Giahsa: “tarifazo” inminente tras un largo historial de opacidad y deudas
‘Giahsa, más allá del relato simplista’, por Juan Ignaco Tomico
Jueves, 27 de marzo de 2025. Este jueves, 27 de marzo, está convocada la Asamblea de la Mancomunidad de Servicios (MAS) que decidirá si aprueba o no una subida generalizada de las tarifas del agua. El llamado “tarifazo” de Giahsa afectaría a más de 150.000 abonados de 67 municipios onubenses. La propuesta del equipo de gobierno del PP, que ostenta la mayoría absoluta tras la incorporación de tres nuevos municipios afines, llega en un clima de fuerte contestación política, tensión institucional, y creciente malestar social.
Para el actual equipo directivo, el incremento es necesario para sanear las cuentas de una empresa pública cuya deuda acumulada supera los 160 millones de euros y cuyo déficit operativo, con las tarifas actuales, rondaría los 10 millones anuales. Para la oposición y múltiples voces críticas, lo que se pretende no es salvar la empresa, sino trasladar a los hogares el coste de una gestión opaca, de años de refinanciaciones encadenadas, anticipos de dinero a ayuntamientos, y una deuda generada por decisiones políticas más que técnicas.
Aumento en la cuota fija y penalización al consumo habitual
La Plataforma de Afectados por Giahsa y MAS (PAGMAS) ha hecho público un detallado informe que desmonta la versión oficial y alerta de las consecuencias reales del tarifazo. Denuncian que el nuevo modelo de tarifas encarecerá especialmente la factura de quienes viven solos —viudos, separadas o personas mayores—, de propietarios de viviendas cerradas o de segunda residencia, muchas de ellas situadas en la costa, la sierra o núcleos como El Rocío, y de usuarios con contadores de 20 mm, habituales en viviendas unifamiliares, rurales o con pequeño jardín. También advierten de que serán penalizados consumos calificados hasta ahora como responsables, entre los 3 y los 6 metros cúbicos mensuales.
Según PAGMAS, una vivienda cerrada con contador de 15 mm pasará de pagar 290 € al año a 328 € (15% más), y una con 20 mm alcanzará los 470 € anuales (también +15%), incluso sin consumo alguno. Para hogares con consumos normales (de 6 a 10 m³), el recibo mensual puede subir entre 7,5 y 10 euros, lo que supone entre 90 y 120 euros más al año.
“La subida se carga precisamente sobre los tramos que Giahsa venía considerando consumo eficiente”, denuncian. “Y todo mientras los pantanos sueltan agua porque sobra”.
Una empresa pública con agua a precio de refresco… de lujo
Otra de las claves aportadas por la plataforma es la brecha entre el coste de adquisición del agua y su precio al usuario. Según datos de la propia Giahsa, la empresa paga a la Junta de Andalucía 13 céntimos por cada metro cúbico. Sin embargo, lo factura a los abonados a una media de 3,73 €, es decir, 30 veces más. “Equivale a que un refresco en un bar te costara 45 euros”, ironizan desde PAGMAS.
También rechazan el argumento financiero que sustenta la subida. “Existen reservas acumuladas suficientes para no aplicar el incremento, incluso para bajarlo. Lo que ocurre es que parte de esos fondos están comprometidos por los bancos, debido a los préstamos anteriores”. Denuncian que se está usando la deuda como excusa para seguir exprimiendo a los usuarios: “Lo que se vota no es mejorar el servicio, es seguir haciendo caja a costa del recibo del agua”.
Lo que se esconde tras la deuda
La situación actual de Giahsa no es fruto de una coyuntura sobrevenida, sino la consecuencia de un modelo de financiación cuestionado desde hace años. En 2013, bajo gestión socialista, la MAS aprobó la anticipación de los cánones demaniales —pagos a los ayuntamientos por ceder la gestión del ciclo integral del agua— correspondientes a los siguientes 15 años. Aquella operación supuso un adelanto de unos 90 millones de euros, financiado mediante créditos bancarios con intereses y condiciones muy gravosas para la empresa pública.
En lugar de recibir los fondos año a año, los ayuntamientos cobraron todo por adelantado. Giahsa, en cambio, asumió el coste financiero y quedó obligada a nuevas refinanciaciones cuando no pudo afrontar los pagos. El resultado fue una espiral de endeudamiento: más intereses, más presión sobre las cuentas, y más dependencia de ingresos futuros comprometidos.
En 2022, aún bajo dirección socialista, la MAS aprobó una nueva operación con Banco Santander por valor de 91 millones: una parte para cancelar deudas anteriores, otra para adelantar de nuevo el canon 2026–2037. Todo ello hipotecando las redes de abastecimiento como garantía y generando aún más compromisos a largo plazo.
El intento de justificar un modelo agotado
A raíz del reportaje publicado en La Mar de Onuba el pasado 24 de marzo, titulado “Giahsa: tarifazo inminente tras un largo historial de opacidad y deudas”, el exgerente de la empresa pública, Juan Ignacio Tomico, respondió con una carta al director dirigida expresamente a este medio. En ella, Tomico reivindica su gestión al frente de la empresa durante más de 30 años y acusa al actual equipo del PP de construir una narrativa distorsionada con fines partidistas.
Ese mismo día, una segunda carta firmada por Tomico fue publicada en Huelva Información. En ella, el exgerente incidía en una defensa general del modelo público y en su visión crítica sobre el relato político que, a su juicio, se ha instalado en torno a Giahsa. Aunque con enfoques distintos, ambas misivas comparten una misma intención: justificar decisiones del pasado y defender la solvencia del modelo.
Tomico asegura que Giahsa no está en quiebra, que la deuda fue necesaria y avalada por los órganos de gobierno, y que el modelo público permitió expandir y modernizar el servicio en beneficio de los municipios.
Sin embargo, su versión omite varios hechos clave: los costes financieros acumulados, las advertencias documentadas de alcaldes y técnicos sobre la sostenibilidad del modelo, el desvío de fondos para usos no finalistas, y el agotamiento de los márgenes financieros de una empresa que, pese a ser pública, recurrió sistemáticamente a financiación privada en condiciones poco ventajosas.
Cuando el relato no cuadra con el recibo
Una fuente habitual de La Mar de Onuba lo resume así: “Se pidieron préstamos para tapar agujeros. Ya que había que pedir dinero, que llegase a todos y cada cual lo gastase como quisiera. Se garantizó la permanencia de alcaldes, se mantuvo la estructura política de la MAS, y se financió todo vía recibo del agua. Y ahora la solución es seguir subiéndolo”.
Este jueves, los representantes municipales decidirán si aprueban la subida de tarifas propuesta por el actual equipo de gobierno de la MAS. Pero lo que está en juego va más allá del precio del metro cúbico: es también un pronunciamiento sobre el modelo de gestión que ha marcado las últimas décadas de Giahsa. Un modelo que, como han venido advirtiendo diversas voces críticas, ha dejado una estela de deuda, dependencia financiera y decisiones poco transparentes.
La votación pondrá a prueba hasta qué punto los responsables públicos están dispuestos a asumir el coste político de sostener ese legado, trasladando su peso a la ciudadanía. Porque el debate ya no es solo técnico o financiero. Es, sobre todo, una cuestión de responsabilidad.
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