Mónica Rossi lleva la exigencia al Ayuntamiento de Huelva y reclama reactivar el Órgano de Participación sobre los Fosfoyesos.
Por Andalucía trasladará la iniciativa al Parlamento andaluz, mientras IU llevará también el asunto al Congreso.
Mesa de la Ría lleva a la Audiencia Nacional los fallos del proyecto de Fertiberia
Martes, 15 de septiembre de 2026. Izquierda Unida ha reclamado la paralización preventiva de las obras que Fertiberia ejecuta para clausurar las balsas de fosfoyesos de Huelva después de que los controles realizados durante los trabajos hayan detectado filtraciones, procesos de erosión, problemas de estabilidad y valores de permeabilidad superiores a los previstos. La formación ha anunciado que llevará esta exigencia al Ayuntamiento de Huelva y la trasladará también al Parlamento andaluz y al Congreso, acompañada de la petición de revisar el proyecto y estudiar otras soluciones.
Las iniciativas responden al Sexto Informe de Seguimiento y Control de las Medidas Efectuadas en el Proyecto de Clausura de las Balsas de Fosfoyesos, cuyo contenido dio a conocer Radio Huelva-Cadena SER el pasado 11 de septiembre. Los trabajos realizados por Emgrisa, empresa pública encargada del seguimiento técnico de las obras, encontraron grietas, cárcavas y deslizamientos, salidas de agua y humedades en distintos puntos del cierre perimetral del apilamiento 2, además de valores de permeabilidad superiores a los contemplados inicialmente.
La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, trasladó el 22 de julio sus conclusiones a Fertiberia y reclamó a la empresa información sobre las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas para corregir las deficiencias. Ese mismo día comunicó las incidencias a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El posterior informe de Costas, fechado el 30 de julio, fue remitido a la Audiencia Nacional.
La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, reclamó el pasado 11 de septiembre la «paralización cautelar» de los trabajos afectados hasta determinar el origen y alcance de las deficiencias, evaluar las medidas correctoras y descartar riesgos para las aguas, el estuario, la estabilidad de los apilamientos y la salud de la población. Rossi también ha pedido hacer público el informe completo y convocar de manera urgente el Órgano de Participación sobre los Fosfoyesos para que las administraciones expliquen su contenido y las actuaciones realizadas desde que se conocieron las incidencias. «La ciudadanía tiene derecho a conocer qué está ocurriendo, qué medidas se han exigido a la empresa y si esas medidas son suficientes», ha manifestado la edil.
Por su parte, el diputado autonómico Rafael Sánchez Rufo, responsable del área institucional de IU Andalucía, ha anunciado este lunes que llevará la cuestión al Parlamento andaluz. Sánchez Rufo ha reclamado la «paralización preventiva» de Restore 20/30, una auditoría técnica independiente y la revisión de la Autorización Ambiental Integrada, además de una comisión que valore la viabilidad del proyecto y estudie otras alternativas. IU trasladará igualmente el asunto al Congreso para reclamar la intervención del Gobierno central en las competencias que le corresponden.
«Si es necesario guardar este proyecto en un cajón, habrá que hacerlo y comenzar a estudiar una alternativa que proporcione un mejor resultado ambiental para Huelva», sostiene Sánchez Rufo, quien advierte que «si estos problemas ya se están produciendo durante la ejecución del proyecto, debemos preguntarnos qué puede suceder dentro de veinte años».
Con Andalucía ya reclamó en febrero de 2025 la suspensión cautelar de los trabajos en las zonas 2 y 3 y una revisión del proyecto. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses concluyó que la solución propuesta era insuficiente para evitar la liberación continuada de contaminantes y garantizar una verdadera restauración ambiental. El comité de expertos constituido con participación de investigadores de la Universidad de Huelva había cuestionado también en 2022 que el confinamiento pudiera considerarse una solución definitiva para recuperar las marismas.
Fertiberia mantiene que las incidencias se han localizado en un tramo de la barrera todavía en construcción y que forman parte de los controles propios de la ejecución de las obras. La empresa ha anunciado que analizará las deficiencias y aplicará las medidas necesarias para alcanzar las condiciones previstas en el proyecto.
El partido Mesa de la Ría volverá a dirigirse a la Audiencia Nacional para pedir que el tribunal se pronuncie sobre las deficiencias detectadas en las obras de Restore 20/30 y sobre la necesidad de revisar íntegramente el proyecto de Fertiberia.
El movimiento sitúa el nuevo informe dentro del procedimiento judicial abierto sobre la ejecución de la sentencia de 2007. Hace más de un año, la Fiscalía de la Audiencia Nacional promovió un incidente de ejecución en el que reclamó la tramitación de una nueva evaluación ambiental, procedimiento al que se adhirió Mesa de la Ría. Ahora, el colectivo pretende incorporar las nuevas deficiencias documentadas como argumento para exigir que se reabra la discusión sobre la propia validez del proyecto.
«El informe recibido desde el Ministerio para la Transición Ecológica evidencia lo que llevamos denunciando desde hace más de una década: el proyecto de Fertiberia no es viable, no es eficiente y debe ser modificado y redactado de nuevo», sostiene su portavoz, Rafael Gavilán.
Mesa de la Ría reclama la paralización cautelar de las actuaciones cuya seguridad y eficacia no estén acreditadas, una nueva evaluación ambiental independiente y la redacción de un proyecto alternativo orientado a la retirada y tratamiento de los residuos y a la recuperación de los terrenos ocupados por los fosfoyesos.
La organización cuestiona además que Restore 20/30 pueda dar cumplimiento efectivo a la sentencia de la Audiencia Nacional. «No se está restaurando la marisma: se están cubriendo los residuos y dejando el problema ambiental para las generaciones futuras», afirma Gavilán.
El colectivo reclama también responsabilidades políticas a quienes han autorizado y respaldado el proyecto pese a las advertencias formuladas por científicos, instituciones, organizaciones ambientales y colectivos ciudadanos.
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