El director de La Mar de Onuba pide el cese de la Subdelegada del Gobierno en Huelva por “permisividad cómplice” ante los abusos en la contratación GECCO

Perico Echevarría define en Onda Madrid el plan PRELSI de Interfresa como una “policía política» organizada por el lobby patronal frente a las denuncias de temporeras con la connivencia de la socialista María José Rico.

El periodista onubense denuncia la opacidad del acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones y exige acceso público al informe de verificación sobre los alojamientos.

Domingo, 15 de febrero de 2026. El director de La Mar de Onuba ha solicitado este sábado el cese de la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, al considerar que existe una “permisividad manifiesta y cómplice” ante los abusos que, según ha denunciado, sufren temporeras contratadas en origen para la campaña de los frutos rojos. La petición la ha formulado en antena durante una entrevista en el programa Madrid sin Fronteras, de la radio pública Onda Madrid, conducido por la periodista Clara Esteban.

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En esa intervención, Perico Echevarría ha vinculado la continuidad de esas situaciones a la actuación —o a la falta de actuación— de la administración del Estado en la provincia, y ha dirigido su solicitud de relevo a la Presidencia del Gobierno. “Públicamente solicito al Sr. Pedro Sánchez que cese a la delegada María José Rico”, ha dicho, antes de añadir que, a su juicio, se ha convertido “en un problema” que “pone en duda los derechos de las trabajadoras”.

Echevarría ha planteado la cuestión como un problema estructural asociado al modelo de “migración circular” y a la gestión de la contratación colectiva en origen (GECCO), que ha descrito como un sistema que, sobre el papel, incorpora garantías específicas para quienes llegan desde terceros países, incluido el alojamiento. En la entrevista ha sostenido que la norma que regula el programa “no se cumple” en la práctica, y ha atribuido la persistencia de incumplimientos a mecanismos de control y represalia que, según su relato, desincentivan que las trabajadoras denuncien por temor a no ser llamadas de nuevo en campañas posteriores.

Uno de los ejes más duros de su intervención ha sido la crítica al denominado PRELSI (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad) impulsado por Interfresa, la interprofesional del sector, al que ha descrito como “policía política organizada por el lobby patronal”, orientada, según sus palabras, a “proteger el daño reputacional” cuando afloran denuncias sobre condiciones de trabajo o de vida. Echevarría ha enmarcado esa afirmación en la idea de una suerte de omertà sostenida por el miedo que no se limita a episodios aislados.

En el apartado de alojamientos, el director de La Mar de Onuba ha enumerado situaciones que ha dicho haber conocido a través de su trabajo periodístico, citando casos de goteras, falta de higiene y estancias “impresentables”, además de afirmar que ha visto a mujeres “durmiendo en el suelo”. Al mismo tiempo, ha matizado que no todas las temporeras viven en condiciones degradadas y que existen empresas que, según ha dicho, “lo hacen bien”, aunque ha subrayado que el volumen de casos y el silencio que los rodea impiden, a su juicio, reducirlo a una excepción.

Echevarría también ha situado el foco en la falta de transparencia sobre un acuerdo de verificación vinculado a la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. En antena ha afirmado que ha intentado obtener una copia del informe que, según ha dicho, la OIM habría entregado al Gobierno en el marco de ese acuerdo, y que no ha logrado acceder al documento ni a través de la propia organización ni por vía Portal de  Transparencia ante la Administración. Ha defendido que, de existir, ese informe debe ser público.

Durante la entrevista. el director de La Mar de Onuba ha relatado además un caso concreto referido a una trabajadora colombiana, al que ha aludido como ejemplo de prácticas que considera irregulares en la gestión de la contratación en origen. Según su versión, la trabajadora fue llamada cuando la campaña ya estaba terminando y, tras llegar a España, se le habría pedido firmar una “baja voluntaria” y grabar un audio asumiendo esa renuncia, bajo la promesa de que así se le gestionaría un contrato en otra empresa; siempre según el relato expuesto en Onda Madrid, tras esa firma se le entregó un billete de avión para regresar a su país. Echevarría ha identificado en antena a un responsable de Interfresa, Youseff Laddoune, Coordinador del plan Presi,  al que ha atribuido el episodio y ha criticado la respuesta administrativa posterior, al afirmar que un expediente en Inspección de Trabajo se cerró validando la falsa «baja voluntaria» e ignorando la denuncia de la propia trabajadora sobre manipulación de pruebas orquestada por el lobby patronal.

La entrevista arrancó con una contextualización sobre la vulnerabilidad del colectivo de temporeras en Huelva —mujeres migrantes contratadas para campañas agrícolas— y con preguntas sobre el funcionamiento del sistema GECCO y la procedencia de las trabajadoras. Echevarría ha descrito un escenario de mano de obra estacional numerosa, diferenciando entre población residente en España, trabajadoras comunitarias y la contratación en origen desde países como Marruecos y varios países latinoamericanos, además de mencionar nuevas incorporaciones que, según ha dicho, se estarían ampliando este año.

En su tramo final, el director de La Mar de Onuba ha insistido en dos ideas: evitar una generalización indiscriminada que, según ha advertido, sería “injusta”, y señalar que, a su juicio, el problema se sostiene por la combinación de incumplimientos extendidos y falta de control efectivo. Sobre esa base ha formulado su petición de cese de la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, como una exigencia política ligada a la garantía de derechos laborales.

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