Un argumentario distribuido por el PSOE de Huelva carga los presuntos delitos del «caso Aljaraque» sobre el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez y exculpa a Caraballo

Ignacio Caraballo, el pasado 24 de octubre, durante una visita institucional a Minas de Riotinto.

Dirigentes y militantes socialistas reciben, vía WhatsApp, una nota con «la información real» frente a la «sesgada y tergiversada que están dando los medios».

«Te mando esta nota para que tengas la información real y no la información sesgada y tergiversada que está dando los medios«, así comienza un documento (tipo PDF) denominado NOTAS SOBRE EL DENOMINADO “CASO ALJARAQUE”, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, y que en los últimos días se está distribuyendo, vía WhatsApp, entre dirigentes y militantes del PSOE, sin que se sepa con certeza el autor o autora, o de quién partió el mensaje.

El texto dedica 5 páginas a exculpar al secretario provincial de los socialistas onubenses y Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, de cualquier relación con la presunta compra de voluntades, en diciembre de 2016, de los dos ediles de Si Se Puede Aljaraque (SSPA) Pedro Escalante y Francisco José Martín, con la que se habría evitado una moción de censura contra la ex alcadesa Yolanda Rubio. Es más, el documento señala al sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez como único responsable de algún acto delictivo en este caso, por haber ofrecido, presuntamente, un empleo a la esposa de uno de los concejales podemitas a cambio de retirar la moción pactada con el PP. Según se argumenta en la nota distribuida por WhatsApp entre los socialistas, Rodríguez conocía con antelación que la esposa de Francisco Martín iba a ser contratada en Aguas de Huelva (como lo fue entre el 30 de enero y el 30 de marzo de 2017), y utilizó esa información como «moneda de cambio para retirar la moción«.

Respecto de las grabaciones que recogen menciones expresas a la presunta participación y apadrinamiento de Caraballo en el pacto entre SSPA y el PSOE local para que Rubio no perdiera la alcaldía en la moción de censura, el PDF asegura que fueron realizadas por Manolo Albarracín, asesor del grupo municipal de SSPA, y «antiguo secretario de organización en Lepe del PSOE, que al verse fuera de la estructura del partido, abandona esta formación y se marcha a SI SE PUEDE«. El texto asegura que uno de los dos concejales que presuntamente aceptaron el presunto soborno, ha declarado que a Albarracín «le habían prometido un puesto de trabajo si triunfaba la moción de censura» del PP.

También sostiene que Albarracín es el único que nombra a Caraballo en las grabaciones tomadas por él mismo, y más en concreto, que es él quien asegura en las mismas que “la mujer de Fco. Martín, podría ser contratada por Aguas de Huelva«. Albarracín, «sabiendo que se estaba grabando y que iba a utilizarlas después, no paraba de repetir que según miembros de CCOO, la operación tenía el visto bueno de Ignacio Caraballo. El Sr Albarracín insistió varias veces nombrando él mismo a Ignacio Caraballo, para que apareciera en la conversación, dado que nadie lo nombraba. Nadie nombraba a Ignacio y él mismo sacó el nombre sabiendo que se estaba grabando«.

El PDF, que salta de móvil a móvil entre los socialistas onubenses y de otras provincias, sostiene que «ni Ignacio Caraballo ni ningún miembro de PSOE-H estuvo en dicha reunión» [por la reunión el bar Bernardino de Aljaraque, donde presuntamente se habría fraguado el presunto soborno], y que «en ningún momento ha sido grabado ni él [por Caraballo] ni nadie del PSOE-H«. También destaca que «Ignacio Caraballo no estuvo presente en la reunión del 11/01/17 en el bar Bernardino donde se graban las conversaciones. No hay grabaciones a Ignacio Caraballo ni a ningún otro miembro del PSOE-H. Ignacio Caraballo no ha firmado absolutamente nada, ni aparece en ningún documento«.

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Respecto de las informes periciales que acreditan contactos telefónicos entre el secretario general del PSOE onubense y el sindicalista Rodríguez en los mismos días y horas que este habría fraguado el presunto soborno, el documento explica que «durante este periodo existía un enfrentamiento en el seno del Consorcio de Bomberos (Diputación) por la apertura de expedientes sancionadores a varios trabajadores, incluido un representante sindical, ofreciendo su  intermediación, J. L. Rodríguez (CCOO), como ya había hecho en anteriores conflictos sindicales con los bomberos. Este miembro de CCOO y el Presidente de la Diputación, intentaron rebajar la tensión existente y evitar movilizaciones, por eso había contactos telefónicos entre ellos en dicha época«.

Por último, el PDF destaca que todos los investigados y testigos han manifestado que Ignacio Caraballo nunca participó en ninguna negociación«, y que, aunque en principio el fiscal formuló cargo contra el líder socialista provincial de «tráfico de influencias y cohecho», tanto este como la jueza han retirado el cargo de “tráfico de influencia”, dejando solo el de “cohecho”.

«Estamos en el momento de la investigación y no existe acusación», finaliza el documento. «No se ha acordado ni apertura de juicio, ni auto de procesamiento, ni existe escrito de acusación porque es imposible hacerlo al seguir en fase de instrucción o investigación. En 15-30 días la jueza resolverá y posiblemente, pedirá que se continúe con la investigación y pase a la Audiencia Provincial. En 4-5 meses la Audiencia Provincial resolverá en un sentido u otro o lo devolverá nuevamente al juzgado para que continúe el proceso. Si la audiencia dijera que continúe el proceso, sería al final el fiscal quien tendrá que decidir si continúa con la acusación de ‘cohecho’”.

 

Caso Aljaraque, el presunto soborno que amenaza el liderazgo de Caraballo en el PSOE onubense

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1 Comentario

  1. Solo comentar que es triste que supuestamente el aparato de un Partido Político respetable, que tanto ha aportado al progreso de España, se dedique a calumniar y difamar a un ciudadano por el hecho de denunciar actos deshonestos perpetrados supuestamente por uno de sus dirigentes.
    Actos, hechos, consecuencias, los reponsables tendrán que dar explicaciones tarde o temprano.
    Salud y República.

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