José Juan Martínez gobernó Tíjola con Ciudadanos, se pasó al PP y siguió adjudicando contratos a su red de empresas.
El ex presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, declarará el viernes en el juzgado como imputado
Lunes,22 de junio de 2026. Hay pueblos en los que el alcalde y el empresario son la misma persona, solo que con diferentes firmas. Tíjola, un municipio de unos tres mil habitantes en la comarca del Almanzora almeriense, es uno de esos pueblos. Su regidor desde 2019, José Juan Martínez Pérez, llegó al cargo bajo las siglas de Ciudadanos, se pasó al Partido Popular antes de las elecciones de 2023, obtuvo mayoría absoluta en esos comicios y desde entonces firma las resoluciones de adjudicación de contratos públicos que benefician, directa o indirectamente, a las empresas que él mismo controla o que gestionan su mujer y un amigo de confianza como testaferros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleva tiempo investigando ese círculo. El 25 de junio de 2026, Martínez declaró ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería como uno de los 43 investigados en el Caso Mascarillas de la Diputación Provincial, el mayor escándalo de corrupción institucional que ha conocido la provincia en décadas.
De Ciudadanos al PP: el mismo alcalde, distinto carné
Martínez ganó las elecciones municipales de mayo de 2019 como candidato de Ciudadanos y tomó posesión de la alcaldía con el apoyo del PP. Gobernó cuatro años con esa combinación hasta que, antes de los comicios de 2023, se afilió al Partido Popular. El salto fue presentado como una incorporación de talento por parte del PP provincial, que en pocas semanas absorbió a varios alcaldes naranjas de la comarca del Almanzora. En mayo de 2023, ya con las siglas populares, Martínez arrasó: ocho concejales sobre nueve posibles, mayoría absoluta que le dejó las manos libres para gobernar sin fiscalización efectiva. Ese mismo año asumió el cargo de diputado provincial en la Diputación de Almería, donde ocupó la delegación del Área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos bajo la presidencia de Javier Aureliano García, el dirigente del PP que dimitió en noviembre de 2025 tras ser detenido por presuntas adjudicaciones irregulares. Los dos cargos —alcalde y diputado provincial— convirtieron a Martínez en un nodo central en la captación y distribución de fondos públicos.
La arquitectura del negocio: AGUAEMA gana, HIDAMA trabaja
Martínez es el propietario y administrador real de un grupo de sociedades que operan bajo la denominación comercial HIDAMA: Hijos de David Martínez SL, constituida en el año 2000, e Hijos de David Martínez Angulo SA, fundada en 1985, ambas dedicadas a la fabricación e instalación de productos metálicos. También controla Inversiones y Promociones Tágilis SL, sociedad constructora que en marzo de 2017 transfirió formalmente a su entonces pareja, Eloísa Fernández Ruiz —con quien se casó en octubre de 2021—, con el propósito de poder contratar con el ayuntamiento sin incurrir en prohibición legal. Martínez permaneció como apoderado de Tágilis hasta noviembre de 2020. El entramado lo completan Luck Of Ten SL, sociedad patrimonial de alquiler inmobiliario cuyos socios son Martínez y su mujer, y Constijola SL, empresa constructora que Martínez dirige de facto pero en la que no figura como socio ni administrador. El 11 de julio de 2023, en una operación simultánea registrada en el Registro Mercantil, Martínez cesó como administrador de todas sus empresas en un solo día y colocó al frente de todas ellas a las mismas dos personas: su mujer Eloísa Fernández y Diego Faggioli Ujaldón, trabajador de la empresa y amigo de la familia.
El ayuntamiento de Tíjola no puede adjudicar contratos directamente a las empresas del alcalde. La solución ha sido sistemática: los contratos mayores se adjudican a AGUAEMA SL (NIF B04038204), empresa local del sector de la construcción, que a continuación subcontrata a HIDAMA todas las partidas de carpintería metálica. La prueba documental está en una etiqueta de suministro pegada al interior del edificio de la antigua lonja de abastos de Tíjola, hoy reconvertida en biblioteca y espacio cultural: el vidrio fue pedido el 25 de octubre de 2021 por «104023-HIJOS DE DAVID MARTINEZ» con la referencia «SN-Pedido 725-AGUAEMA-PLAZA». Los operarios que aparecen en imágenes tomadas durante los trabajos llevan uniforme de Hijos de David Martínez.
