El Ayuntamiento rebaja una tasa: la licencia municipal de animales potencialmente peligrosos pasa de 115,40 a 30 euros

Lunes, 3 de febrero de 2025. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, encabezado por la alcaldesa Pilar Miranda, ha anunciado la rebaja del 74% en una tasa. La obligatoria para obtener la licencia municipal de perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP). La medida, que reduce el coste de 115,40 a 30 euros, es presentada como un gesto de «equidad social» y un avance en la «identificación y legalización» de estos animales. Sin embargo, contrasta de manera flagrante con la política fiscal general del consistorio, caracterizada en los últimos meses por un incremento significativo de impuestos y tasas municipales.

Mientras el Ayuntamiento presume de aliviar la carga económica de los dueños de ciertas razas de perros, las arcas municipales se han visto beneficiadas con medidas que han disparado la presión fiscal sobre la ciudadanía. La reciente aprobación de una subida masiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que aumentará un 15% en 2025, o la modificación de tasas administrativas que afectan a un espectro mucho más amplio de onubenses, dejan en evidencia la desproporción de esta supuesta política de alivio tributario.

Resulta llamativo que el Ayuntamiento utilice la reducción de esta tasa específica para presentarse como un gobierno comprometido con la rebaja fiscal, cuando los presupuestos municipales aprobados en diciembre reflejan un incremento de la recaudación a costa de los contribuyentes.

Por otro lado, la medida se enmarca en la estrategia de mejora de las instalaciones del Centro Municipal de Animales, incluyendo la renovación de los cheniles y la aplicación de resinas impermeables para mejorar las condiciones de los perros acogidos. Sin restar importancia a esta inversión, cabe preguntarse si esta rebaja tiene un impacto real en la ciudadanía o si se trata de un gesto simbólico que apenas afecta a un porcentaje marginal de la población.

La rebaja de 85 euros en la licencia de estos perros no compensa, en absoluto, el alza generalizada de la carga impositiva municipal que ha supuesto el gobierno de Pilar Miranda. Mientras el IBI sube, las tasas por servicios esenciales se encarecen y los presupuestos reflejan una mayor presión fiscal, el equipo de gobierno opta por destacar medidas de alcance limitado con el fin de desviar la atención de sus decisiones económicas más impopulares.

Se trata, en definitiva, de una estrategia de distracción que busca suavizar la percepción pública de una política fiscal que ha ido en dirección opuesta a lo prometido en campaña electoral. La ciudadanía merece una fiscalidad equitativa y coherente, no gestos simbólicos diseñados para encubrir una estrategia recaudatoria que sigue cargando sobre la población el peso de unas políticas que, lejos de beneficiar a la mayoría, parecen beneficiar únicamente a la agenda del equipo de gobierno.


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