
Los diputados Toni Valero y Engracia Rivera preguntan en el Congreso por el grado de ejecución de las medidas previstas en el Plan de Actuaciones para Doñana.
Martes, 1 de julio de 2025. El grupo plurinacional de Sumar ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados en la que solicita al Gobierno central la puesta en marcha de un plan urgente que garantice alternativas habitacionales dignas y adecuadas para las personas temporeras que trabajan en la provincia de Huelva, especialmente durante las campañas agrícolas de recolección.
La iniciativa, promovida por los diputados Toni Valero y Engracia Rivera a propuesta de Izquierda Unida, pone el foco en el cumplimiento de la línea 13.4 del Marco de Actuaciones Socioeconómicas para Doñana, que contempla medidas para garantizar el acceso a un alojamiento digno a quienes desempeñan su labor en el campo. Esta línea prevé la construcción y rehabilitación de viviendas para uso durante las campañas, la intermediación especializada en alquileres, la creación de una red de albergues, y, a corto plazo, la instalación de módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica.
La financiación conjunta prevista por el Gobierno central y la Junta de Andalucía para estas actuaciones asciende a 246.753 euros. Desde Sumar se ha solicitado información detallada sobre el nivel de ejecución presupuestaria y la puesta en marcha de las medidas anunciadas.
La iniciativa recoge también la denuncia de la vulneración de derechos humanos que sufren centenares de personas migrantes obligadas a residir en asentamientos chabolistas sin acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad ni seguridad.
El texto registrado en el Congreso subraya la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas administraciones —Gobierno central, Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos— para dotar de recursos suficientes a los municipios afectados y activar medidas estructurales frente a esta situación crónica de exclusión residencial. Se reclama también la firma de convenios con organizaciones sociales especializadas y la inclusión de estos recursos en los planes estatales de migración y acogida.
Sumar confía en que el Congreso impulse políticas públicas efectivas que pongan fin al chabolismo y garanticen el derecho a una vivienda digna para las personas trabajadoras del campo.
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