La Onubense ha firmado con la promotora un contrato de «transferencia de conocimiento» para impulsar la eco-construcción y presenta Sagitta, el proyecto de Loiola en El Rompido, como «expresión de ese modelo sostenible».
Las obras continúan tras levantarse la paralización judicial provisional, con recursos pendientes sobre la disponibilidad de agua, la depuración, la evaluación ambiental y la afección a hábitats protegidos.
Viernes, 24 de julio de 2026. La Universidad de Huelva ha elegido a la promotora urbanística Loiola para impulsar la eco-construcción en la provincia. La empresa elegida es la promotora de Nuevo Rompido Este, uno de los mayores proyectos inmobiliarios previstos en el litoral onubense, cuyas obras continúan mientras los tribunales examinan los recursos presentados contra su tramitación urbanística y ambiental.
La decisión ha provocado la reacción de Ecologistas en Acción de Huelva. Su coordinador provincial, Luis Domínguez Bonet, ha dirigido una carta abierta al exrector de la UHU Francisco Martínez—al que identifica como promotor del acuerdo— en la que acusa a la Universidad de contribuir al «blanqueo ambiental» de Loiola y de prestar legitimidad pública a una actuación sometida todavía a una intensa controversia jurídica, ambiental y social.
La carta no discute que una universidad pública colabore con empresas. Discute con quién, para qué y en qué momento lo hace. Loiola está ejecutando sobre más de 130 hectáreas un proyecto cuestionado por la disponibilidad de agua, la capacidad de depuración, la vigencia de su evaluación ambiental, el cumplimiento de la ordenación territorial y la destrucción de masas forestales y hábitats de interés comunitario. Las impugnaciones están respaldadas por informes periciales y permanecen pendientes de resolución.
En ese contexto, la Universidad no ha limitado el acuerdo a un programa académico genérico sobre construcción sostenible. La propia UHU ha incorporado Sagitta —la promoción comercial que Loiola levanta en Nuevo Rompido Este— como expresión concreta del modelo que pretende impulsar.
El «contrato de transferencia de conocimiento» contempla la creación de un Hub de Eco-Construcción y Vida Saludable, un Aula de Construcción Sostenible y unas jornadas sobre doble materialidad. El hub elaborará indicadores ambientales, sociales y de gobernanza para medir y controlar proyectos urbanísticos; el Aula formará a profesionales y estudiantes en economía circular, eficiencia hídrica, integración paisajística y recuperación de materiales; las jornadas abordarán la trazabilidad, la medición de impactos y otros criterios asociados a la sostenibilidad empresarial.
Hasta ahí, el acuerdo podría leerse como una iniciativa universitaria de formación e investigación aplicada. Pero la UHU da un paso más. Presenta a Loiola como una promotora vinculada a la innovación, la calidad y la sostenibilidad y sitúa a Sagitta como una «consecuencia natural» de esa evolución empresarial. Atribuye al proyecto integración paisajística, movilidad sostenible, regeneración de espacios verdes y creación de entornos orientados al bienestar. Todo ello, añade, bajo el «liderazgo académico y técnico» de la Universidad, a la que reserva tareas de conocimiento, transferencia y «validación metodológica».
Es precisamente esa validación la que ha encendido todas las alarmas en Ecologistas en Acción. La organización recuerda que Sagitta no es una hipótesis de laboratorio ni un futuro proyecto sujeto a criterios que la Universidad ayudará a diseñar. Es la marca comercial de una urbanización que ya está transformando el terreno, que llegó a ser paralizada judicialmente por riesgo de daños ambientales irreversibles y que continúa bajo examen de los tribunales. Sub iudice. Una situación que debe ser debidamente informada a inversores, posibles clientes de la oferta residencial y entidades que apoyen el proyecto.
Loiola, filial de la constructora vasca Altuna y Uría, promueve el desarrollo urbanístico del sector SUS C-2 Nuevo Rompido Este, en Cartaya. La actuación global incorpora viviendas, hoteles, centros comerciales, un campo de golf y otras instalaciones turísticas y residenciales. La primera fase contempla 146 viviendas ya comercializadas, mientras el resto de los usos queda aplazado para etapas posteriores.