El patrón se repite en cuatro obras de gran envergadura. La reforma integral del antiguo mercado de abastos —adjudicada a AGUAEMA por 473.905 euros, con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al 80%— incluyó toda la carpintería metálica ejecutada por HIDAMA. El contrato de emergencia para reparar el acceso oeste al municipio tras la DANA de septiembre de 2019 fue adjudicado a AGUAEMA por 378.397 euros mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin licitación abierta, e incluyó la construcción de una pasarela peatonal de hierro y cuatrocientos metros de barandilla fabricados e instalados por HIDAMA. El complejo deportivo del paraje Al Moroc fue adjudicado en 2022 a la UTE formada por AGUAEMA y Transformaciones y Embalses Parra por 3.324.937 euros, con vallados, ventanas, puertas y barandas también ejecutadas por HIDAMA. Y el depósito de agua de La Estación de Tíjola, cuya parte metálica superior fue construida e instalada por HIDAMA en el marco de un contrato adjudicado a AGUAEMA que no aparece publicado en la plataforma de contratación del sector público. La suma de contratos adjudicados a AGUAEMA con subcontratación acreditada o presumible a las empresas del alcalde supera los cuatro millones de euros. En varios expedientes solo se presentó una única oferta: la de la propia AGUAEMA.
Para los contratos menores —la carpintería del día a día municipal: barandas, ventanas, mobiliario urbano, puertas de vestuarios— el sistema tiene también su protocolo. El ayuntamiento de Tíjola adjudica a dos empresas locales cuya actividad principal nada tiene que ver con la carpintería metálica: Ortigosa Martínez SL, dedicada a materiales de construcción, y Ceral Cerámicas del Almanzora SL, vendedora de cerámica. Ambas actúan como pantallas: reciben el contrato y presentan la factura al ayuntamiento cobrando su comisión, mientras HIDAMA ejecuta el trabajo real. Entre los contratos documentados figuran el mobiliario urbano del municipio, la barandilla de la Plaza de las Nieves en 2023, la carpintería interior del colegio Sagrado Corazón ese mismo año, las puertas de los vestuarios de la piscina municipal en 2022 y varias actuaciones de 2025. Al menos una de estas obras ni siquiera aparece en la relación trimestral de contratos menores publicada por el ayuntamiento.
Hay un caso que ilustra la impunidad con que opera este sistema. El 30 de mayo de 2025, el ayuntamiento de Tíjola publicó en Facebook un vídeo en el que aparecía ya instalada una estructura metálica en la Plaza Virgen del Socorro; el mismo vídeo fue compartido en la cuenta personal del alcalde. El contrato para esa estructura fue adjudicado formalmente el 5 de junio de 2025, cinco días después de la publicación. La obra se ejecutó antes de que existiera contrato que la amparara. Junto a este entramado opera Antonio Fernández Lorente, fontanero local nombrado encargado de obras del ayuntamiento al llegar Martínez a la alcaldía. En 2019, bajo el nombre de su sobrino Javier Fernández López, se constituyó la sociedad Instalaciones y Suministros Fernández SL, que desde entonces acumula contratos municipales. El más reciente es el de suministro de materiales de fontanería por 100.274 euros adjudicado en febrero de 2024 por cuatro años prorrogables. En la valoración, el alcalde asignó a esta empresa 25 puntos sobre 25 en los criterios evaluables mediante juicio de valor —los únicos subjetivos—, frente a los 5 puntos del único competidor, Saltoki Valencia SL, que ofertó además un precio más bajo.
