La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que, si estas prácticas afectaran a 5.000 profesionales, el volumen de ingresos no declarados podría alcanzar los 400 millones de euros anuales.
La organización reclama pagos electrónicos obligatorios y trazables en consultas, clínicas y centros sanitarios privados y pide reforzar la inspección tributaria donde el uso del efectivo sea más elevado.
Martes, 11 de agosto de 2026. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que en determinadas actividades de la sanidad privada el uso habitual del dinero en efectivo podría estar permitiendo ocultar hasta el 40% de la facturación real. La organización llevará esta preocupación al Gobierno y reclamará que consultas, clínicas y centros sanitarios privados estén obligados a ofrecer sistemas de cobro electrónicos que permitan seguir el rastro de los ingresos.
La estimación parte de un análisis elaborado por el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA después de recibir, según explica la organización, reiteradas denuncias de profesionales autónomos que aseguran competir con otros operadores que no declararían la totalidad de sus ingresos. UPTA sitúa precisamente en esa posible diferencia entre la facturación real y la declarada uno de los principales focos de competencia desleal dentro de determinadas actividades profesionales sanitarias.
Para dimensionar el alcance económico de esa práctica, la organización toma como referencia una posible ocultación del 40%. Sobre una facturación anual de 100.000 euros, supondría 40.000 euros no declarados; con 200.000 euros de ingresos, serían 80.000; y para una facturación de 300.000 euros, la cantidad ascendería a 120.000 euros.
UPTA utiliza como ejemplo el caso de un profesional sanitario que ingrese más de 800 euros diarios y alcance una facturación anual cercana a los 200.000 euros. Si dejara fuera de sus declaraciones el porcentaje contemplado por la organización, unos 80.000 euros anuales escaparían al control tributario.
La extrapolación eleva considerablemente las cifras. Si una conducta de esas características se produjera entre 1.000 profesionales, UPTA calcula unos 80 millones de euros anuales sin declarar. La cantidad alcanzaría los 400 millones entre 5.000 profesionales y podría llegar a los 800 millones si la misma hipótesis se aplicara a 10.000.
Estas cifras, sin embargo, no constituyen una cuantificación del fraude fiscal existente en la sanidad privada. UPTA reconoce que tienen carácter orientativo y que proceden de sus propias estimaciones y de las denuncias recibidas de profesionales del sector. La documentación facilitada por la organización no identifica una muestra de profesionales estudiados, una distribución por especialidades o territorios ni una metodología estadística que permita extrapolar el porcentaje del 40% al conjunto de la sanidad privada. La propia UPTA circunscribe su advertencia a determinadas actividades.
La organización considera que el efecto va más allá de la pérdida de recaudación. Quienes declaran todos sus ingresos, sostiene, soportan obligaciones fiscales y costes que pueden situarlos en desventaja frente a quienes oculten parte de su actividad. UPTA reclama por ello que la lucha contra la economía sumergida se contemple también como una cuestión de competencia entre profesionales que operan en un mismo mercado.
Su propuesta supondría ir más allá de las limitaciones actualmente existentes para el dinero en efectivo. La legislación española prohíbe pagar en efectivo operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros cuando alguna de las partes actúa como empresario o profesional, pero no impide con carácter general que una consulta médica u otro servicio profesional de importe inferior pueda abonarse de esa forma. UPTA plantea ahora que las actividades sanitarias privadas tengan que recurrir a tarjeta bancaria, transferencia, Bizum profesional u otros medios electrónicos capaces de dejar constancia del pago.
La organización pretende acompañar esa obligación con un refuerzo de las actuaciones de la Agencia Tributaria en aquellas actividades donde detecte un uso especialmente elevado del efectivo y mayor riesgo de ocultación de ingresos. También reclama que el sector sanitario privado adapte sus sistemas de facturación a las nuevas exigencias tecnológicas de control tributario.
UPTA relaciona esta propuesta con el desarrollo del nuevo sistema de facturación conocido habitualmente como Veri*Factu. La normativa obliga a que los sistemas informáticos utilizados para expedir facturas garanticen, entre otros requisitos, la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros y está diseñada para dificultar prácticas como la omisión o modificación posterior de facturas.
La implantación obligatoria, no obstante, todavía no se ha producido de forma general. Tras la última ampliación de plazos aprobada por el Gobierno, las sociedades sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas antes del 1 de enero de 2027 y el resto de obligados tributarios afectados, entre ellos los profesionales que desarrollan actividades económicas en el IRPF, antes del 1 de julio de 2027.
Veri*Factu tampoco equivale por sí mismo a una prohibición del efectivo. La regulación afecta a los sistemas informáticos de facturación y a la generación, conservación o remisión de los correspondientes registros, mientras que UPTA reclama una medida adicional: que el propio cobro de los servicios sanitarios quede registrado mediante un medio electrónico.
“Todos los trabajadores autónomos debemos competir bajo las mismas reglas”, defiende el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que considera necesario extender mecanismos eficaces de trazabilidad a aquellas actividades en las que su organización aprecia un mayor riesgo de ocultación de ingresos. Abad vincula la medida a la competencia leal entre profesionales, la justicia tributaria y la financiación de los servicios públicos.
La iniciativa abre así un debate que trasciende al propio sector sanitario: hasta dónde debe llegar el control de los medios de pago para combatir la economía sumergida y si la trazabilidad electrónica debe convertirse en obligatoria en actividades en las que el efectivo continúa siendo legal para buena parte de las operaciones. UPTA ya ha tomado posición y pretende trasladar formalmente al Gobierno y a la Agencia Tributaria que, en la sanidad privada, el control de la factura no basta si el cobro puede continuar realizándose sin dejar rastro bancario.
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