El sector limita con el monte público Campo Común de Abajo y se encuentra próximo al Estuario del Río Piedras y a las Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, espacios integrados en la Red Natura 2000. Ecologistas en Acción ha localizado en los terrenos al menos doce especies vegetales protegidas, además de varios hábitats de interés comunitario amparados por la normativa europea.
La promotora convierte esa proximidad a un espacio excepcional en argumento de venta. Sagitta ha ofrecido a sus futuros residentes el lujo de vivir junto a «una de las playas más salvajes de España». El paisaje amenazado por la presión urbanística es, al mismo tiempo, el principal activo comercial de la operación.
Una autorización construida sobre viejos expedientes
Nuevo Rompido Este acumula casi dos décadas de decisiones administrativas. Su evaluación ambiental se remonta a 2007. El Ayuntamiento de Cartaya aprobó el proyecto en 2012 y la Junta de Andalucía lo reactivó en 2024 mediante una Autorización Ambiental Unificada, pese a las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción y otros colectivos.
La antigüedad de esa evaluación es uno de los pilares de la impugnación. Ecologistas sostiene que el paso del tiempo, la evolución de la normativa y las condiciones actuales del territorio exigían una revisión ambiental completa antes de permitir la ejecución. El proyecto que ha comenzado a materializarse en 2026 sigue descansando, en su origen, sobre una evaluación realizada diecinueve años antes.
La Junta de Gobierno Local de Cartaya aprobó el proyecto de urbanización el 8 de mayo de 2025. Esa decisión municipal permitió a Loiola avanzar hacia la ejecución material de la primera fase y es uno de los actos recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La oposición ecologista no se limita al impacto visual o al rechazo de un modelo turístico basado en segundas residencias y grandes equipamientos. Los recursos incorporan informes técnicos sobre la falta de acreditación suficiente de los recursos hídricos necesarios para abastecer el nuevo desarrollo. La documentación administrativa, denuncia la organización, no garantiza que exista el volumen de agua requerido para las viviendas y el resto de las instalaciones proyectadas.
La depuración añade otra pieza decisiva. La Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Rompido lleva años sin capacidad para tratar adecuadamente las aguas que recibe durante los periodos estivales de máxima ocupación. Los informes anuales de la Junta han confirmado esas deficiencias. En 2025 se produjo un nuevo vertido de aguas fecales en la playa, cubierto después con arena.
La ampliación de la depuradora es necesaria para El Rompido y Nuevo Portil, pero también resulta imprescindible para añadir al sistema cientos de viviendas, hoteles y un campo de golf. La Junta decidió tramitar esa ampliación como una modificación simplificada y no sustancial de la autorización ambiental. Ecologistas recurrió la resolución porque el aumento de las aguas residuales tratadas y su vertido final en el Estuario del Río Piedras exigían una evaluación profunda, especialmente en un entorno protegido.
El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva establece que las instalaciones turísticas y deportivas de gran consumo hídrico deben abastecerse con agua regenerada. También vincula, en sectores que combinan campos de golf y otros usos, la ejecución simultánea de las instalaciones deportivas y las edificaciones. Loiola ha comenzado por la urbanización residencial, mientras el campo de golf, los hoteles y los centros comerciales permanecen reservados para fases posteriores. Ecologistas considera que esa fragmentación incumple las condiciones territoriales del proyecto.
Agua, depuración, integración paisajística y medición de impactos son ahora algunos de los conceptos centrales del acuerdo entre la UHU y Loiola. Son también los terrenos concretos sobre los que descansan las impugnaciones contra Sagitta.
La Universidad presenta la eficiencia hídrica como materia de formación mientras los recursos cuestionan que la promoción tenga garantizada el agua. Habla de integración paisajística mientras las máquinas desmontan una masa forestal junto a espacios protegidos. Incorpora la regeneración de zonas verdes al relato de Sagitta cuando las actuaciones han comenzado por talar, desbrozar y remover el suelo existente.
La contradicción no ha sido construida por Ecologistas mediante una interpretación retórica del convenio. Está escrita en el documento de la Universidad y sobre el terreno que Loiola está transformando.
