El fuego declarado este lunes en Villanueva de los Castillejos sigue activo, supera las 2.000 hectáreas afectadas y ha obligado a desalojos preventivos en San Bartolomé de la Torre y Gibraleón..
PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han situado el foco político en la falta de prevención, la protección de la salud pública, la necesidad de reforzar el Infoca y la respuesta institucional de la Junta y el Ayuntamiento de Huelva.
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Martes, 9 de jnunio de 2026.Huelva encadena en apenas unos días varios incendios forestales con afección sobre espacios naturales, zonas rurales y núcleos de población, mientras el incendio declarado este lunes en el paraje Los Turbios, en Villanueva de los Castillejos, continúa activo y avanza hacia el entorno de Gibraleón, tras haber afectado ya a más de 2.000 hectáreas, según las últimas informaciones disponibles.
El fuego, declarado a las 13.15 horas del lunes, obligó a activar la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y ha provocado desalojos preventivos en urbanizaciones y fincas de San Bartolomé de la Torre, además de nuevos desalojos en la zona rural de El Gimón, en Gibraleón. En el dispositivo trabajan efectivos del Plan Infoca, medios aéreos y terrestres, autobombas, maquinaria pesada, personal sanitario, el Puesto de Mando Avanzado y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, centrados también en la protección de viviendas.
La situación llega después de otros incendios recientes en la provincia, entre ellos el registrado en Doñana, declarado extinguido el domingo anterior tras afectar al paraje Rincón del Membrillo, y el de las Marismas del Odiel, que generó durante varios días una importante presencia de humo en Huelva capital y su área metropolitana.
En ese contexto, el PSOE de Huelva ya había denunciado el 3 de junio, a través de Francisco Baluffo, el “silencio inaceptable” de Moreno Bonilla y de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ante los incendios que estaban afectando a espacios naturales de la provincia. Baluffo vinculó el incendio de las Marismas del Odiel con consecuencias ambientales y de salud pública, y exigió información transparente sobre la evolución del fuego, sus posibles efectos sobre la población y las medidas adoptadas.
Por Andalucía, por su parte, anunció este lunes que llevará al Parlamento andaluz la exigencia de aprobar con urgencia el Plan de Acción a Corto Plazo para episodios de contaminación atmosférica en Huelva. Rafael Sánchez Rufo sostuvo que el incendio de las Marismas del Odiel había evidenciado carencias en los mecanismos de información y protección de la ciudadanía, y reclamó además la convocatoria del Consejo de Participación de Doñana para evaluar el impacto ecológico del incendio que afectó a más de 500 hectáreas en el espacio natural.
La denuncia más reciente procede de Adelante Andalucía, que este martes ha centrado sus críticas en el incendio declarado el lunes en Villanueva de los Castillejos. La diputada onubense Mari García ha advertido de la gravedad de un fuego que se suma a los registrados durante las últimas semanas, ha señalado los desalojos preventivos y ha reclamado más medios, más prevención, material adecuado para los trabajadores del Infoca y la estabilización del dispositivo durante todo el año.
Las críticas formuladas por las tres formaciones se han centrado en distintos aspectos de la gestión de los incendios. El PSOE reclama explicaciones sobre los efectos del humo y la respuesta institucional; Por Andalucía pone el acento en la calidad del aire, la evaluación de los daños en Doñana y las condiciones del dispositivo Infoca; y Adelante Andalucía reclama más prevención, medios materiales y estabilidad para los operativos de extinción.
Mientras los efectivos continúan trabajando sobre el terreno, la provincia vuelve a comprobar que los incendios no empiezan cuando aparece la primera columna de humo. Empiezan mucho antes: en la prevención que se hizo o no se hizo, en los medios disponibles cuando llega el fuego, en la información que recibe la población y en la capacidad real de las administraciones para proteger territorio, salud pública y vidas humanas.
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