Martes, 25 de marzo de 2025. La Plataforma Salvemos Doñana ha vuelto a activar sus mecanismos de alerta y movilización tras la decisión del Gobierno central de retomar el proyecto gasístico que afecta al entorno del Parque Nacional de Doñana. En una nota de prensa difundida este martes, la Plataforma denuncia la reapertura del expediente correspondiente al sondeo Marismas-3NE, un viejo conocido de la ciudadanía movilizada contra la transformación de Doñana en infraestructura energética.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha vuelto a someter a información pública la solicitud de autorización administrativa y el proyecto de ejecución del citado sondeo, que forma parte del polémico plan de almacenamiento subterráneo de gas natural conocido como «Marismas». El anuncio fue publicado en el BOE del pasado 28 de febrero por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con un plazo de alegaciones de veinte días que concluye este viernes.
Según Salvemos Doñana, el proyecto representa una nueva amenaza para el espacio natural y sus acuíferos, justo cuando el propio Gobierno está ejecutando en la zona actuaciones de recuperación ambiental como el proyecto del Arroyo de El Partido y su llanura de inundación. La Plataforma considera especialmente grave que se pretende avanzar en una iniciativa energética que conlleva riesgos sísmicos conocidos, y cuyas implicaciones sobre los niveles freáticos podrían comprometer tanto el equilibrio ecológico de Doñana como la viabilidad de la agricultura de la zona.
El sondeo Marismas-3NE no es una novedad. La autorización administrativa original fue concedida hace casi una década, tras un procedimiento iniciado en 2010 y aprobado en 2016 mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, entonces dependiente del Ministerio de Industria. Aquella autorización incluía los sondeos Marismas-3NE y Rincón-2, así como los gasoductos e instalaciones en superficie necesarias para operar el almacenamiento gasístico Marismas Occidental. La resolución, publicada en el BOE el 15 de marzo de 2016, establecía un plazo máximo de tres años para completar y poner en marcha el proyecto. Ese plazo caducó en 2019 sin que se llevará a cabo la ejecución prevista.
Ahora, el Ejecutivo recupera la iniciativa sin que conste, a juicio de la Plataforma, una revisión adecuada de los impactos y riesgos. De hecho, el proyecto sometido a información pública es esencialmente el mismo de 2015 —el que se aprobó en 2016—, actualizado supuestamente en 2022, pero sin incorporar las garantías técnicas ni los estudios científicos necesarios para evaluar su idoneidad tras los cambios climáticos, hidrológicos y sociales de la última década.
Salvemos Doñana, que agrupa a entidades ciudadanas, científicas y ecologistas, está preparando una batería de alegaciones administrativas, técnicas y jurídicas con el objetivo de frenar de forma definitiva esta nueva tentativa de perforar el subsuelo de Doñana para uso industrial. La Plataforma recuerda que la oposición social, institucional y científica a este tipo de proyectos ha sido constante desde 2010, cuando Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy), a través de su filial Petroleum Oil & Gas España, impulsó el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas en la zona.
Diversos colectivos han advertido durante años del riesgo sísmico derivado de estas operaciones, además del peligro real de alterar de forma irreversible los acuíferos que sustentan el ecosistema de Doñana, patrimonio natural de valor incalculable y uno de los últimos grandes humedales de Europa. También se ha señalado el contrasentido de mantener planes de explotación de combustibles fósiles en plena transición ecológica, y especialmente en espacios protegidos como éste.
A la espera del cierre del trámite de información pública, la Plataforma insiste en que «convertir el subsuelo de Doñana en un almacén de gas no es compatible con su protección ambiental ni con el futuro de las comunidades que dependen del equilibrio hídrico del territorio». El conflicto vuelve a la escena pública, con las mismas preguntas de fondo sin resolver: ¿para quién es la energía? ¿ya costa de qué?
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