Una paralización judicial que llegó cuando las máquinas ya habían entrado
Las obras comenzaron el 24 de febrero de 2026. En pocas semanas, el informe pericial aportado por Ecologistas al procedimiento judicial cifró en alrededor de 50.000 metros cuadrados la superficie afectada. Más de un centenar de pinos adultos habían sido talados; el matorral mediterráneo había desaparecido en amplias zonas y la maquinaria pesada había comenzado a alterar físicamente el suelo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ordenó el 17 de marzo la paralización inmediata de las actuaciones. La medida prohibió expresamente las talas, los desbroces, el arranque de vegetación, los movimientos de tierra y cualquier otra alteración del terreno.
La jueza actuó con carácter provisionalísimo, antes de escuchar a las partes demandadas, porque la continuidad de los trabajos podía vaciar de contenido el propio recurso. Una sentencia favorable a los defensores del medio ambiente carecería de utilidad si, al llegar, la zona ya hubiera desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico. El auto identificó el daño ambiental como el perjuicio irreparable que debía evitarse.
La suspensión fue levantada posteriormente y Loiola retomó los trabajos. Los desbroces y la retirada de vegetación dieron paso a movimientos de tierra en distintas áreas de la finca. Ecologistas recurrió el levantamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y pidió que las obras volvieran a detenerse.
A fecha de la carta abierta, siguen pendientes la respuesta del TSJA, las medidas cautelares ordinarias y los recursos contra la modificación del plan parcial, el proyecto de urbanización y su evaluación ambiental.
Las obras pueden continuar porque la suspensión provisional fue levantada, no porque los tribunales hayan avalado definitivamente la legalidad ambiental y urbanística de Nuevo Rompido Este. Una resolución favorable a las medidas solicitadas por Ecologistas en Acción podría obligar a detenerlas de nuevo. Cada semana de trabajo consolida, sin embargo, una transformación más difícil de revertir. Era precisamente ese riesgo el que motivó la primera intervención del Juzgado.
En este momento procesal, con las máquinas todavía en el terreno y los recursos sin resolver, la Universidad de Huelva ha decidido asociar su autoridad académica a Loiola y presentar Sagitta como ejemplo de «construcción sostenible».
La carta de Luis Domínguez sitúa esa decisión en el centro del debate público. «La Universidad pública goza de un prestigio social construido durante décadas sobre su independencia, su rigor científico y su compromiso con el interés general», recuerda el coordinador de Ecologistas en Acción. Esa misma autoridad, sostiene, obliga a extremar la prudencia antes de vincular la imagen universitaria a empresas cuyos proyectos afrontan una controversia jurídica y ambiental de esta magnitud.
Loiola no obtiene únicamente cursos, indicadores o conocimiento técnico. Obtiene la posibilidad de colocar el nombre de la Universidad de Huelva junto al suyo y de presentar Sagitta bajo el amparo de conceptos como validación metodológica, liderazgo académico, vida saludable y respeto al entorno.
La nota de la Onubense elimina por completo la historia que acompaña al proyecto. No menciona los recursos judiciales, la paralización acordada por el Juzgado, la tala de pinos, los desbroces, los problemas de la depuradora, las dudas sobre el agua ni los hábitats afectados. La promoción aparece despojada de todo conflicto y convertida en escaparate de integración paisajística y regeneración ambiental. Ese relato ya no pertenece únicamente a la promotora. Lo asume y lo difunde la universidad pública de Huelva.
Ecologistas llama «blanqueo ambiental» a esa operación de legitimidad. No porque la colaboración con una empresa sea por sí misma censurable, sino porque la UHU presenta como modelo sostenible un proyecto que continúa modificando uno de los últimos grandes espacios libres del litoral onubense mientras los tribunales deciden si las condiciones que permitieron iniciarlo se ajustan a la legalidad.
La Universidad de Huelva ha entrado en la historia de Nuevo Rompido Este cuando esa historia todavía está abierta. Ha elegido hacerlo del brazo de la promotora y desde el lenguaje de la sostenibilidad. La carta de Luis Domínguez obliga ahora a mirar qué hay bajo ese lenguaje: una urbanización en marcha, un territorio ya alterado y una batalla judicial cuyo resultado aún puede volver a detener las máquinas.
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