Huelva podría recibir cerca de 70 millones extra para frenar el colapso en Dependencia

El coordinador provincial de la formación, Marcos Toti, ha reclamado además que el Gobierno andaluz haga públicos los criterios de reparto y los objetivos concretos de esta nueva financiación, así como garantías de que los recursos se traducirán en una mejora efectiva de la atención a las personas dependientes y sus familias.

Toti ha recordado que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), anunció la movilización de 6.200 millones de euros adicionales para el sistema de dependencia durante el próximo año y medio. Según los cálculos de IU, esa partida suspondría alrededor de 1.100 millones de euros para Andalucía y cerca de 70 millones para la provincia de Huelva.

Andalucía continúa situándose, según ha denunciado IU, entre las comunidades autónomas con mayores tiempos de espera para acceder a las prestaciones de dependencia. La ley fija un plazo máximo de 180 días para resolver los expedientes, pero los tiempos medios de tramitación superan actualmente los 400 días. Toti ha respaldado esta denuncia con un gráfico elaborado a partir de datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, actualizados a 31 de mayo de 2026.

Durante 2025 fallecieron alrededor de 7.000 personas en Andalucía mientras esperaban una valoración o una prestación que ya tenían reconocida por ley, ha señalado Toti. En el caso de Huelva, según datos oficiales, 308 personas murieron el año pasado en la provincia sin haber llegado a recibir la prestación o ayuda solicitada.

«Prácticamente cada día muere una persona en Huelva esperando un derecho que ya había solicitado. Es un dato insoportable. Juanma Moreno y la hasta ahora consejera de Igualdad, Loles López, deberían sentir vergüenza de que más de 300 onubenses fallecieran antes de que la Junta resolviera sus expedientes», ha denunciado.

«Detrás de cada expediente hay una persona mayor, una persona con discapacidad o una familia que necesita ayuda para afrontar una situación extremadamente difícil. Detrás de cada expediente hay un drama humano que la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, no está resolviendo», ha afirmado Toti.

IU considera que la llegada de los nuevos recursos debe servir para reforzar las plantillas encargadas de las valoraciones, agilizar los expedientes acumulados, reducir las listas de espera y ampliar las prestaciones y servicios disponibles en la provincia. Por ello, Toti ha reclamado a la Junta que presente un plan específico de actuación que permita evaluar el impacto de la nueva financiación y garantizar que los recursos llegan a quienes más los necesitan.

«No basta con recibir más dinero. Hay que convertir cada euro en más personal, más atención, menos burocracia y menos sufrimiento para las familias. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se va a invertir este incremento de financiación y qué resultados concretos se pretenden alcanzar», ha concluido el coordinador provincial de IU.