Elalcalde de Almonte, Francisco Bella, y y su Teniente de Alcalde, María Victoria Cáceres, señalados por un supuesto uso ilícito de una conversación privada entre ediles.
El magistrado Artillo Benítez reprocha que se haya vulnerado la intimidad con fines de confrontación política.
Jueves, 27 de marzo de 2025. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de La Palma del Condado ha acordado continuar el procedimiento penal contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella Galán, y su teniente de alcalde, María Victoria Cáceres Titos, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Los hechos, que el juez considera de especial gravedad, ocurrieron durante un pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), celebrado el pasado 8 de febrero de 2024 en Almonte, y fueron posteriormente utilizados como arma arrojadiza en un pleno municipal del Ayuntamiento almonteño.
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El auto, firmado el 24 de marzo por el magistrado Francisco Artillo Benítez, y alque ha tenido acceso La Mar de Onuba, acumula dos procedimientos: una querella presentada por el alcalde de Bonares, Juan Antonio García García, y una denuncia posterior del concejal almonteño José Miguel Espina Bejarano. Según el juez, María Victoria Cáceres, aprovechando su posición sentada tras García en el pleno de la MAS, habría tomado con su teléfono móvil una fotografía de la pantalla del terminal del alcalde bonariego, mientras éste mantenía una conversación privada de WhatsApp con Espina. La imagen fue, presuntamente, entregada por Cáceres al alcalde de Almonte, Francisco Bella, quien al día siguiente la exhibió públicamente en el pleno del Ayuntamiento como reproche directo a Espina por su supuesta connivencia con García.
El auto judicial no sólo descarta la petición de sobreseimiento solicitada por las defensas de los investigados, subraya la existencia de «sólidos indicios» que apuntan a que la fotografía fue tomada de forma intencionada y sin consentimiento, y que fue utilizada conscientemente por Bella a pesar de conocer su carácter privado. El documento detalla que en la grabación del pleno de la MAS se observa cómo Cáceres desbloquea su móvil, accede a la cámara, realiza zoom y enfoca deliberadamente la pantalla del terminal de García.
El juez subraya que no es necesario que el contenido de la conversación sea secreto para que se haya producido una vulneración del derecho a la intimidad. Lo relevante, destaca, es el hecho mismo de haber accedido y divulgado una comunicación entre dos personas ajenas al receptor. Y lo expresa con contundencia: «La privacidad de la comunicación no queda reservada al contenido, sino al hecho de haberse producido, y al hecho de haber intervenido en ella dos personas concretas».
Especialmente revelador resulta un pasaje del auto donde el magistrado tilda de «paradójico» el argumento de las defensas, que restaban importancia a la captura porque el mensaje “no contiene información y jamás podría perjudicar a nadie”. El juez recuerda que la conversación fue utilizada como arma política contra uno de los interlocutores: «Resulta paradójico que se afirme su irrelevancia cuando precisamente fue empleada como instrumento de confrontación pública».
Asimismo, el auto desmonta la versión de Cáceres, quien aseguró que la documentación fue elaborada por terceros y que desconocía su contenido. El juez lo considera poco verosímil y contradictorio con las pruebas audiovisuales, que muestran claramente su implicación directa en la captura de la imagen. De hecho, ninguna de las personas investigadas ha podido identificar a ese supuesto funcionario que, según su versión, les habría facilitado la fotografía.
Más allá del delito en sí, el documento judicial deja entrever el trasfondo político de una guerra sin cuartel en el seno de la Mancomunidad de Servicios y su operadora pública Giahsa. La conversación intervenida —una escueta interacción en la que García comparte una propuesta para el Ministerio y Espina responde con un pulgar alzado— fue sacada de contexto para acusar a este último de alinearse con posturas «en contra de los intereses» de Almonte. El propio juez resalta que la comunicación tuvo lugar en un contexto de «confrontación política» y que fue empleada públicamente por el alcalde para afear una supuesta traición interna.
La pieza judicial refuerza la percepción de que en el entorno de la MAS no sólo hay opacidad financiera o sospechas de irregularidades tarifarias. Ahora también hay señales claras de prácticas que, según la justicia, podrían vulnerar derechos fundamentales. La instrucción se dirige ya hacia juicio oral, siempre que así lo soliciten la Fiscalía o las acusaciones personadas.
Si la captura y difusión no consentida de mensajes privados en pleno institucional no es suficiente para abrir un debate político de calado, quizá sí lo sea el hecho de que este episodio de cloacas tecnopolíticas se haya producido en el seno de un ente público provincial en manos de cargos que, entre otras responsabilidades, gestionan agua, basura y millones de euros en nombre de toda la ciudadanía onubense.
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