Lunes, 19 de agosto de 2024. Tras la publicación en La Mar de Onuba de la negativa -por ser rumana- de Finanzás, la entidad financiera de Caja Rural del Sur, a facilitar el pago fraccionado en 18 meses de apenas 1.300 euros para la cama ortopédica que precisa de forma urgente su hijo de 17 años afectado de parálisis cerebral severa, vecinas y vecinas de Lepe se ha unido a través de las redes sociales para ayudar a Guna y su hijo.
En apenas 72 horas la cantidad necesaria para la compra de la cama ya ha sido recaudada en su totalidad y, este mismo lunes, Ortopedia Gordillo, que ha aplicado un descuento de 32 euros, ya ha recibido el pago.
En unos días, el joven Samuel podrá descansar adecuadamente. Bien está lo bien acaba.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Finanzás, financiera de Caja Rural del Sur, considera la rumana «nacionalidad excluida de la financiación»
Ortopedia Gordillo rechaza otras fórmulas de pago fraccionado y propone un alquiler por un precio similar a las mensualidades denegadas por Finanzás.
Gina, de nacionalidad rumana lleva más de 20 años residiendo y trabajando en Lepe y cotizando a la Seguridad Social.
Martes, 13 de agosto de 2024. Gina, vecina de Lepe (Huelva) y trabajadora de nacionalidad rumana residente en España desde hace más de 20 años, solo entiende como «racismo» que Finanzás, la financiera de Caja Rural del Sur, le haya denegado un préstamo de apenas 1.300 euros amortizable en 18 meses por ser rumana.
Es la propia entidad la que rechaza con ese argumento facilitar en 18 cuotas de 71,25 euros mensuales la compra de una necesaria nueva cama ortopédica para Samuel, su hijo con discapacidad sensorial y parálisis cerebral, que a los 17 años alcanza ya 1,90 m de altura y 130 kilos de peso. A su ritmo de crecimiento, y dadas sus circunstancias, la cama que utiliza en la actualidad ha pasado de ser útil a ser un problema con riesgo para el joven. «Nacionalidad excluida de la financiación«, rezaba el escueto mensaje de WhatsApp de Finanzás reenviado por Ortopedia Gordillo.
El pasado mes de Julio, Gina solicito a la ortopedia onubense un presupuesto para la adquisición de una nueva cama adaptada para Samuel. Un total de 1.282,50 €, que en este momento, con su pareja en situación de desempleo y ella con un trabajo de media jornada, no puede desembolsar en un solo pago, por lo que se interesó en fórmulas de abono fraccionado.
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba, Ortopedia Gordillo le informó de dicha posibilidad, advirtiendo que «la financiación se puede realizar hasta en 18 meses sin intereses», si bien tiene una comisión de apertura del 4%, y se requiere que «el paciente tenga menos de 78 años al finalizar la operación«.
En cuanto a la documentación a aportar, Gordillo requirió documento de identidad, justificante de titularidad de una cuenta bancaria y, en su caso, al ser persona trabajadora y asalariada, la última nómina cobrada antes de formalizar la operación (Ver documento).
Cumplidos los requisitos, la adquisición de la nueva cama ortopédica para Samuel supondría un pago inicial 122, 55 euros y 18 pagos mensuales a razón de 71.25 euros cada uno.
«Nacionalidad excluida de la financiación»
Sin embargo, lo que debería ser una simple operación financiera acorde a sus posibilidades, se vio truncada porque Finanzás, la entidad financiera de Caja Rural del Sur, no concede financiación a personas de nacionalidad rumana. Zas. Nacionalidad excluida de la financiación. Como alternativa a la compra de la cama, Ortopedia Gordillo ha ofrecido a Gina un «servicio de alquiler del producto» (aunque en este caso las medidas solicitadas quedaban fuera del rango disponible), cuyo coste mensual es similar a las mensualidades del fraccionamiento denegado.
Los hechos han sido puestos en conocimiento del Bufete Sires Abogados, que estudia los antecedentes del caso y la documentación relativa a los motivos de la negativa a conceder el préstamo personal, por si los mismos pudieran ser constitutivos de la vulneración de la Directiva Europea y del Real Decreto-ley 19/2017 que regula esta materia, cuyo fin es «garantizar el acceso a este derecho financiero a personas en situación de vulnerabilidad, para facilitar la inclusión y cohesión social».
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