El alcalde le compró los terrenos a su padre
El escándalo más difícil de justificar está en los cimientos del complejo deportivo. El ayuntamiento adquirió terrenos en el paraje Al Moroc por 300.000 euros —seis euros el metro cuadrado— mediante concurso al que solo se presentó un licitador. El problema no es el precio: es a quién se le pagó. Los propietarios de esos terrenos eran tres: Trans Frio Higueral SL, Inversiones y Promociones Tágilis SL —la empresa vinculada al alcalde— y Juan Martínez Jiménez, padre de José Juan Martínez Pérez. El anuncio oficial de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público solo menciona a Trans Frio Higueral como adjudicatario, ocultando los otros dos vendedores. Los terrenos están catalogados por la Junta de Andalucía como zona inundable, en la confluencia del río Almanzora y el río Bacares. El complejo fue inaugurado en diciembre de 2024. Cuatro meses después se hundió una extensa zona, afectando a parte de la pista de atletismo.
El Caso Mascarillas: de las mascarillas a las obras
Lo que empezó como un presunto fraude en la compra de material sanitario en la Diputación de Almería al inicio de la pandemia —un contrato adjudicado en abril de 2020 con un sobrecoste de un millón de euros— derivó en una investigación de mucho mayor alcance. La UCO de la Guardia Civil documentó presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras en la Diputación entre 2016 y 2021, comisiones de entre el 10% y el 50%, empresas pantalla y blanqueo de capitales. El expresidente de la institución, Javier Aureliano García, dimitió en noviembre de 2025 tras ser detenido. La UCO halló sobres con dinero en efectivo vinculados a García en el registro a su hermana y constató que ninguna cuota de su hipoteca había sido abonada por él. El exvicepresidente Óscar Liria fue arrestado en junio de 2021 con 26.750 euros en efectivo en su domicilio. El también exvicepresidente Fernando Giménez se llevaba presuntamente el 10% de las comisiones. El número de investigados ascendía en marzo de 2026 a 43 personas y entidades.
José Juan Martínez Pérez figura entre ellos. Formaba parte del equipo de Gobierno de García en la Diputación como delegado del Área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos. La UCO investiga su actividad empresarial en relación con las adjudicaciones del ente provincial, en las que aparecen vinculadas Tágilis, Hijos de David Martínez Angulo y Constijola. El 25 de junio de 2026, Martínez declaró ante la jueza como investigado. Continúa en el cargo de alcalde de Tíjola y de diputado provincial del PP.
Tíjola tiene 3.000 habitantes y un presupuesto municipal que no se publica con la transparencia que exige la ley. En los últimos seis años, las obras públicas del municipio han pasado por un circuito cerrado: AGUAEMA adjudicataria, HIDAMA ejecutora, el alcalde firmante. Su padre vendió los terrenos del complejo deportivo, su mujer administra las empresas, su fontanero de confianza acumula contratos de suministro, y dos empresas ajenas al oficio presentan facturas de carpintería metálica que otros fabrican. El 11 de julio de 2023, Martínez borró su nombre de todos los registros mercantiles en un solo día. Cuatro meses después se hundió la pista de atletismo. Y en junio de 2026, el mismo alcalde que firmó todos esos contratos declaró ante la jueza que investiga la corrupción institucional más grave de la historia de Almería. Cambió de partido. No cambió de método.
La ronda de comparecencias de los investigados en el caso Mascarillas de Almería, que investiga supuestos contratos irregulares para el cobro de comisiones en el seno de la Diputación de Almería, entran en su recta final con las declaraciones, entre otros, del ex presidente de institución provincial y del PP Javier Aureliano García, dos de sus hermanos también investigados, y el actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, en su faceta de empresario junto a su esposa.
En concreto, se prevé la comparecencia este jueves, entre otros, del regidor tijoleño y su mujer, a quienes el instructor investiga por los contratos que las empresas Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola han mantenido con la Diputación en una supuesta «connivencia» con el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria.
Los indicios de la UCO apuntan que el regidor popular, que dirige el área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, habría participado en el «amaño» de contratos públicos y habría instrumentalizado otras sociedades y personas para propiciar la adjudicación fraudulenta de contratos en función de sus intereses.
Durante la sesión del jueves también se prevé la declaración del funcionario del Área de Obras Públicas que fue arrestado durante los registros practicados el pasado mes de noviembre, quien habría participado de la adjudicación de contratos en el marco de varios programas de reactivación económica ligados a los fondos de recuperación del covid-19.
