La Subdelegada Rico resalta que la Junta de Seguridad se convocó para diseñar el operativo ante eventos inminentes como la Magna Mariana y que el trabajo conjunto entre administraciones seguirá siendo el mismo.
Audio: María José Rico, Subdelegada del Gobierno
🔵 Hemos trasladado a la Subdelegación del Gobierno las nuevas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Huelva al tiempo…
Publicada por Pilar Miranda – Alcaldesa Huelva en Miércoles, 5 de marzo de 2025
Jueves, 6 de marzo de 2025. El equipo de gobierno de Pilar Miranda ha convertido un episodio de vandalismo -unos grafitis en edificios emblemáticos de la ciudad- en una excusa para proyectar una imagen de «contundencia» y exigir una mayor presencia policial en las calles. Bajo el argumento de actuar con firmeza, el Ayuntamiento ha anunciado la instalación de nuevas cámaras de seguridad y el endurecimiento de sanciones. Sin embargo, la forma en la que se ha comunicado esta medida ha generado un nuevo choque institucional.
Miranda deslizó la celebración de una reunión de seguridad con la Subdelegación del Gobierno, insinuando que el vandalismo era una preocupación central y que el encuentro servía para abordar el problema. Cuando finalmente se celebró la reunión, el Ayuntamiento la presentó como un respaldo a su postura de «mano dura». Pero la Subdelegación del Gobierno se ha visto obligada a corregir la versión municipal: la reunión ya estaba programada previamente y su propósito principal era coordinar la seguridad de la Semana Santa y la Magna Mariana, sin relación alguna con los grafitis (aunque el reciente asunto fuera tratado en el encuentro entre las dos administraciones).
La subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha dejado claro que la seguridad en Huelva no estaba en entredicho y que, si el Ayuntamiento quiere actuar, debe hacerlo desde sus competencias en lugar de limitarse a reclamar refuerzos estatales. Su intervención frena así el intento de Miranda de presentar la situación como una crisis de inseguridad y refuerza la idea de que la seguridad es una responsabilidad compartida, no una herramienta política.
El episodio evidencia una estrategia conocida: cuando hay problemas, la culpa es del Gobierno central; cuando hay medidas, el mérito es del Ayuntamiento. En este caso, el intento de Miranda de utilizar una reunión institucional para construir un discurso de «mano dura» ha chocado con la corrección de la Subdelegación, que ha tenido que intervenir para evitar que una crónica de sucesos se convirtiera en argumento político.
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