sanitarios: “Los retrovirales dejaron de ser gratuitos. ¿Qué pasa con las personas con
VIH? Van a morir o van a contraer sida. Es una decisión cruel”.

En relación con la discapacidad, Rucovsky señala una paradoja inquietante: “Milei es un personaje que se presenta como neurodivergente, que proviene de submundos culturales alternativos —el anime, el universo otaku—, espacios históricamente asociados a los márgenes. Y, sin embargo, la puesta en escena es la restauración patriarcal: los modelos más tradicionales de familia, el orden jerárquico, aunque él mismo no encaje en ese molde”.

Sobre los casos de fraude, introduce un matiz decisivo: “Se confunde la ineficiencia del Estado con la ejecución de un derecho inalienable. Los recursos pueden gestionarse de un modo más inteligente, más eficiente, más equitativo, más igualitario. Lo que no puede hacerse es señalar que el derecho no debería ejercerse porque se ejerce de modo deficiente. Ese es un error profundo”.

Su reflexión final es tajante: “La crueldad no es un efecto colateral. Es una forma de ejercer poder”. Si esto es así, el debate ya no es meramente presupuestario ni administrativo. Se trata de una discusión ética sobre el tipo de sociedad que se está construyendo y sobre quiénes quedan, deliberadamente, en los márgenes.

J. Nicolás Ferrando es fundador y director de Artelibro, una editorial que ha publicado un total de 85 libros y cuyo lema es la recuperación de lugares y personajes singulares. En su catálogo destaca la colección «21 distritos, 21 libros» en la que se puede encontrar un libro por cada uno de los distritos de Madrid. Colabora habitualmente con medios como La Mar de Onuba, El Mundo Financiero o El Constitucional.