Habrían sido, a juicio de los investigadores, precisamente esas adjudicaciones de contratos las que habrían reportado a Liria importantes sumas en comisiones que, más tarde, se habrían canalizado a otros cargos públicos de la misma corporación, entre ellos, al exvicepresidente segundo Fernando Giménez y al expresidente de la Diputación.
Por su parte, el expresidente del PP de Almería y de la Diputación de Almería Javier Aureliano García volverá a comparecer en sede judicial el viernes, junto con sus hermanos y otros empresarios ligados a la trama, dentro de la causa principal por la que ya prestó declaración tras su arresto en noviembre investigado por delitos de blanqueo de capitales, malversación, fraude, prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal.
Mensajes bajo sospecha
En su primera comparecencia ante el instructor, se limitó a contestar a las preguntas de su letrado, al que no pudo dar una respuesta concreta sobre los mensajes de WhatsApp con lenguaje odontológico sobre supuestas mordidas que intercambió con los vicepresidentes Giménez y Liria.
Cabe recordar que, entre otros mensajes, García remitió el emoji de una muela al grupo Naranjito, que tenía con los exdiputados investigados, apenas unos minutos después de firmar el decreto del 8 de abril de 2020 por el que contrataba material sanitario por más de dos millones de euros. Dicho contrato, según la UCO, tendría un sobrecoste del 42,27 por ciento.
El expresidente señaló la falta de contexto sobre este y otros mensajes en los que los implicados realizaban expresiones entendidas como necesidades monetarias como «me tengo que hacer una limpieza», «necesito empastarme dos o tres muelas», «tengo las muelas picadas» o «sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer»; por lo que, en ese momento, no podía dar mayor detalle o una explicación concreta a las llamativas conversaciones.
El entonces máximo representante de la institución provincial atribuyó la firma de miles de contratos a la cotidianeidad de su tarea, sentido en el que los mismos llegaban a su despacho tras haber superado los respectivos filtros y controles, sin que él participe de alguna u otra manera en las mesas de contratación por los que se otorgan.
No obstante, durante su intervención no hizo referencia al contrato de urgencia efectuado para la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección individual del que, conforme se desprende las investigaciones recogidas en el sumario, se hizo un seguimiento específico por su cuantía e importancia en pleno inicio de la pandemia de covid-19.
Uso del dinero en efectivo
El expresidente de la Diputación también trató de esclarecer el uso que hacía del dinero en efectivo que manejaba junto con dos de sus hermanos, también investigados en la causa, ante los indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales advertido por el instructor.
García señaló el origen del efectivo en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano por tradición de los inquilinos, aunque manifestó que dichos ingresos están declarados ante Hacienda. Según sus propios cálculos, de estos alquileres cobró entre 160.000 y 180.000 euros desde 2016 en adelante, con sus respectivas declaraciones de la renta.
Asimismo, especificó que era su hermana, por proximidad a los inmuebles, quien cobraba los alquileres y disponía los fondos en un «bote» común al que acudía cuando lo necesitaba, puesto que parte del dinero también era para reparaciones de las viviendas u otras necesidades. En la vivienda de su hermana se encontraron 7.620 euros dentro de una caja fuerte con un papel manuscrito con tinta roja en el que ponía Este dinero es de Javier Aureliano.
Frente a las sospechas sostenidas por la UCO de que García hubiera empleado dinero irregular de origen desconocido para el pago de una vivienda en Almerimar, que los hermanos heredaron de sus padres y que él quiso adquirir abonando a ellos su parte, el investigado aseguró que los pagos se realizaban con el dinero que percibía en efectivo de los inquilinos, motivo por el que no quedaba reflejado en sus cuentas.
Según García, la hipoteca de dicha vivienda quedó a nombre de su hermana tras fallecer sus padres porque el banco no permitió subrogarla, si bien era él quien hacía frente a las cuotas mensuales y no su hermana pese a que fuera ella quien figurara oficialmente. También atribuyó a sus propios ahorros de los alquileres el dinero utilizado -unos 20.000 euros- para la compra de una finca en Rodalquilar.
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