España, entre los países señalados por su dependencia de mano de obra migrante en condiciones precarias

SafeHabitus lanza un llamamiento europeo para mejorar las condiciones laborales de trabajadores agrícolas migrantes.

Oxfam Intermón, la Universidad de Comillas, CIHEAM Zaragoza y Teagasc reclaman reforzar la condicionalidad social de la PAC para que las ayudas lleguen sólo a quienes respetan los derechos laborales en el campo europeo

Martes, 1 de abril de 2025. El campo europeo no se sostiene sin la mano de obra migrante. En países como España, Italia o Francia, millones de personas extranjeras —muchas en situación de extrema vulnerabilidad social y jurídica— desempeñan tareas esenciales para el sistema agroalimentario en campañas agrícolas marcadas por la temporalidad, la movilidad forzada y, con demasiada frecuencia, condiciones de vida y trabajo indignas.

Así lo constata el reciente informe publicado por el proyecto europeo SafeHabitus, financiado por el programa Horizonte Europa y coordinado por el organismo irlandés Teagasc. Bajo el título Seasonal and Migrant Workers in Agri-Food Value Chains, el documento constituye un llamamiento político formal dirigido a las instituciones de la Unión Europea y a los gobiernos nacionales para exigir medidas concretas que garanticen derechos, protección y dignidad a quienes recogen, clasifican, manipulan y transportan los alimentos que sostienen la dieta europea.

España figura entre los países expresamente mencionados por su elevada dependencia de mano de obra migrante y estacional, especialmente en sectores como la horticultura y la recolección de frutas y verduras. Junto con Italia, Alemania y Francia, concentra buena parte de la producción agrícola intensiva del continente y, por tanto, una proporción significativa del trabajo realizado por personas extranjeras, muchas de ellas contratadas temporalmente o empleadas de forma irregular.

“No se trata solo de proteger a los trabajadores. También debemos cuidar de los agricultores, que muchas veces también están en situación de vulnerabilidad”, sostiene Peter Schmidt, presidente de la Sección NAT del Comité Económico y Social Europeo (EESC), en la nota de prensa oficial publicada el 1 de abril. “Pero el tiempo de hablar ha terminado. Ya hemos acumulado suficiente conocimiento. Ahora necesitamos actuar.”

Una dependencia estructural invisibilizada

Según los datos recogidos en el informe, en 2020 había aproximadamente 2,4 millones de personas empleadas como trabajadores agrícolas estacionales en la UE, de las cuales unas 420.000 eran ciudadanos extracomunitarios. La mayoría se concentra en los países del sur y el oeste de Europa, donde coinciden cultivos intensivos, campañas de recolección concentradas en pocos meses y una baja mecanización del proceso agrícola.

España, donde el sistema de contratación en origen (especialmente de mujeres marroquíes) es una de las prácticas institucionalizadas desde hace años en provincias como Huelva, aparece como ejemplo de migración laboral temporal promovida desde los Estados. El informe cita expresamente esta modalidad —junto con otras como la contratación de personas tailandesas en Suecia y Finlandia o marroquíes en Italia— como parte del engranaje que canaliza la movilidad laboral hacia los campos europeos.

Pero también advierte de la otra cara de este modelo: la contratación irregular, el fraude en la subcontratación y la proliferación de intermediarios no regulados. En Italia, por ejemplo, se estima que entre una cuarta parte y un tercio del empleo agrícola es informal, sin contrato ni cobertura social alguna. Aunque el informe no proporciona cifras equivalentes para España, las denuncias recurrentes de organizaciones sindicales y ONG permiten afirmar que la situación no es muy distinta en determinadas comarcas agrícolas.

El problema de fondo, según SafeHabitus, no reside únicamente en las prácticas de ciertos empleadores, sino en la falta de un marco normativo coherente, comprensible y aplicable de forma uniforme en toda la Unión Europea. La regulación del trabajo migrante en el sector agrícola depende de una maraña de normas dispersas entre competencias nacionales y europeas: empleo, agricultura, migraciones, justicia… y en muchos casos sin conexión entre sí.

“El marco legal para los contratos laborales decentes existe, pero a menudo se incumple. Las inspecciones siguen siendo uno de los puntos débiles”, advierte Cinzia del Rio, presidenta de la Sección SOC del EESC.

Siete prioridades para una respuesta europea

El informe no se limita al diagnóstico. Plantea siete recomendaciones claras y desarrolladas, con responsables institucionales identificados, para transformar el modelo agrícola europeo en uno que respete los derechos laborales y promueva condiciones de trabajo dignas:

1. 1. Ratificación del Convenio C184 de la OIT sobre seguridad y salud en la agricultura. Actualmente no está adoptado por todos los Estados miembros. De hacerlo, se convertiría en un estándar común europeo.
   2. Refuerzo de las inspecciones laborales, con dotación suficiente, formación específica para el sector agrícola y coordinación a escala de la UE.
   3. Marco común para la contratación justa, que regule las agencias de intermediación laboral, evite la subcontratación abusiva y garantice responsabilidades claras a lo largo de toda la cadena de empleo.
   4. Aplicación efectiva de la condicionalidad social en la PAC, de forma que las ayudas a explotaciones agrícolas estén condicionadas al cumplimiento de derechos laborales.
   5. Establecimiento de estándares mínimos de vivienda para trabajadores temporales, con acceso a servicios básicos, financiación pública para adecuación de espacios y coordinación con fondos sociales y regionales.
   6. Campañas de información periódicas sobre derechos laborales y sociales, dirigidas a las comunidades migrantes que trabajan en el campo, muchas veces aisladas y sin acceso a información clara en su idioma.
   7. Fomento de certificaciones y etiquetado responsable, de forma que los productos agrícolas puedan incorporar garantías sobre las condiciones laborales en su producción.

Una oportunidad para actuar, no sólo reflexionar

El proyecto SafeHabitus —coordinado por Teagasc (Irlanda) y con participación de entidades como CIHEAM Zaragoza, Oxfam Intermón o la Universidad de Comillas— insiste en que el momento de la reflexión ha pasado. El conocimiento existe. Las cifras, los diagnósticos y los casos documentados también. Lo que falta, subraya, es voluntad política y compromiso sostenido por parte de todas las partes implicadas: administraciones públicas, organizaciones empresariales, sindicatos y sociedad civil.

“Bajo el artículo 10 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, todos los trabajadores tienen derecho a un alto nivel de protección en salud y seguridad laboral, y a una protección social adecuada según el artículo 12”, recuerda Alun Jones, responsable político de SafeHabitus. “Aplicar estas recomendaciones es avanzar un paso más hacia la implementación de esos principios.”

El informe también reconoce que la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes no debe contemplarse como una amenaza al modelo agrícola, sino como una condición necesaria para su sostenibilidad futura. Garantizar que quienes trabajan en el campo europeo lo hagan con derechos no solo es una obligación ética y jurídica: es también una inversión en seguridad alimentaria, cohesión social y justicia territorial.