Un escrito registrado en la Administración General del Estado advierte del riesgo que supone acumular combustibles, fertilizantes, plásticos y energía en el Puerto y el polígono de Palos de la Frontera
El documento, dirigido al Ministerio de Defensa, plantea si este modelo convierte a la provincia en un objetivo vulnerable en caso de accidente, incendio o ataque
Miércoles, 3 de septiembre de 2025. Un escrito presentado esta semana en el Registro Electrónico de la Administración General del Estado y dirigido al Ministerio de Defensa ha puesto sobre la mesa las dudas acerca de la concentración de industrias peligrosas en la provincia de Huelva. El texto,a cuyo contenido íntegro h atendo acceso La Mar de Onuba, expone que en la zona de servicio del Puerto de Huelva y en el polígono industrial de Palos de la Frontera se concentran empresas de gran tamaño vinculadas a la producción, almacenamiento y distribución de combustibles, fertilizantes, plásticos, aceites y energía eléctrica, lo que podría suponer un riesgo de primer orden para la seguridad nacional.
El escrito recuerda que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 plantea la creación de reservas estratégicas de productos considerados esenciales, como componentes electrónicos, materiales estratégicos, maquinaria avanzada, química esencial o tecnología sanitaria, pero no incluye de forma explícita el factor energético ni los combustibles. Esta omisión resulta llamativa en una provincia como Huelva, que alberga una de las mayores concentraciones de este tipo de instalaciones en el país.
La primera cuestión que se plantea al Ministerio de Defensa es si resulta positivo concentrar tantas producciones industriales de riesgo en un único punto, de manera que una parte sustancial de los recursos estratégicos dependa de una sola localización. La duda se extiende también al plano de la seguridad: en caso de accidente, incendio o ataque, la concentración podría facilitar que todas las instalaciones resultaran afectadas al mismo tiempo, provocando una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles.
El documento interroga asimismo sobre la lógica de la logística nacional en situaciones de emergencia. Si, como ocurrió recientemente con un fallo en el suministro eléctrico, una avería deja sin servicio a todas las instalaciones concentradas en un mismo polo industrial, la paralización afectaría de manera inmediata al conjunto de empresas de la zona, con un impacto mayor que si estuvieran dispersas por el territorio.
También se pone en cuestión el argumento de las sinergias entre compañías próximas. Según se plantea, esa interdependencia puede convertirse en un riesgo añadido, pues un problema en una sola instalación podría propagarse y afectar a todas las demás, anulando cualquier ventaja de la concentración.
Otro aspecto abordado es la defensa pasiva frente a incendios o atentados. El escrito pregunta si unas instalaciones agrupadas, con grandes cantidades de productos inflamables y peligrosos en un mismo espacio, tienen realmente mejores condiciones de autoprotección que aquellas diseminadas en diferentes puntos del país.
Finalmente, se plantea la cuestión geoestratégica. En caso de un ataque contra España desde países considerados de riesgo, la concentración de millones de toneladas de productos derivados del petróleo o de gas natural licuado en muy pocas empresas en Huelva supondría un objetivo altamente sensible. A ello se suman los nuevos proyectos de metanol e hidrógeno verde, que aumentarían la carga de riesgo en el mismo enclave.
El documento subraya que no se pide información clasificada ni reservada, sino una garantía básica: que el modelo de concentración industrial en Huelva no se convierta en un factor de inseguridad nacional por sí mismo.
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