Sábado, 3 de mayo de 2025. En Huelva, muchas de las instalaciones deportivas municipales funcionan mediante fórmulas de cesión a asociaciones vecinales, sin personal asignado por el Ayuntamiento ni financiación suficiente para su mantenimiento ordinario. Es un modelo estructural: no hay regulación clara, no hay mecanismos de control, y tampoco un presupuesto que permita gestionar de forma directa estos espacios públicos. En las últimas semanas, diversos grupos municipales han denunciado públicamente el estado de abandono y deterioro de varias de estas pistas en barrios como Parque Zafra, La Orden Alta, Costa de la Luz o Marismas del Odiel. En algunos casos, incluso se ha alertado de la existencia de cobros irregulares por parte de particulares que se presentan como responsables, sin respaldo documental alguno. Nada de esto ha sido desmentido desde el equipo de gobierno de la popular Pilar Miranda.
En el barrio de El Matadero esa dejación sostenida ha acabado estallando. Durante años, las pistas deportivas han operado sin presencia municipal, sin ordenanzas específicas ni control institucional. Quien ha abierto y cerrado, encendido las luces, recogido llaves, cobrado turnos y organizado partidos ha sido un vecino, Miguel Ángel, sin respaldo legal ni remuneración oficial, pero con el conocimiento de todos los actores implicados, incluido el propio Ayuntamiento.
Esta semana, un grupo de vecinos ha vuelto a promover una recogida de firmas para exigir una intervención municipal que ponga fin a lo que consideran un secuestro de un espacio público por parte de personas sin legitimidad ni transparencia. Denuncian cobros irregulares, reservas arbitrarias y enfrentamientos entre grupos. Aseguran que estos incidentes han obligado a llamar varias veces a la Policía Local.
Nadie del equipo municipal ha comparecido públicamente para ofrecer una solución. María de la O Rubio, concejala de Deportes, Salud y Consumo, ya firmó en marzo una respuesta oficial en la que reconocía que no existía autorización municipal para ningún tipo de gestión externa en las pistas. Esa carta, remitida por el propio Ayuntamiento a los vecinos, dejó claro que la actividad que se venía produciendo no estaba permitida. Pero no fue acompañada de ninguna medida, aviso público o intervención concreta. Es decir: se reconoció la irregularidad, pero se dejó intacta.
Tras conversar con esta redacción, el presidente de la asociación vecinal Santa Ana, José Luis, reconoció que había reservas ya comprometidas para este mismo viernes y sábado, en las que se había previsto el pago por el uso de la pista. Al advertírsele que esta práctica, sin cobertura legal, ni emisión de recibos, ni contabilidad clara, podría tener consecuencias legales, decidió ordenar el cese inmediato de esos cobros, a la espera de una reunión que mantendrá este martes con representantes del Ayuntamiento. La decisión no vino desde la Plaza de la Constitución. La tomó él, a solas, para evitar responsabilidades que no deberían ser suyas.
Miguel Ángel, por su parte, mantiene que no continuará en este papel si no se regula formalmente. Rechaza haber impedido el acceso a menores o haber actuado con abuso, y sostiene que ha sido el Ayuntamiento quien ha permitido —por omisión— que esa figura de gestor informal se consolidara.
El problema es más grande. Porque si ni la asociación vecinal ni Miguel Ángel asumen ya esa gestión de hecho —aunque nunca fue de derecho—, las pistas quedan en tierra de nadie. No habrá turnos. No se sabrá quién accede ni cuándo. No se activarán las luces. No habrá orden. Y no habrá respuesta.
Ese escenario no es una posibilidad remota. Es el resultado directo del modelo de gestión que ha sostenido el Ayuntamiento de Huelva desde el desmantelamiento del antiguo Patronato de Deportes en 2013, no desde ahora: lo que se vive en El Matadero no es nuevo, ni atribuible solo al gobierno actual. La pista lleva más de una década funcionando sin reglas claras, bajo la mirada —y el silencio— de diferentes ejecutivos municipales, con siglas distintas pero la misma dejación: permitir que se encargue otro, y no dejar constancia oficial de nada.
El Ayuntamiento, según ha comunicado la propia concejala de Deportes en respuesta oficial remitida en marzo y según consta en la nota actualizada enviada por los vecinos esta misma semana, alega ahora que estudia un posible convenio de gestión, pero que no dispone de presupuesto para asumir directamente la organización de las pistas. Es decir, reconoce la situación, pero vuelve a eludir cualquier solución inmediata.
Todo ocurre con conocimiento directo del gobierno municipal. La concejala de Deportes respondió por escrito a las quejas. La asociación reconoció que sabía lo que pasaba. Miguel Ángel lleva años actuando sin ocultarse. Y sin embargo, ningún técnico, ningún cargo electo y ninguna área del Ayuntamiento ha querido asumir lo evidente: que las pistas municpales carecen de gestión, reglas y garantías.
Si el martes no hay solución, lo que habrá será un vacío. Y si la pista de El Matadero termina cerrada, deteriorada o convertida en nuevo foco de conflicto, la responsabilidad ya no podrá repartirse. No será del vecino con las llaves. Ni del voluntario que encendía las luces. Ni de quien alquiló un turno de buena fe. Será del Ayuntamiento de Huelva, que supo todo lo que ocurría y no hizo nada.
Perico Echevarría es editor y dircetor de lamardeonuba.es
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