El órgano aprecia uso de recursos institucionales con fines propagandísticos del Partido Popular tras la convocatoria electoral.
La resolución advierte de posibles sanciones si se repiten los hechos y señala a los dos máximos responsables provinciales del PP.
Viernes, 10 de abril de 2026. La Junta Electoral de Zona ha apercibido al presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y a la secretaria general de la formación, Berta Centeno, por vulnerar la normativa electoral tras estimar una denuncia presentada por el PSOE . La resolución considera que los hechos denunciados contravienen el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prohíbe la utilización de recursos institucionales con fines de propaganda una vez convocadas elecciones .
El acuerdo del órgano electoral exige la retirada, en un plazo máximo de cinco días, de una publicación difundida en redes sociales en la que participaban cargos públicos del PP junto a la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro, y en la que se atribuían logros sanitarios tras la convocatoria electoral . La Junta Electoral advierte además de la posibilidad de imponer sanciones en caso de reincidencia .
Según la resolución, el contenido denunciado incluía elementos de carácter propagandístico vinculados a la gestión institucional, lo que encaja en las limitaciones establecidas por la legislación electoral para garantizar la neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral .
El apercibimiento se dirige a los máximos responsables provinciales del PP en Huelva, que además ocupan posiciones destacadas en la candidatura al Parlamento andaluz, en relación con la difusión de ese contenido . La resolución se produce tras la denuncia formal presentada por el PSOE, que ha sido estimada por el órgano electoral.
El acuerdo de la Junta Electoral se centra en la vulneración concreta del artículo 50.2 de la LOREG y en la necesidad de retirar el contenido considerado irregular, fijando un plazo y estableciendo un aviso expreso sobre las consecuencias de una eventual repetición de conductas similares.
A las puertas de la campaña electoral, PSOE y Partido Popular han cruzado denuncias ante la Junta Electoral en Huelva, trasladando al terreno de la legalidad electoral acusaciones sobre el uso de las reglas del juego antes de que arranque formalmente la contienda.
El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha anunciado la presentación de tres denuncias contra responsables de la Junta de Andalucía y cargos públicos del Partido Popular. La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha informado de otras tres dirigidas contra el PSOE. Seis iniciativas que coinciden en el órgano al que se dirigen y en el marco legal que invocan, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pero que sitúan el foco en ámbitos distintos: el uso de instituciones públicas y la difusión de propaganda fuera de los plazos establecidos.
En ese cruce, Francisco Baluffo ha situado en la Junta Electoral tres denuncias dirigidas contra responsables institucionales y cargos públicos del Partido Popular en distintos puntos de la provincia. No se trata de una única actuación, sino de tres iniciativas diferenciadas que señalan, una a una, a la propia Junta de Andalucía, a responsables de sus delegaciones territoriales y a cargos municipales.
En una de ellas incluye a la Junta de Andalucía, al delegado territorial José Manuel Correa y al Ayuntamiento de Ayamonte. En otra, al consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, a la delegada provincial Lucía Núñez y a la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero. La tercera se dirige contra el concejal Sebastián Santana, la delegada de Salud Manuela Caro y los parlamentarios andaluces Manuel Andrés González y Berta Centeno
Baluffo ha vinculado estas denuncias al uso de las instituciones en periodo electoral, hablando de “prácticas prohibidas”, de la utilización de “recursos públicos y canales institucionales para hacer propaganda política” y de la existencia de “propaganda encubierta desde las instituciones públicas”. Ha descrito lo que denuncia como un “comportamiento sistemático” y una “estrategia coordinada para hacer campaña desde las instituciones”, enmarcándolo en lo que ha denominado “una estrategia deliberada de campaña sucia del Partido Popular”
Las denuncias incorporan además una petición concreta a la Junta Electoral: la retirada inmediata de los contenidos señalados, el cese de estas actuaciones y la apertura de expedientes sancionadores si procede. Baluffo ha añadido un antecedente, recordando que en una campaña anterior la Junta Electoral de Zona exigió la retirada de contenidos de características similares
En ese mismo marco, Berta Centeno ha llevado a la Junta Electoral tres denuncias dirigidas contra el PSOE, centradas en la difusión de propaganda electoral fuera de los límites temporales establecidos en la ley.
Una de ellas sitúa el reparto de material político en los buzones de vecinos de Lepe, Villablanca y Ayamonte, con mensajes dirigidos a influir en favor del PSOE y de su candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Otra recorre municipios de la sierra —Cumbres Mayores, Valdelarco, Castaño del Robledo, Cumbres de San Bartolomé e Higuera de la Sierra— en los que se habría distribuido propaganda con contenido político fuera del periodo de campaña. La tercera se detiene en Bonares, donde identifica material dirigido específicamente a jóvenes, con referencias a vivienda, universidad y becas, y orientado a influir en ese electorado
Centeno ha encuadrado estas actuaciones en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que regula la propaganda electoral, y ha calificado los hechos como un “incumplimiento” de la ley. Ha hablado de “artimañas del partido socialista para alterar las reglas del juego” y de actuaciones realizadas “saltándose la Ley Electoral”, señalando que se trata de propaganda difundida fuera del periodo legalmente establecido. Ha vinculado además estas iniciativas con el “nerviosismo” del PSOE ante las elecciones andaluzas y ha advertido de que su formación estará “muy atenta” a este tipo de prácticas durante la precampaña.
Ambas denuncias coinciden así en situar en la Junta Electoral una parte de la disputa política antes del inicio formal de la campaña.
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